El Gobierno anunció el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y Martín Soria va hoy por primera vez a la Corte Suprema

El ministro de Justicia se reunirá hoy con los cuatro magistrados. El encuentro y el anuncio de la Casa Rosada ocurre mientras el máximo tribunal trabajaba en un fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la conformación del órgano que nombra y remueve jueces que impulsó Cristina Kirchner en 2006

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Soria se reunirá con los jueces de la Corte Suprema. En la foto, junto a Zannini y Graciana Peñafort, en el seminario sobre lawfare y persecución judicial que organizaron en la ex Esma
Soria se reunirá con los jueces de la Corte Suprema. En la foto, junto a Zannini y Graciana Peñafort, en el seminario sobre lawfare y persecución judicial que organizaron en la ex Esma

Los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia mantendrán esta mañana una reunión con el ministro de Justicia, Martín Soria, la primera desde que asumió hace ocho meses el cargo. El encuentro ocurrirá a horas de que el Gobierno anunciara el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

La reunión fue convocada para las 10 en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en el Salón de los Embajadores, y está prevista la presencia del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Si bien el encuentro tiene carácter protocolar, estaba previsto que se aborde la relación institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, la discusión sobre el presupuesto y no se descartaba alguna referencia al anuncio que hizo ayer la Casa Rosada.

Desde la izquierda. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti
Desde la izquierda. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Desde el Gobierno explicaron que Martín Soria fue enviado al encuentro con el objetivo de restablecer el diálogo institucional, aunque entre los ministros del máximo tribunal persistía el recelo y la desconfianza, por el alto perfil crítico que mantiene el funcionario con los jueces en general y con la Corte Suprema en particular. De hecho, la semana pasada organizó y participó de un seminario en la ex ESMA sobre lawfare, donde no faltaron las descalificaciones a los magistrados que investigaron a ex funcionarios kirchneristas por hechos de corrupción.

Como ministro de Justicia, Soria debería ser el responsable de mantener el vínculo político entre la Casa Rosada y el ámbito judicial, pero hasta ahora se ocupó de ser la espada de las posiciones más duras del kirchnerismo. De hecho, la semana pasada, cuando empezaron a surgir las versiones de un fallo contra la conformación actual del Consejo de la Magistratura, el funcionario afirmó: “No deja de llamar la atención que la Corte esté por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron 16 años años para darse cuenta. Nos debería hacer ruido a todos los argentinos y las argentinas”.

El anuncio de Cerruti

En ese contexto de tensión entre la Justicia el Gobierno es que se anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La Casa Rosada sabía que los jueces supremos tenían en análisis un fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la conformación actual de ese órgano de control de los jueces, impulsada por Cristina Kirchner en 2006. Y pareció dispuesta a anticiparse para que sea el futuro Congreso el responsable de encontrar una solución a un organismo cuyo funcionamiento conforma a muy pocos.

La portavoz Gabriela Cerruti dijo en rueda de prensa que el proyecto de reforma incluye un aumento en la cantidad de miembros del organismo, que pasaría de 13 a 17 integrantes: en la nueva conformación ingresarían un juez, dos abogados y un representante del estamento académico. “Esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo y nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este Gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura”, sostuvo la funcionaria.

El Consejo de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994, está a cargo de la administración del Poder Judicial y de proponer al Ejecutivo candidatos para el nombramiento de magistrados de los tribunales inferiores. Además, tiene facultad para aplicar medidas disciplinarias y decide la apertura de los procedimientos de remoción de jueces. El cuerpo tenía inicialmente veinte miembros, pero por una reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, pasó a tener trece: siete del sector político (tres diputados y tres senadores del oficialismo y de la oposición y un representante del Poder Ejecutivo), tres jueces, dos abogados y uno del ámbito académico.

Esa reforma fue objetada ante la Justicia, por romper con la representación equilibrada que manda la Constitución. En 2015, por un reclamo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 y el asunto pasó luego a manos de la Corte.

Una sentencia de alto impacto

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti estuvieron trabajando en un fallo sobre el Consejo que podía tener alto impacto político y que, según las fuentes consultadas, tenía fecha posible de confirmación el próximo 16 de diciembre.

Durante el fin de semana, según publicó Infobae, se especulaba con que la declaración de inconstitucionalidad que discutía la Corte Suprema podía fijar un plazo para crear una nueva integración o hacer operativa la anterior integración del Consejo de 20 miembros que llevaría de nuevo al organismo al presidente de la Corte, hoy Horacio Rosatti.

Ante esa inminencia es que se presentó el proyecto ayer en la Casa Rosada. Fue elaborado bajo la supervisión de la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos. Se trata de funcionarios que responde al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes dieron al aval para avanzar con el proyecto.

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