El juez Lijo debe responder al pedido de Macri para que la causa del supuesto espionaje a víctimas del ARA San Juan pase a Comodoro Py

Mauricio Macri tendrá en las próximas horas una respuesta sobre su reclamo para que la causa del espionaje a las víctimas del Ara San Juan, que se sustancia en Dolores, pase a Comodoro Py. Así lo resolvió hoy el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, al hacer lugar al planteo de la defensa del ex presidente -revelada este lunes por Infobae- y disponer que el juez federal Ariel Lijo se pronuncie sobre su pedido para que la justicia porteña requiera el expediente en el que Macri fue indagado. Por estas horas, en Dolores, el juez Martín Bava estudia si dicta el procesamiento del ex jefe de Estado, luego de rechazar el pedido de recusación que formularon los querellantes contra el fiscal Juan Pablo Curi.

Macri reclamaba, a través de una inhibitoria, que el caso pasara a Comodoro Py, y el 2 de noviembre pasado el juez Lijo, en sintonía con el fiscal Franco Picardi, resolvió remitirse a las definiciones que ya se habían tomaron en otras causas conexas que tramitan en Dolores. “Teniendo en cuenta los alcances del planteo…y lo que ha informado el Juzgado Federal de Dolores en punto a la acumulación y estado de trámite de los incidentes FMP 8580/2020/33 (AMBA) y FMP 88/2019/180 (D’Alessio), entiendo que debe estarse a la resolución de éstos últimos”.

Sin embargo, la defensa de Macri sostuvo que él no está acusado en las otras causas a las que aludieron Lijo y Picardi y por lo tanto la resolución lo ha dejado “huérfano de respuestas” y le ha generado un “gravamen irreparable” que se convirtió en una suerte de “rechazo tácito y/o expreso” a su planteo, que vulnera “la garantía del juez competente y el derecho de defensa en juicio y debido proceso” y lo ha colocado en un “limbo jurídico-procesal” que debe ser revocado.

En ese contexto, Irurzun resolvió hoy anular la decisión de Lijo y encomendarle que dé respuesta al planteo formulado por el ex presidente. “Aquello en que el juez (remitiendo al dictamen de la fiscalía) ha apoyado el contenido del decreto apelado refiere, por un lado, a un trámite donde se omitió -en las sedes correspondientes- obrar con la diligencia debida a los fines de obtener la respuesta impuesta por la ley, frente a un acto jurisdiccional librado por este fuero. Y por otro, a una discusión limitada –expresamente- a analizar la competencia respecto de una imputación distinta, contra otra persona y en otra causa (más allá de la relación formal que se haya optado por otorgarles en la justicia federal de Dolores). Es notorio, entonces, que ni las consideraciones emitidas en el fallo dictado en ese marco, ni la forma en que se procedió después en los juzgados de primera instancia, dan fundamento a la opción escogida, de estar a la espera de lo que se defina al respecto en otra sede”, dijo Irurzun.

" Nótese que la ley otorga a las partes el derecho a ‘promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el tribunal que consideren competente’ (art. 45, CPPN) y que, frente a ello, ‘El tribunal ante quien se proponga resolverá dentro del tercer día, previa vista al Ministerio Público Fiscal’ (art. 47, inc. 1, CPPN).Siendo eso así, el decreto impugnado omitió decidir sobre la petición, las alegaciones y los argumentos que -por los canales normativos adecuados- se pusieron a consideración del juez. Se presenta, en consecuencia, un supuesto de arbitrariedad de las sentencias, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Por eso, Iruzun sostuvo que la resolución que firmó Lijo inicialmente “no constituye una respuesta válida” y por lo tanto “se impone declarar su nulidad”.

Si bien aquí se pronunció sobre la nulidad, Irurzun ya ha sostenido que las causas que se tramitan en Dolores pertenecen a Comodoro Py. Lo hizo en el marco del conflicto desatado entre el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y el juez Julián Ercolini, por la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio. Y también en diciembre pasado cuando, tras un planteo que hizo el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas en el marco de la causas AMBA, le dijo al juez Lijo a fines de 2020 que esa causa pertenece a la justicia federal porteña. Es sobre ese escenario que se montó la defensa de Macri para pedir el reclamo de la causa en el marco de la causa del espionaje del Ara San Juan.

Para entender la cuestión basta aclarar que en Dolores se tramitan tres causas que están unidas por el hilo de la conexidad: el caso D’Alessio, el espionaje político en las llamadas bases AMBA y ahora el espionaje reportado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Por este último caso es porque el que está acusado Macri y enfrentó su primera indagatoria luego de alejarse de la Casa Rosada en diciembre del 2019.

La otra causa que había nacido por afuera de Comodoro Py, en Lomas de Zamora, y que también apuntaba a maniobras de espionaje durante el gobierno de Macri pasó a los tribunales de Retiro a inicios de este año. En la Cámara Federal están analizado los procesamientos dictados por el juez federal de Lomas de Zamora, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ya había dicho que el caso debía pasar al fuero porteño.

La explicación de los acusados a la hora de reclamar la competencia en Comodoro Py es la misma en las dos causas: si las ordenes salieron desde la Casa Rosada y/o la AFI, esas decisiones se tomaron en la Capital Federal y por lo tanto los tribunales de Retiro tienen la competencia territorial para juzgar esos hechos.

Más allá de esto, hasta ahora, sin una orden de un tribunal común que defina la cuestión, desde Dolores se han quedado al frente de estas causas y se ha avanzado con procesamientos no solo en el capítulo D’Alessio, sino también en la causa AMBA y ahora también en el caso del espionaje a las víctimas.

Tras dos fallidas citaciones y una indagatoria frustrada, Macri declaró como acusado en la causa el 3 de noviembre pasado, en donde a través de un escrito negó haber cometido el delito que se investiga y acusó al juez Bava de moverse en tiempos políticos. En dos oportunidades, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó las recusaciones de la defensa de Macri.

Ahora, Bava estudia si procesa o no a Macri. “Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Por estas horas, Bava se encuentra recolectando prueba, alguna impulsada a pedido de la defensa y otra ordenada por él, como el detalle de las reuniones que tuvieron los ex jefes de la AFI con el ex presidente en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre fines de 2017 y fines de 2018, período en que -según la acusación- se espió a los familiares de las víctimas del submarino. Mientras tanto, rechazó la recusación que habían impulsado las querellas contra el fiscal Curi.

Macri tenía autorización para regresar al país el jueves próximo, luego de haber pedido permiso al juzgado para viajar a Arabia Saudita teniendo en cuenta que, al llamarlo a indagatoria, se le prohibió la salida del país. Esa resolución fue apelada ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Macri volvió hoy y su defensa pidió una nueva autorización para salir del país rumbo a Chile entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre. Fue invitado en su condición de “Executive Chairman - FIFA Foundation, para asistir como orador principal en la conferencia sobre cambio climático y agricultura sustentable dentro del marco del evento denominado The Gigaton Challenge”.

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