“Soy una víctima del populismo judicial”. El que pronuncia esa sentencia es el ex juez de Garantías de La Plata Cesar Melazo detenido en el penal de Ezeiza desde 2018. Su juicio oral se realizará recién en octubre de 2024. Para entonces habrá cumplido seis años de prisión preventiva. El hecho es considerado por su defensa como “ilegal” y un “adelanto” de condena .
“Los presos políticos K, muchos de los cuales fueron mis compañeros de detención, ya no están. Ellos fueron excarcelados en causas totalmente diferente a la mía. Julio De Vido, Amado Boudou, Juan Pablo Schiavi, entre otros, obtuvieron una respuesta favorable de parte de la Justica, por el cumplimento de los plazos legales para lograr los beneficios de excarcelación plasmados en el Código Procesal Penal. En cambio, yo estoy preso hace tres años porque el Procurador Julio Conte Grand, los ex funcionarios de la ex gobernadora y diputada electa María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, tienen miedo que en libertad hable sobre la corrupción en el Poder Judicial, sobre el circuito de la distribución de la droga en la Municipalidad de La Plata, sobre la convivencia entre los poderes del Estado.”.
La defensa de Melazo está a cargo de Juan Pesquera y Christian Romano.
La defensa de Melazo
“Soy víctima de una persecución política y judicial, de un lawfare que comenzó durante la gobernación de (María Eugenia) Vidal, que instrumentó el procurador (Julio) Conte Grand y que continúa”, argumenta ante Infobae Melazo, detenido desde el 14 de agosto de 2018, acusado de integrar una presunta “mafia judicial platense”, junto a delincuentes, abogados, empresarios y policías, o al menos así lo definieron Vidal, Conte Grand y el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo ante la prensa.
“No existen argumentos válidos para mantenerme encerrado. La lentitud de la justicia provincial es despreciable. Llevo más de 3 años detenido de manera injustificada. Nos mantienen detenidos violando las normativas vigentes tanto nacionales como internacionales. Nunca me van a dar un arresto domiciliario porque los fiscales, por orden del Procurador, apelan todo, absolutamente todo. Estoy con una fecha de juicio a fines de 2024, una verdadera locura”, insiste Melazo.
“Tan disparatado es el proceso judicial en mi contra que hasta ahora no me leyeron los cargos que me imputan ni me mostraron las pruebas”.
—¿Y esto a que se debe?, le preguntó este medio.
—Tal vez fue que en mi desempeño como juez arremetí contra el juego ilegal y logré procesar a personajes que luego aparecieron como aportantes a su campaña política de la gobernadora Vidal y de Cambiemos. Tal evento saltó a la luz del conocimiento público justo un mes antes de mi detención. En los pasillos de Tribunales se atribuye a Conte Grand haber fabricado pruebas en mi contra para tapar el escándalo, algo más rimbombante que la causa de los cuadernos en la provincia de Buenos Aires.
—¿Por qué asegura que no hay pruebas en su contra?
—La investigación de la fiscal Betina Judith Smolinsky de Lacky, no dio resultado, no consiguió probar que yo integraba una supuesta banda delictiva. Prueba de ello es que hoy se les está ofreciendo a los imputados en el mismo expediente, la posibilidad de aceptar una condena por juicio abreviado para no llegar al momento de un debate oral desabastecidos de prueba y caer en ridículo. Este particular lo verifican las libertades otorgadas a todos los detenidos K, quienes fueron procesados en esa misma oprobiosa cruzada con la sórdida intención de afianzarse en el clamor popular: es evidente que el interés no era el de hacer justicia sino populismo judicial.
Melazo es uno de los principales críticos sobre las resoluciones del jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires.
“El procurador se jactó siempre de tres causa emblemáticas de la provincia de Buenos Aires haciendo discursos rimbombantes”, recuerda Melazo quien horas antes recibió la visita de su hijo de cinco años y de su pareja.
“Ellas eran la de los gremialistas Marcelo Balcedo y Juan Pablo “Pata” Medina y la que se erige en mi contra”, refiere el ex juez y aclara: “En el caso Balcedo, él está cumpliendo con una prisión domiciliaria en Uruguay hace años, y Medina fue excarcelado. No es casualidad que justamente en dos de las tres causas tales beneficios procesales se realizaron en un contexto jurídico que se sitúa fuera del alcance de la influencia del Procurador Conte Grand”.
Melazo asegura que las supuestas pruebas que aportó en su declaración para rebatir los cargos en su contra “nunca fueron investigados”. Y agrega: “Aunque la gravedad de mis declaraciones pusiera al descubierto hechos gravísimos como: el circuito de la distribución de la droga en la Municipalidad de La Plata. Los funcionarios vinculados a la Fiesta Clandestina de la calle 520 en enero del 2016 en la que falleció ahogada la estudiante de periodismo Yésica Emilia Uscamayta Curí. La fiesta se produjo poco tiempo después de asumidos los gobiernos nacional, provincial y municipal la gente de Cambiemos y quedó al descubierto un circuito de ‘coimas’ en Control Urbano de la Municipalidad, de descontrol organizativo. Yo lo hice público y los fiscales no lo investigaron”.
El ex magistrado entiende que otras denuncias que realizó pudieron haber funcionado para que lo encarcelen. En ellas destaca “el cambio de más de cien kilos droga por harina leudante en el depósito de la propia policía de la Provincia de Buenos Aires” y “la venta y distribución de droga en el country donde viven funcionarios judiciales, municipales y el mismísimo Intendente de La Plata”.
El 11 de noviembre pasado, durante el cierre de campaña del Frente de Todos, en el municipio de Merlo, gobernador Axel Kicillof embistió contra el Conte Grand, a quien viene señalando “como el primer responsable de la liberación de presos durante la pandemia por coronavirus que fogonea la oposición como causal de la inseguridad”.
Fue el Procurador, en su rol de jefe de los fiscales y defensores oficiales del Poder Judicial de la Provincia, quien emitió la resolución en la que se basaron los tribunales que finalmente permitieron que reclusos del Servicio Penitenciario que reunieran ciertas condiciones -edad, enfermedades preexistentes- y que tuvieran condenas por delitos leves, recibieran beneficios procesales.
El abogado fue secretario de Legal y Técnica -virtual mano derecha- de Vidal durante su paso por el Gobierno provincial.
“A los que nos reclaman por la liberación de presos yo les digo: podrían hablar con el Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires, funcionario de Vidal, puesto por Vidal, que hoy no quiere irse”, apuntó Kicillof.
Según Melazo, también fue víctima de “escarnio público hace unos años cuando investigué el juego clandestino; hoy, algunos de los procesados por mí figuran en la nómina de aportantes ‘truchos’ de la campaña de Vidal. Uno es Roberto Laffont, alias ‘El Lujanero’, al cual detuve y a quien logré ganarle un juicio penal y uno Civil por calumnias e injurias”, revela desde el penal de Ezeiza Melazo.
Para el ex magistrado, “el Procurador decidió quién iba preso o no, porque relacionados a este accionar existen abogados de renombre, altos funcionarios judiciales, fiscales, fiscal de Casación, que han sido mencionados en esta causa y con los mismos elementos, o más, en la que se encuentran detenidos otros coimputados por Tráfico de Influencia, Cohecho, y que siguen libres y sin ser investigados”.
Melazo habló de la “falsa acusación sobre los allanamientos de la triple fuga”. “Eso se emprendió en mi contra, con la intención de lograr mi destitución, aunque las pruebas colectadas y que constan en esta causa, no sirvieran para apoyar esa teoría”, señala, y precisa -aportando las copias de su determinación- que “el mismo fiscal, Mariano Sibuet, que hoy se opone a toda petición judicial en mi favor, es el mismo con el que juntos sufrimos el pedido de juicio político y denuncias ante la Corte Suprema, la Procuración y el Senado Bonaerense por parte del gobierno de Vidal ante el hecho de una supuesta demora en los allanamientos en el caso de la Triple Fuga. Cosa falaz, dado que más de 20 allanamientos pedidos fueron otorgados por mi condición de Juez en ese momento, en menos de dos horas”.
Presos K libres
“Yo no tiré bolsos con plata por el muro de un convento y sigo preso. La mía es una batalla entre el populismo intelectual y la justicia independiente”, razona Melazo con voz de enojo.
En su análisis hace referencia a los veintiún presos, empresarios, ex funcionarios, sindicalistas y allegados a los gobiernos kirchneristas que fueron liberados desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada y Cristina de Kirchner a la vicepresidencia de la Nación.
Entre otros, sobresalen los nombres de:
Julio de Vido. El ex ministro de Planificación Federal recibió el beneficio de arresto domiciliario después que la Cámara Federal de Casación le indicara determinar la excarcelación Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción. Según esa resolución, De Vido llevaba más de dos años de prisión y no tenía fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación. En marzo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ordenó también la excarcelación en la causa conocida como Río Turbio.
Roberto Baratta. Casación también favoreció al ex secretario de Planificación Federal en la misma causa que a De Vido.
Omar “Caballo” Suárez. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó el cese de la prisión preventiva al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en el marco del juicio que se le sigue por “asociación ilícita” e “interrupción de vías navegables”.
Anastasio Pérez Osuna. El ex intendente de Río Turbio e interventor de Yacimientos Carboníferos de esa localidad (YCRT), fue liberado por decisión del TOF 7 después de ser condenado a cuatro años de prisión por el cobro de 50 millones de pesos por una ruta que nunca se hizo.
Oscar Thomas. El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, “procesado número 43 en la causa Cuadernos de las coimas”, también fue excarcelado después de abonar una fianza de 3 millones de pesos. Había sido uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y aparecía mencionado en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, quien supuestamente le entregó un millón de dólares.
Juan Pablo “Pata” Medina. Los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata, le otorgaron el arresto domiciliario al ex jefe de la UOCRA de La Plata a raíz de su mal estado de salud y su edad. Estaba detenido desde septiembre de 2017 por una causa de “lavado de activos y asociación ilícita”. Días después desafió a la Justicia al participar de un acto e intenta recuperar el control de la UOCRA en La Plata.
Amado Boudou. El TOF 4 concedió la prisión domiciliaria al ex vicepresidente en el marco de la condena de cinco años y medio de cárcel por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública” en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.
José López. La Justicia ordenó su inmediata libertad. Está condenado por los bolsos con millones de dólares que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez. El tribunal aceptó que tres amigos del ex secretario de Obras Públicas sean sus “fiadores” para dejar su condición de detenido. Seguirá viviendo como testigo protegido.
Juan Pablo Schiavi. El ex secretario de Transporte tiene una condena firme por la tragedia de Once. Gracias al “estímulo educativo” y habiendo alcanzado los dos tercios de la condena, el juez de ejecución penal Jorge Gorini, le concedió la libertad condicional.
Cesar Melazo no reniega de estas excarcelaciones. Al contrario, como ex juez de Garantías, entiende que cada una de ellas fue “ajustada a derecho”. Remarca que mientras que a ellos le concedieron los beneficios que les correspondía, él lleva más de tres años preso y le siguen rechazando sus pedidos.
“Llevo detenido con prisión preventiva, desde el 24 de Agosto de 2018, sin Juicio. La fecha otorgada para el mismo, recién la comunicaron el día 15 de este mes y se realizara en octubre del 2024. Para entonces contaría con más de seis años detenidos con prisión preventiva, lo que constituye sin lugar a dudas un adelanto de condena para el delito que se me imputa, que tiene tres años de prisión como mínimo”, refuerza en su defensa.
Sus abogados también destacan que “en ese intervalo nada se ha podido probar en su contra para mantener la acusación”.
“Es inocultable que la acusación que me mantiene ilegítimamente detenido ha sido obra de la voluntad política de la gestión Vidal, que poco a poco se derrumba ante la persistencia de la verdad: las causas fueron armadas con una intención lejana a la de administrar justicia”, cierra el ex juez de Garantías quien espera que “de una vez por todas se actúe con imparcialidad y sin que jueces, camarista y fiscales se dejen presionar por el Procurador bonaerense”.
En diciembre de 2020, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, sin embargo, según Melazo “de espaldas a la ley, que explícitamente lo excluye”, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló esa resolución.
La defensa de Melazo volvió a presentar un nuevo pedido de excarcelación. Es el tercero que realiza ¿será la vencida? “Estamos a la espera”, responde el ex juez.
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