Según Roberto Gargarella, el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Los Sauces-Hotesur “es un escándalo en todos sus términos”

Cristina Kirchner debió haber sido juzgada en la causa Los Sauces-Hotesur “bajo la presunción de culpabilidad”. El que sostiene esta afirmación es el constitucionalista Roberto Gargarella, quien asegura que su condición de funcionaria pública al momento de los hechos investigados obligaba al Poder Judicial a tener una mirada que invirtiera la carga de la prueba, como sucede en las causas de enriquecimiento ilícito. El fallo “es un escándalo en todos sus términos”, dijo a Infobae.

Gargarella cuestiona a los jueces que decidieron cerrar la causa, con “apuro” y sin llevar el caso a debate oral para escuchar y analizar todas las pruebas. Sostiene que esos magistrados deberían dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura. No obstante, aclara, no guarda ninguna esperanza de que esa hipótesis prospere. “Todos sabemos con qué bueyes aramos”, dice.

Lo que este fallo demuestra para el profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Di Tella es que cómo en las “democracias erosionadas” el poder político presiona en sus decisiones sobre el Poder judicial. “La ilusión que abrió el Juicio a las Juntas se terminó”, afirmó.

El fallo que el viernes por la noche favoreció a la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Baez, no sólo sacudió a la política sino también al debate jurídico. No es porque las causas del dólar futuro o el Memorándum con Irán, también cerradas en distintas instancias, no hubieran traído cuestionamientos. Pero en todo caso se trataba de decisiones políticas que se judicializaron.

En este caso, la causa unificada Los Sauces-Hotesur habla de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas y tiene una significativa importancia para la ex jefa de Estado porque es la única en la que quedaron implicados sus hijos y en la que estaba cuestionado directamente su patrimonio. La acusación sostenía que los empresarios que recibían contratos del Gobierno devolvían parte del dinero que obtenían a través de alquileres en hoteles o departamento de la entonces familia presidencial.

Pero cuando el caso ya había llegado a juicio oral, se habían ordenado pericias contables solicitadas por las defensas y hasta Casación horas antes había rechazado un pedido para anular el debate, el juez Daniel Obligado decidió apurar una decisión para contestar el planteo formulado por la defensa de CFK, al que se sumaron la mayoría de los acusados.

El planteo del abogado Carlos Beraldi sostenía que debían dictarse el sobreseimiento de la vicepresidente porque no había existido lavado de dinero: la plata de los alquileres estaba bancarizada. También sostuvo otros argumentos, ya discutidos y rechazados en instrucción, como una causa en el sur en donde CFK había sido sobreseída por asociación ilícita.

Por una decisión dos a uno, el TOF 5 decidió darle la razón a la defensa de CFK, con duras críticas al fiscal Diego Velazco que pedía llevar el caso a juicio oral. La resolución fue firmada por el juez Obligado, junto a su colega Adrián Grümberg, que por esas horas se estaba despidiendo de la subrogancia que cumplía en el tribunal. La jueza Adriana Palliotti se limitó a decir que el expediente tenía que llevarse a juicio. Ahora, la fiscalía tendrá la oportunidad de apelar para que la Cámara Federal de Casación Penal decida si revoca el fallo

En ese contexto, apareció la voz del constitucionalista Gargarella, que, en un tweet, escribió: “Los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta sin juicio oral deberían ser sancionados (no lo serán nunca), porque causas sobre malversación de fondos públicos deben examinarse bajo presunción de culpabilidad (no de inocencia), y con máximo escrutinio (no mínimo)”.

De inmediato, el mundo académico que vive en esa red social salió a cruzarlo por su interpretación, cuestionando la idea de “presunción de culpabilidad” versus “la presunción de inocencia”. Twitter se convirtió en un peloteo jurídico un sábado a la tarde.

En diálogo con Infobae, Gargarella ratificó su visión y afirmó que no le interesaba mirar el caso desde la grita sino desde “las democracias erosionadas” en donde “el sistema institucional está preparado para el reparto cruzado de privilegios y el reaseguro de la impunidad”. No importa, dijo, si se trata de políticos, jueces, sindicalistas o empresarios. “La ilusión que abrió el Juicio a las Juntas se terminó”, afirmó.

El constitucionalista explicó que en casos como el de Los Sauces-Hotesu los jueces deben llevar adelante “un muy especial escrutinio por tratarse de funcionarios públicos” y porque se cuestiona el origen de “dinero público” que apareció entre los bienes de “funcionarios en ejercicio de sus mandatos”.

“Esto se aplica en procesos judiciales desde hace más de 50 años. Casos como el enriquecimiento ilícito implica acercarse al caso de manera inversa: son los funcionarios los que deben demostrar de dónde sacaron el dinero que se sospecha mal habido”, señaló.

El más claro exponente de una condena por ese delito fue la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray. En el caso de los Kirchner, hubo tras investigaciones para investigar su patrimonio cuando estaban en el gobierno por el incremento de sus bienes, pero los tres expedientes fueron cerrados. El último fue firmado por el fallecido juez Norberto Oyarbide.

“Casos como enriquecimiento ilícito implica acercarse el caso inversa a cuando nos acercamos a un ciudadano común. La corrupción del funcionario público se considera de un modo especial. Hay obligaciones que ha asumido la Argentina a través de la Convención Interamericana de la Corrupción”, afirmó. “Desde hace tiempo reconocemos en estas democracias que los funcionarios públicos tienen privilegios y desventajas cuando se trata de ser juzgados, depende el delito que estemos hablando”, en relación a un ciudadano común, señaló. Una cosa es la inmunidad frente a sus declaraciones o una protección frente a una persecución política y otra, señaló, una investigación sobre una irregularidad en su función.

Por eso, Gargarella afirmó que el acercamiento que debieron hacer los jueces del TOF 5 en la causa Hotesur y Los Sauces, “dentro de los permisos y presunciones del derecho penal garantista, es un enfoque como el que propone el de enriquecimiento ilícito”.

El especialista en derecho sostuvo que la resolución firmada “ameritaría un reproche público hacia estos jueces” pero “el Consejo de la Magistratura está controlado”. “Sabemos con qué bueyes aramos”, añadió.

Para Gargarella está claro que la causa tuvo esta suerte porque la principal acusada era Cristina Kirchner. En sus palabras, el fallo “es un escándalo en todos sus términos. Nadie estaba desesperado para que en dos días resolvieran… Obviamente el fallo se explica únicamente por el contenido político cuando aparecen implicadas figuras públicas del máximo nivel y lo que están en la mira son políticos que se han enriquecido”.

Cuando Infobae consultó si este fallo implicaba que el “lawfare” se había terminado, Gargarella ratificó sus críticas abiertas a esa teoría y afirmó: “el lawfare siempre ha sido una ridiculez.”

“Lo que no es una ridiculez -agregó- es que hay una práctica histórica en América Latina en donde la justicia queda en un lugar subordinado al poder político que tiene muchos medios para incentivarla o desalentarla, por medios formales o informales. Hay muchos modos en que el poder político afecta la independencia del Poder Judicial. Es un hecho incontrastable que existe presión sobre los jueces. Pero en vez de reconocer que es un hecho en donde el gobierno de turno tiene las cartas ganadores de presión, lo transforma en que persecución por cuestiones ideológicas”.

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