La Justicia investiga una cuenta en Uruguay de una ex funcionaria chavista por posibles sobornos de un empresario argentino

El caso Levy, un expediente judicial que investiga corrupción detrás de ventas millonarias de un empresario argentino a Venezuela, podría ser apenas un anzuelo. La justicia argentina investiga movimientos de fondos de una funcionaria chavista que salieron de Panamá para terminar en cuentas bancarias en Uruguay con conexiones en Estados Unidos.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky envió un exhorto a Uruguay para intentar determinar si dichos fondos podrían estar relacionados a un presunto pago de sobornos por la firma de contratos con el empresario local Juan José Levy, que exportó productos por 500 millones de dólares a Venezuela durante el kirchnerismo.

La información involucra a Eddie Elizabeth Betancourt Romero, ex presidente de Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca), que avaló la compra de productos como suavizante para ropa o shampoo, entre otros, por USD 120 millones cuyo proveedor era el empresario argentino. Desde Caracas, el contrato se firmó con el aval del entonces ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan.

La Unidad de Información Financiera (UIF) notificó a la justicia argentina que Betancourt Romero recibió en 2014 tres transferencias desde Panamá a una de sus cuentas en el banco Bandes de Uruguay, pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales. El monto total de los giros sería de 205.000 dólares.

La explicación oficial para justificar las transferencias fue una supuesta venta de inmueble de la ex funcionaria venezolana. Pero las autoridades argentinas consideraron en su reporte de inteligencia financiera que los giros son sospechosos porque el importe de la supuesta venta de la propiedad no coincidiría con el monto transferido por los compradores. Los envíos de dinero, además, no se habrían hecho desde las cuentas bancarias de los compradores, detallaron.

“Ya hay un exhorto enviado a Uruguay desde hace un año, pero todavía no se tiene respuesta. Se necesita más información para avanzar”, reclamaron desde tribunales. La UIF, que es querellante en el expediente, recibió información sobre esos movimientos por cooperación internacional de inteligencia financiera y los reportó en 2020 ante la justicia. El juez Aguinsky pidió colaboración al país vecino para certificar esta información, pero Uruguay hasta el momento no ha respondido. El magistrado volvió a reclamar hace dos semanas ante Cancillería que insista en la respuesta de ese exhorto, informaron fuentes judiciales.

No sería la primera vez que un expediente que investiga corrupción en Venezuela se choca con la falta de colaboración internacional. En el mismo caso Levy, el mismo juez envió un exhorto (y una docena de reclamos) hace cuatro años a Venezuela, que nunca fue respondido por la justicia de ese país.

El exhorto enviado a Uruguay hace hincapié, además, en datos relevantes sobre la identidad de las personas que enviaron esos fondos desde Panamá a la funcionaria chavista, información necesaria para determinar si efectivamente esta transferencia estuvo ligada al caso Levy o, simplemente, se trata de una operación en negro.

Más allá de esas tres transferencias que se hicieron desde Panamá, la UIF detectó otras cuentas bancarias en Uruguay y en Estados Unidos cuya beneficiaria final es la ex funcionaria venezolana Betancourt. Las autoridades registraron movimientos de fondos entre sus propias cuentas también en 2014. El más llamativo fue un giro que salió desde su cuenta en Uruguay a otra en el Mercantil Commercebank de Estados Unidos, detallaron las fuentes.

Los contratos con Suvinca

Levy era un empresario que estaba lejos de la élite porteña hasta que comenzó a venderle productos a Venezuela bajo el paraguas del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Laboratorio Esme se dedicaba a fabricar productos como pasta dentífrica, pero los negocios de su dueño se diversificaron para venderle al estado venezolano. Levy se transformó en un intermediario de varios productos que no fabricaba, pero que revendía a altos precios a Suvinca y otros organismos de ese país.

Laboratorio Esme firmó contratos con Suvinca mientras Betancourt se desempeñaba como presidenta de ese organismo. El contrato inicial se habría acordado en 2011, pero con distintas adendas la relación comercial se amplió hasta que, en 2012, se comprometieron contrataciones por 120 millones de dólares. La llave para acceder a esos contratos habría sido su cercanía con José María Olazagasti, el secretario privado del entonces ministro Julio De Vido.

Un informe de la AFIP que forma parte del expediente alertó sobre posibles irregularidades en estas operaciones. “El suavizante de ropa Top Win por cuatro litros se expresó en un valor por unidad de USD 6,7, mientras que el mismo producto fue vendido a Chile a un precio unitario de 2,6 dólares. Es decir, la diferencia de precio ronda el orden del 154%”, indica el documento.

La justicia, además, detalló en qué consistían las maniobras para tercerizar los productos que Laboratorio Esme exportaba a Venezuela. Las autoridades detectaron que Levy compraba mercadería a un proveedor argentino y revendía esos mismos productos a un precio que le dejaba ganancias extraordinarias. “La diferencia dolarizada entre exportaciones y compra en el mercado interno de los productos exportados es de USD 18,2 millones. El porcentaje de aumento del monto exportado respecto al monto de la compra en el mercado interno es del 281,35 porciento”, señalaron.

¿Por qué se vendía más caro a Venezuela? Varias empresas que participaron del fideicomiso bilateral con Argentina indicaron que las exportaciones a ese país eran atravesadas por distintos riesgos, entre ellos, la falta de pago por parte del comprador. Sin embargo, el acuerdo bilateral establecía que el estado venezolano pagaba por adelantado el 60% de los contratos.

Laboratorio Esme recibió pagos por más de USD 62 millones en concepto de anticipo desde Suvinca entre 2011 y 2012, según se desprende de un informe del Banco Central. El empresario argentino, además, acumuló millones por más compras realizadas a través de otras sociedades como Corporación Gulfos, casi siempre mediante el esquema bilateral que gestionó Nación Fideicomisos.

Después de venderle a Venezuela, el patrimonio de Levy dio un giro de 180 grados. Su declaración jurada ante la AFIP, reflejaba su situación patrimonial: declaró bienes por $1 millón allá por 2011. Un lustro después, Levy ingresó al sinceramiento fiscal para blanquear un patrimonio de $1400 millones. Durante esos años, sus empresas facturaron ventas por más de USD 500 millones a Venezuela.

La causa judicial

Levy está siendo investigado por lavado de dinero y soborno transnacional en la justicia en lo Penal Económico. La Cámara de ese fuero consideró en 2019 que era indispensable, si la acusación en los tribunales argentinos era por una defraudación al Estado venezolano, que ese país aportara documentación que pruebe esa acusación contra los empresarios argentinos en dicha jurisdicción. Si el delito por probar es lavado de dinero –sostiene la Cámara- entonces hace falta acreditar el delito precedente que ocurrió en tierras venezolanas.

La falta de colaboración desde Venezuela también complicó la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por Levy para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la investigación por lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente, una condición necesaria para los jueces del tribunal.

El juez Aguinsky, entonces, envió una nota a la Corte Suprema para que este tribunal le pidiera la intervención al presidente Alberto Fernández con la intención de destrabar el exhorto. La argumentación del juez fue que, como las exportaciones desde las empresas de Levy se hicieron a través de un fideicomiso bilateral entre ambos estados, la Casa Rosada debe intervenir en el asunto. Pero la Corte rechazó actuar ya que –aseguraron– no puede intervenir en una causa en trámite.