El gobierno nacional enviará la semana que viene al Congreso un proyecto de ley para reformar la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que investiga y selecciona a los jueces nacionales y federales. La iniciativa quiere llevar a sus 13 miembros actuales a 17, con más abogados, magistrados y representantes del sector académico.
El proyecto fue confirmado a Infobae por dos funcionarios del Poder Ejecutivo. Se prevé que sea presentado los primeros días de la próxima semana. Fue elaborado bajo la supervisión de la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos. Se trata de funcionarios que responde al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes dieron al aval para avanzar con el proyecto.
La iniciativa tiene como único impulso anticiparse a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene previsto declarar la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros por no respetar el equilibrio entre los representantes del sector político con los jurídicos, tal como establece la Constitución Nacional. Ese fallo, según las fuentes consultadas, podría salir el próximo 16 de diciembre.
El proyecto, le dijo a este medio uno de los funcionarios que trabajó en su redacción, es para que el Gobierno tome la iniciativa política sobre la integración del Consejo antes del fallo de la Corte. Así busca que se discuta en primer lugar su proyecto. “Inclusive puede hacer que la Corte no saque el fallo si ya hay un proyecto para equilibrar los sectores”, se entusiasma porque el fallo sería en contra del Consejo que creó Cristina Kirchner. “Es mejor una amenaza de fallo que un fallo”, resumió la fuente.
Inclusive la resolución del máximo tribunal puede generar interpretaciones sobre su alcance y provocar una discusión que dificulte una nueva integración. Se especula que el fallo puede fijar un plazo para crear una nueva integración o para hacer operativa la anterior integración del Consejo de 20 miembros que llevaría de nuevo al organismo al presidente de la Corte, hoy Horacio Rosatti.
Lo que todos sostienen es que es imposible que esa integración de 20 se vuelva operativa al día siguiente de la resolución. Los integrantes del Consejo como los jueces y abogados son elegidos en elecciones que se deberían convocar. Para eso sector está previsto que sean el año que viene cuando renuevan a sus representantes. Por eso la necesidad de un plazo.
El Consejo de la Magistratura fue creado con la reforma constitucional de 1994. Comenzó a funcionar en 1999 y se encarga de la administración del Poder Judicial de la Nación, de investigar a los jueces que son denunciados por mal desempeño de sus funciones y de hacer los concursos públicos para cubrir las vacantes de magistrados.
Su primera integración fue de 20 integrantes y lo presidía el titular de la Corte Suprema. En 2006 se modificó a partir de un proyecto de la entonces senadora nacional Cristina Kirchner. Pasó a tener 13 integrantes. Pero se objetó que de esos 13 miembros siete eran de la política (tres diputados, tres senadores y el representante del Poder Ejecutivo) y los seis restantes de los jueces (tres), abogados (dos) y un representante de las universidades nacionales y que esa integración no respetaba el “equilibrio” que el artículo 114 de la Constitución Nacional fija para su composición. La Constitución no establece la cantidad de miembros que debe tener, lo que se fija por ley.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo en el que pidió su inconstitucionalidad. Así lo declaró en noviembre de 2015 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Meses después el caso llegó a la Corte Suprema. Ahora tiene previsto sacar el fallo.
El proyecto del Gobierno busca equilibrar los estamentos. La iniciativa lleva de 13 a 17 sus integrantes. Mantiene los tres diputados y senadores -dos por el bloque mayoritario de cada cámara y uno por la primera minoría- y al representante del Poder Ejecutivo. En eso no hay cambios. Los que suman integrantes son los representantes de los otros sectores: cuatro jueces, cuatros abogados y dos miembros de las universidades.
Otra propuesta es que los cuatro abogados sean elegidos en elecciones con un único padrón nacional. Hoy se hace en elecciones separadas: por la matrícula de la Capital Federal y por la del interior del país. La iniciativa no contempla que el presidente de la Corte Suprema integre el Consejo. Desde la creación del organismo hay una tirantes entre Consejo y Corte por el manejo de los fondos del Poder Judicial. La caja.
Desde el Consejo, dos fuentes que conocen el proyecto, coinciden en que es una ficción, una irrealidad de la ley, dividir a los integrantes del organismo entre el sector político y no político. Es porque los representantes de los jueces, abogados y de las universidades se alinean con el oficialismo o la oposición. Ocurre hoy. El oficialismo tiene un bloque de siete consejeros que integran un juez y el representante de los académicos. Y la oposición cuenta con seis, entre ellos dos magistrados y dos abogados. También pasó en las anteriores integraciones. De hecho, cuando los jueces y los abogados van a elecciones para integrar el Consejo cuentan con el apoyo de los partidos políticos en sus campañas. Y los representantes de la política no votan juntos por venir de ese sector, sino que responden a sus intereses partidarios.
Con la presentación del proyecto la discusión pasará al Congreso Nacional que la semana que viene renueva su integración después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Allí se achicarán los números entre oficialismo y oposición. En Diputados el Frente de Todos tendrá un bloque de 118 legisladores y Juntos por el Cambio de 116. En el Senado, el oficialismo perdió el quórum propio y tendrá 35 senadores y Juntos 31. Para aprobar una reforma a la integración del Consejo se requiere, como establece la Constitución, “mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. Lo que obliga a que haya consenso entre el oficialismo y la oposición.
En los dos años de gobierno de Alberto Fernández la oposición rechazó las dos iniciativas judiciales que propuso: la reforma a la justicia federal y a la Procuración General de la Nación. El Consejo abrirá un nuevo foco de discusión y tensión política a la espera de un fallo de la Corte Suprema que obligará al Congreso a llegar a un acuerdo.
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