ARA San Juan: mientras se define si lo procesan en Dolores, Macri apura en Comodoro Py el reclamo de la causa

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava se encuentra juntando por estos días las últimas pruebas para definir si, finalmente, procesa a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, luego del respaldo que recibió el jueves pasado desde la Cámara Federal de Mar del Plata cuando se rechazó la recusación en su contra que había motorizado el ex presidente. Bava analiza las declaraciones que pidió la defensa de Macri, entre las que aparecen las consultas a la denunciante e interventora de la central de espías Cristina Camaño sobre el rol de la AFI en la seguridad presidencial, pero además mandó a pedir, de motu propio, el detalle de las reuniones que tuvieron los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani con el ex presidente en la residencia de Olivos y en la Casa Rosada entre fines de 2017 y fines de 2018.

Mientras esta decisión se cocina en Dolores, el mismo jueves en que en Mar del Plata rechazaban apartar a Bava del expediente por prejuzgamiento y temor de parcialidad, en Buenos Aires, la defensa de Mauricio Macri insistía en obtener respuesta a la base a un planteo que aún no fue resuelto: que Comodoro Py reclame el pase de la causa a los tribunales de Retiro. La decisión está en manos del juez Martín Irurzun, quien ya dijo a fines de 2020 que esa causa pertenece a la justicia federal porteña.

“Es un absurdo, dentro de tantos, suponer una hipótesis como la que se pretende construir consistente en que un Presidente de la Nación puede ordenar y posibilitar la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley, dar ordenes, recibir y utilizar información elaborada por la AFI, impartir directivas o destinar recursos y que para su investigación resulte competente la justicia federal de Dolores provincia de Buenos Aires”, sostuvo el abogado de Macri, Pablo Lanusse, en la presentación a que accedió Infobae. “Sólo con recordar dónde se encuentra la Casa Rosada alcanza para desarticular este absurdo, y para reconocer que cualquier conducta de un Presidente de la Nación que se quiera investigar deberá serlo ante la jurisdicción de la CABA”, afirmó

Por eso Lanusse pidió a la Cámara Federal porteña que revoque una decisión tomada por el 2 de noviembre pasado por el juez federal Ariel Lijo, en sintonía con el fiscal Franco Picardi. Ambos resolvieron se habían remitido a las definiciones que ya se tomaron en otras causas que tramitan en Dolores para señalar que estaban impedidos de avanzar por ahora.

Pero Macri protestó: sostuvo que él no está acusado en las otras causas a las que aludieron Lijo y Picardi y por lo tanto la resolución lo ha dejado “huérfano de respuestas” y le ha generado un “gravamen irreparable” que se convirtió en una suerte de “rechazo tácito y/o expreso” a su planteo, que vulnera “la garantía del juez competente y el derecho de defensa en juicio y debido proceso” y lo ha colocado en un “limbo jurídico-procesal” que debe ser revocado.

Dolores vs. Py

Para entender estos planteos, hay que tener en cuenta que en Dolores crecieron tres causas atadas por conexidad: la 88/2019, que analiza el llamado caso D’Alessio; la 8520, que habla del espionaje político llevado adelante desde las llamadas bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires (AMBA); y la 8559, que habla del espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y en la única en la que está imputado Macri.

El problema de la competencia territorial del juzgado de Dolores para investigar cualquiera de estas causas se discute desde el día uno y todavía no hay palabras finales.

El juzgado de Dolores, con la firma de Alejo Ramos Padilla -hoy juez federal de La Plata, con competencia electoral- ha defendido férreamente la potestad de su investigación en el caso D’Alessio. Y la Cámara Federal de Mar del Plata avaló de forma “provisoria” su jurisdicción en el caso mientras se definía el objeto de la investigación. Sin embargo, algunos hechos que formaban parte del expediente (como el capítulo Brusa Dovat o el caso GNL) fueron separados de esta causa y enviados a Comodoro Py. Hasta ahora, la Cámara Federal de Casación ha rechazado recursos de defensas por cuestiones formales. En la causa interviene la Sala II del máximo tribunal, con la firma de los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi.

La causa D’Alessio ya lleva casi tres años. Y, pese a que el fiscal Juan Pablo Curi solicitó hace más de un año y medio la elevación parcial del expediente, la Cámara Federal de Mar del Plata todavía tiene revisiones de procesamientos pendientes. El juez Bava, no obstante, resolvió recientemente preguntar a las partes si la investigación puede darse por cerrada y elevar el caso a juicio.

En ese contexto, Marcelo D’Alessio, preso en la cárcel de Ezeiza, pidió declarar como “arrepentido” ante la fiscalía. La declaración, que iba a hacerse hace dos semanas, se suspendió porque por miedo a filtraciones la defensa pidió que se hiciera presencial. Será esta semana. Habrá que ver qué revela en estas instancias del proceso y qué puede ser interés a esta altura de la investigación.

En la causa AMBA, en tanto, ya fueron procesados los ex jefes de la AFI Arribas y Majdalani, juntos otros altos funcionarios de la central de espías. En ese contexto, Majdalani cuestionó la competencia de Dolores en ese expediente. Arribas, en tanto, le reclamó a Comodoro Py que se pronunciara sobre la inhibitoria de Dolores. Son dos alternativas judiciales para discutir lo mismo.

En Retiro, a fines del 2020, el camarista Irurzun le dio la razón y le ordenó a Lijo pedir la causa. En Dolores, el juez de instrucción insistió en defender su competencia pero la resolución fue apelada por la defensa de la ex “señora 8″. En marzo, el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani adhirió al planteo que había formulado la defensa de Majdanani, diciendo que la causa AMBA debía “continuar su tramitación ante los tribunales de CABA”.

De acuerdo al dictamen al que accedió Infobae, “surge claramente que la AFI tiene su centro principal de operaciones en CABA, allí se encuentran sus máximas autoridades las cuales recibían los reportes de los resultados de las supuestas tareas de espionaje ilegal realizadas, se analizaban sus resultados , se planificaba la continuidad o no de las tareas, independientemente en donde se hubiera reunido dicha información. Si bien las bases que generaban los informes se encontraban en la provincia de Buenos Aires, la sede, funcionarios y decisiones eran adoptadas en la sede de la AFI, la cual se encuentra en CABA”.

Los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez tienen este tema a estudio desde diciembre del 2020, hace casi un año. Eso dio lugar a las especulaciones en tribunales señalando que, quizás, habría alguna definición sobre esta cuestión cuando se resolviera la recusación del juez Bava, que impulsó Macri. Pero los jueces Tazza y Jiménez resolvieron rechazar los cuestionamientos sobre la figura del juez, sin definir la cuestión de la competencia.

En ese contexto, se inscribe ahora la causa sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, que nació en Mar del Plata con una denuncia de la AFI el 23 de septiembre del 2020 a raíz de la información encontrada en la causa AMBA. La causa AMBA también había nacido dentro de la causa D’Alessio. En la causa del espionaje del Ara San Juan, atada por conexidad a D’Alessio y AMBA, la discusión sobre la competencia entre Dolores y Mar del Plata quedó en la nada por error de la fiscalía de Cámara.

Cuando Macri discutió en su planteo de recusación la competencia de Bava, este juez le respondió que su potestad para intervenir “había sido ratificada dos veces por la Cámara Federal de Mar del Plata”: primero por un error de la fiscalía de Pettigiani en donde se dio por desistida la apelación del fiscal Curi; y después cuando se dictó la conexidad con la causa D’Alessio. “Los restante planteos de incompetencia llevados adelante en la causa 8580 se encuentran pendientes de resolución”, dijo el juez Bava, a la hora de avanzar.

Es ahí donde se enmarca este pedido de Macri, en Comodoro Py, para insistir en que el caso salga de Dolores. “El hecho incontrastable de no ser parte en la causas FMP 88/2019 (D’Alessio) y 8580/2020 (AMBA9, por las que no se me responde el planteo de inhibitoria) acredita el perjuicio irreparable que se me genera: no pude ni puedo intervenir en esas actuaciones y por ende no puede ni puedo ser oído, impugnar, ni ejercer derecho alguno, y por otro lado no se me resuelve el fondo de la inhibitoria aquí planteada colocándome en un limbo jurídico-procesal que vulnera el debido proceso, la defensa en juicio y la definición del juez natural y competen que debe intervenir en la investigación” por el espionaje a los familiares del Ara San Juan, afirmó, según pudo saber Infobae. El tema está en manos del juez Irurzun, que debe resolver si revoca la resolución de Lijo.

No es un detalle menor recordar que hubo otra causa de espionaje que nació afuera de Comodoro Py y que ya aterrizó, por competencia territorial, en ese edificio. Se trata de la causa de espionaje que nació en Lomas de Zamora, que tenía entre sus víctimas a Cristina Kirchner y otros políticos, junto a presos, gremialistas y periodistas. Fue la Cámara Federal de Casación Penal la que resolvió que el juzgado de Lomas de Zamora no podía intervenir allí.

La causa de ese espionaje ilegal estaba bajo la lupa de Comodoro Py. Hoy, la Sala II de la Cámara Federal -con la intervención de los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens- tiene a su estudio los procesamientos que se dictaron, a contrareloj de aquella decisión, contra los ex directivos de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal, junto a espías, policías y penitenciarios.

¿Se viene el procesamiento de Macri?

Mientras Comodoro Py analiza la cuestión, el juez Bava avanza desde Dolores en la definición sobre la situación procesal de Mauricio Macri, quien se encuentra en Arabia Saudita y tiene fecha de regreso para este jueves. Bava tiene tres caminos: sobreseeserlo, procesarlo o dictar su falta de mérito. Para acusadores y defensores, es claro que el sobreseimiento no será el camino elegido.

El pasado 1 de octubre, Macri fue llamado a indagatoria sobre seis hechos en donde se lo acusa de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino que se hundió en las aguas del Océano Atlántico en 2017 y que recién fue localizado un año y dos días después en un lugar cercano a donde había desaparecido. La acusación sostiene que, desde la AFI, se espió a los familiares para controlar sus reclamos ante la opinión pública. Por el caso ya están procesados los ex directivos de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de funcionarios y agentes.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

El 3 de noviembre, después de dos ausencias y una indagatoria suspendida, Macri declaró en indagatoria. Macri decidió no contestar preguntas diciendo que el juez estaba apurado por procesarlo antes de las elecciones. Y a través de un escrito sostuvo que jamás ordenó ni posibilitó “la realización sistemática de tareas de inteligencia” prohibidas, ni espió ni ordenó espiar a nadie. También afirmó que la acusación implica desconocer cómo funciona el sistema de custodia presidencial y aseguró: “soy absolutamente inocente y repudio la parodia que se monta con esta descabellada imputación en mi contra”.

Por estas horas, el juez se encuentra produciendo la prueba que solicitó la defensa. Ya interrogó a un grupo de testigos -como el ex ministro de Defensa Oscar Aguad- y envió el pliego de preguntas que formularon los defensores y el fiscal Curi a aquellos funcionarios que tienen la posibilidad de declarar por escrito. Allí están, por ejemplo, la interventora de la AFI Cristina Caamaño, denunciante en la causa; o el diputado del PRO Cristian Ritondo, que integra la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia y solicitó una prórroga de unos días para enviar sus respuestas.

Aunque se había solicitado que las preguntas a estos testigos que no tenían que ir hasta Dolores se mantuvieran bajo reserva para no perjudicar la investigación, los detalles del cuestionario remitido por el juzgado se filtraron a la prensa. A Caamaño, por ejemplo, se le pidieron detalles sobre las funciones del área Contrainteligencia, Reunión Interior y las delegaciones provinciales, qué reportes se hicieron a la comisión bicameral de inteligencia, y el rol de la AFI en la seguridad presidencial. Sobre ese punto, se le pidieron detalles sobre el rol del organismo en gestiones anteriores y en la gestión de Alberto Fernández. También se busca saber cómo se vinculaba la AFI con la Casa Militar y las funciones del área Avanzada Presidencial. Y también qué se hacía con esa información recolectada.

El jueves, apenas fue ratificado por sus superiores al frente de la investigación, Bava decidió requerir a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que informe todas las visitas que se encuentran registradas tanto en la Casa de Gobierno como en la Residencia de Olivos, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, los entonces directores General y Subdirectora General de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente”.

Los procesamientos de ambos ex funcionarios ya fueron dictados por Bava y las apelaciones a esa resolución ya llegaron a la Cámara Federal de Mar del Plata. Bava, en tanto, no solo tiene que resolver la situación procesal, sino también establecer qué rol cumplieron en esta causa los ex jefes de Contrainteligencia Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. Fueron los sucesores de Antonio “Jaime” Stiuso, en ese área estratégica de la central de espías, y ya están procesados en la megacausa que nació en Lomas de Zamora.

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