Una veintena de diputados nacionales de Juntos por el Cambio y el integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Diego Marías denunciaron hoy por presunto mal desempeño al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien procesó al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la denuncia fue presenta ante el presidente del Consejo, Diego Molea, para que se inicie su expediente en la Comisión de Disciplina y Acusación, donde se investigan a los jueces nacionales y federales por presunto mal desempeño. Se presentó un día después que la defensa de Macri apelara su procesamiento.
En la denuncia, a la que accedió este medio, los 23 diputados, entre otros Álvaro Gonzalez, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Pablo Torello y Waldo Wolff, y Marías -representante el Consejo por los abogados y que pertenece a Juntos por el Cambio- pidieron que se investigue cómo fue la actuación de Bava en el trámite del levantamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar -lo que suspendió la primera indagatoria del ex presidente- y el dictado de la nueva prohibición de salida del país, que fue revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata que le pidió al juez que justifique su decisión.
“Un mínimo conocimiento de las reglas y principios que surgen del instituto de la jerarquía en el ámbito del Derecho Administrativo, un rápido repaso de los elementos básicos de la organización administrativa, podrían haber llevado al Dr. Bava a advertir que la obligación de guardar secreto y confidencialidad impuesta por la Ley 25.520, en el caso de quien fuera presidente de la Nación, no podía ser relevada más que por el presidente de la Nación en ejercicio, y no por un órgano inferior de la organización administrativa”, señala la denuncia.
El 28 de octubre Macri fue a indagatoria pero la audiencia se suspendió porque en la causa no constaba el relevamiento del secreto de inteligencia para que pudiera declarar. Esa misma noche un decreto del presidente Alberto Fernández lo relevó. La indagatoria se completó el 3 de noviembre. Los denunciantes pidieron determinar si esos hechos “podrían constituir actos que evidencien falta de imparcialidad del magistrado, el carácter arbitrario de su conducta y un profundo desconocimiento del derecho”.
“Aún más: el magistrado con empecinamiento persistió en el error, insistió en su equivocación, sosteniendo nuevamente que no era necesario contar con el relevamiento del secreto al ex Presidente, tal cual se desprende de los extractos del informe presentado por el juez ante la Cámara de Apelaciones interviniente en el Incidente de Recusación de los autos en cuestión”, agregaron.
Los diputados también pidieron que se investigue si Bava “al momento de disponer la prohibición de salida no ha realizado el necesario mecanismo de estimaciones del cual se pueda colegir los motivos sobre los que basa su decisión, ya que no ha analizado ni las diferentes medidas alternativas de cuidado, ni ha expuesto las alegaciones que lo convencen en su faz interna en la necesidad de adoptar la medida cautelar fijada”.
Los denunciantes señalaron que la Cámara Federal de Mar del Plata le pidió al juez que justifique la decisión ya que la primera vez que le prohibió a Macri la salida del país no lo había hecho. “Resulta pertinente recordar aquí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los jueces no deben responder políticamente por el contenido de sus sentencias, salvo supuestos excepcionales de desvío de poder (actitud deliberada) o error judicial inexcusable (culpa grave) que comprometa la idoneidad del juez. En tal sentido, cabe determinar precisamente si el Dr. Martin Bava ha incurrido en alguno de estos supuestos excepcionales: deliberada arbitrariedad, ejercicio negligente del cargo y/o grave desconocimiento del derecho”, concluyeron y pidieron una serie de medidas de prueba para la investigación.
El juez Bava procesó el 1 de diciembre a Macri por el espionaje a los familiares del Ara San Juan, le prohibió la salida del país y le trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes. “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en su resolución.
La defensa de Macri apeló ayer el procesamiento para que sea revisado por la Cámara Federal de Mar del Plata.
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