Alberto Fernández anunció el domingo pasado que enviará al Congreso, en los primeros días de diciembre, el programa que servirá como hoja de ruta para el refinanciamiento de la deuda con el FMI. Los lineamientos se vienen negociando hace un año y medio con el staff del organismo. Mientras los tiempos se acortan -marzo es la fecha límite porque hay un importante vencimiento-, apura un diálogo con la oposición y, en paralelo, debe consensuar a nivel interno. La postura del kirchnerismo no está clara después del llamado a un acercamiento a Juntos por el Cambio y cuando el fantasma del ajuste se cierne sobre la gestión, pero la Casa Rosada buscará evitarlo a través de la postergación de los pagos y la “generación de dólares”.
Un consenso con Juntos por el Cambio es primordial para aprobar el proyecto, según recordó el FMI esta semana. Pero cuando faltan 10 días para el comienzo del último mes del año, aún se está definiendo la fecha del llamado a un encuentro, quiénes serán los encargados en el Gobierno de llevarlo a cabo, los interlocutores que se convocarán dentro de Juntos por el Cambio, y el ámbito en que se celebrarán las conversaciones.
En declaraciones a Radio Con Vos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el viernes que el acuerdo se cerrará antes de fin de año. En la Casa Rosada van más allá y aseguran que quieren debatir la hoja de ruta antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Pero algunas voces señalan que será imposible con los tiempos que corren, ante la demora en la generación de un documento con propuestas concretas. Apuntan a llamar a sesiones extraordinarias para cerrar los apoyos hacia febrero.
Ámbitos
Mientras corre el reloj, el Gobierno busca interlocutores en la oposición y dispone la estrategia para empezar a dialogar con el ala blanda de Juntos por el Cambio. La primera etapa, aseguran en el oficialismo, estará a cargo exclusivamente de la Casa Rosada, después pasará por el Consejo Económico y Social, y finalmente por el Congreso.
Sin embargo, los diálogos ya empezaron a gestarse de manera informal, y subterránea, en el ámbito legislativo, juran en el Frente de Todos, entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y referentes del interbloque opositor como Cristian Ritondo, de PRO, y el futuro diputado nacional por la provincia de Buenos Aires que viene de ganar las elecciones bonaerenses, Diego Santilli.
En la oposición se muestran reacios a admitir esas conversaciones. Sigue presente en sus filas el recuerdo de los manoseos durante la negociación por la postergación de las PASO, que acarreó fuerte ruido interno en el interbloque opositor en el primer semestre de este año, después de la visita de los principales exponentes de PRO y el radicalismo a la Casa Rosada, donde fueron recibidos por Massa y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre trascendidos sobre un acuerdo que aún no estaba cerrado.
En los últimos días, distintos referentes salieron del ala dura de Juntos a aclarar que no están dispuestos a tener conversaciones sobre conceptos “vagos” que no tengan el respaldo de la totalidad del Frente de Todos, como sostuvo ayer el presidente de la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo, en diálogo con radio Continental.
En el Frente de Todos se repartirán en distintos ámbitos el llamado al diálogo, que culminará en el Congreso con un debate sobre tablas del proyecto que tiene planeado presentar el Ejecutivo. Por ahora, como es habitual, hay silencio sobre el rol que ejercerá Máximo Kirchner, actor central como líder kirchnerista y titular de la bancada oficialista.
La primera parte, aseguraron a Infobae, estará en manos del Ejecutivo. La primera instancia de acuerdo se buscará consensuar con los gobernadores opositores: al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y los jefes provinciales de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Jujuy, Gerardo Morales. Todos mantienen matices en el vínculo con el Gobierno.
El primero, con el perfil más alto en Juntos por el Cambio, mantiene la postura más crítica, aunque se ubica dentro del ala moderada de la oposición. Cerca del alcalde porteño no olvidan la “puñalada” de la quita de manera “intempestiva y unilateral” de la coparticipación de la Ciudad que forzó Alberto Fernández después del veranito en la relación por la gestión de la pandemia, en 2020.
Los tres últimos gobernadores tienen una relación oscilante con el Presidente, que en distintas ocasiones visitó sus terruños, al igual que el ministro del Interior y referente camporista, Wado de Pedro. Y ellos mismos asistieron a varios encuentros en la Casa Rosada, de manera presencial o virtual, por cuestiones vinculadas a la gestión, en especial por obras públicas y la administración de la pandemia.
En el Gobierno creen que a final de cuentas, los cuatro se sentarán a dialogar y que les brindarán acompañamiento más allá de las consecuencias que les pueda acarrear un acercamiento al interior de su fuerza política. “Ellos también tienen responsabilidad de gestión. Necesitan que se cierre el presupuesto y asegurar las inversiones en sus provincias. No van a cerrar la puerta”, se confió un funcionario en diálogo con Infobae.
En el esquema de esas conversaciones, aseguran en el Gobierno, tendrá un rol importante el jefe de Gabinete, Juan Manzur, representante de los gobernadores en la Casa Rosada desde que asumió nombrado por Alberto Fernández con el visto bueno de Cristina Kirchner después de las PASO. El gobernador de Tucumán en uso de licencia mantuvo algunas conversaciones “bilaterales” con los opositores, destacaron en Gobierno. Y fue el encargado, por orden del Presidente, de darle un perfil político a la negociación -y no exclusivamente económico- durante su visita a Nueva York en los primeros días de octubre, poco después de asumir el cargo.
Otra etapa, aunque con menor centralidad, estará a cargo del Consejo Económico y Social que comanda el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, hombre cercano a Alberto Fernández, que mantiene vínculos aceitados con el ministro de Economía, Martín Guzmán y sigue al pie los detalles de las negociaciones con el FMI. De hecho, estuvo en Washington en la previa de las elecciones para la reunión con el Consejero de Seguridad Nacional de Joseph Biden, Jake Sullivan. Y después participó junto a Guzmán de la cumbre del G-20, en Roma. En ambas instancias se buscaron apoyos internacionales para la Argentina por el pago de la deuda.
Al tanto de las tratativas entre el Gobierno y el Fondo, Béliz tendrá un papel central en la negociación con los sectores empresariales, sindicales y sociales. Pero en el organismo ya avisaron que las discusiones empezarán una vez que se haya consensuado el documento con la oposición, y no antes.
Consenso interno
En la Casa Rosada aclararon por distintas vías que el programa que elabora la cartera de Economía tiene apoyo del kirchnerismo. El discurso institucional grabado que emitió la Presidencia la noche de las elecciones, donde Alberto Fernández anunció el envío del proyecto al Congreso y la intención de dialogar con la oposición, cuenta con “el aval” de Cristina Kirchner, aseguraron en Balcarce 50.
Lo mismo dijeron con respecto al discurso de tono “conciliador” que enunció el jefe del Estado el miércoles en la Plaza de Mayo, donde festejó la remontada en los resultados de las Generales, y abrió la posibilidad del diálogo con toda la oposición, con excepción de Mauricio Macri. Si se compara su alocución con las que enhebró durante la carrera por las Generales, el tono fue -adrede- menos duro.
Cerca de Macri desestiman la exclusión del ex presidente que planteó Alberto Fernández. “Alberto y Mauricio no van a hablar. Pero su gente, sí. De alguna forma, va a formar parte de las negociaciones”, destacó un armador del ala dura cambiemita.
En Juntos vienen reclamando por el doble discurso del Gobierno. En el terreno internacional y en foros empresarios, el Presidente proclamó la necesidad de acercamiento; mientras que en actos políticos, como los que tuvieron lugar en Morón, y Merlo, expresó todo lo contrario, con chicanas y ataques de estilo resonante contra la fuerza opositora por la toma de deuda durante la anterior administración. Ante las consultas sobre esa especie de bipolaridad, en la Casa Rosada aludían a la necesidad de “hablarle a los propios” en la carrera proselitista donde terminaron mejorando el resultado bonaerense pero sin alcanzar un triunfo.
Además, en la oposición acusan al oficialismo por la falta de información y se atajan ante la posibilidad de que asistir en caso de que se los convoque, desde el Congreso, con Sergio Massa a la cabeza, a discutir y firmar una hoja de ruta con parámetros generales, sin ejes concretos. “Hasta que no esté el programa final que quieren presentar, no nos vamos a sentar a discutir. No podemos debatir algo que después pueda sea vetado por Cristina Kirchner”, sostuvo un dirigente radical.
En el Gobierno creen que en Juntos se muestran reacios a un diálogo, también, de cara a su electorado, pero aseguran que terminarán negociando. “No tienen espacio para no sentarse. Ellos tomaron la deuda, se tienen que hacer cargo de ayudarnos a refinanciarla. También piensan en sus proyectos políticos para 2023: si el país se va al tacho, saben que no les va a convenir heredar ese desastre”, sostuvo un funcionario.
Desde el domingo, cuando el Presidente manifestó su intención de convocar al diálogo, ninguno de los referentes más importantes del kirchnerismo salió a sentar su posición públicamente. Aunque tampoco planteó una disidencia. Pero en el historial más reciente de posicionamientos sobre el tema que se transformó en el eje de todas las discusiones de la agenda política se encuentra el video que publicó La Cámpora en sus redes sociales, en el comienzo de noviembre, donde directamente llamó a “no pagar” al FMI, con imágenes de Máximo Kirchner editadas junto a las de militantes de base.
Hoy, en las filas del camporismo aseguran que se trató de una arenga de campaña, y comparan esas críticas con los discursos belicosos contra el Fondo de parte de Alberto Fernández. “Era para la tribuna. En los papeles la realidad es otra”, acotaron en la organización de Máximo Kirchner.
En paralelo, el Gobierno se entusiasma con la profundización de la grieta opositora, donde las batallas internas volvieron a encenderse después del triunfo de las PASO. En los últimos días empezaron a correr los pases de factura por la cantidad de votos obtenidos -podrían haber sido más, calculan en el ala dura-, y por la fuga de adhesiones por la derecha de José Luis Espert y Javier Milei. Y los radicales ya manifestaron sus intenciones de ganar espacios de poder al PRO en el recambio legislativo, en el Congreso, y frente a las candidaturas para las elecciones Presidenciales 2023. La Casa Rosada mira esas disputas con ilusión y los funcionarios cercanos al jefe del Estado creen que el debate con el Fondo las remarcará.
Dólares para “no ajustar”
“La Argentina no aguanta otro ajuste. No hay espacio para eso, de ninguna manera”, dijo un importante funcionario de La Cámpora a Infobae. Desde el kirchnerismo le vienen manifestando planteos similares al Presidente. El proyecto que elabore Guzmán debe contentar las demandas del Fondo y de la oposición, pero también del kirchnerismo de cara a los próximos dos años de gestión del Frente de Todos, por ejemplo, en la política tarifaria.
En la Casa Rosada repiten que “no habrá un ajuste”, sino que se tratará de una “corrección” en las variables económicas, con el déficit público en el centro. Y apuntan en la estrategia a la obtención de “cuatro años de gracia” en los pagos.
Para paliar el recorte en jubilaciones, las subas tarifarias y contener la brecha cambiaria, Economía planea apoyarse en una estrategia de “generación de dólares” que apunte al mercado internacional a través de la “promoción de exportaciones” y de inversiones extranjeras, aseguraron.
En este sentido, el Presidente instruyó al canciller Santiago Cafiero para que las embajadas se transformen en “enlaces de negocios” que “acompañen a las empresas argentinas”. Esta semana, Cafiero, a quien Alberto Fernández mantiene muy cerca en la gestión diaria a pesar de su desplazamiento de la Jefatura de Gabinete, tuvo una reunión con ADEFA, la asociación de fábricas de automotores, donde conversó con los presidentes de Ford, de Toyota, de Iveco, entre otros.
“Quedaron en trabajar coordinadamente la agenda de la industria automotriz argentina para fortalecer su perfil exportador y avanzar en la apertura de nuevos mercados”, dijeron en el Palacio San Martín. Y destacaron que “hablaron sobre los mercados de Chile, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México y Norte de África, intercambiaron propuestas encaminadas al perfeccionamiento de acuerdos y trabajaron en la planificación de actividades de promoción comercial, como las misiones previstas en los próximos meses en Sudáfrica y Egipto”.
En tanto, el Ejecutivo proyecta enviar al Congreso un paquete de cuatro leyes en las que viene trabajando Massa, para impulsar, respectivamente, el desarrollo de la industria automotriz, del turismo -en la línea de la festejada experiencia del Previaje que encabezó el ministro Matías Lammens-; de la agroindustria y del sector energético.
“Son leyes que servirían como marco para generar dólares, en la línea del discurso del Presidente sobre la hoja de ruta de acuerdo con el fondo en diciembre. Es parte del plan plurianual que tiene contemplada la forma de generar mejoras en la macroeconomía con el ingreso de divisas”, destacó un importante funcionario, que no descartó que las iniciativas legislativas se incluyan en el programa plurianual de Guzmán. “Esto no se va a hacer a costa de un ajuste, sino de un crecimiento, y para esto se están incluyendo leyes que la semana que viene van a empezar a tener un espacio propositivo para dialogar”, sostuvieron desde el oficialismo.
Esta semana está previsto un evento por el Día de la Construcción, del cual podría participar Alberto Fernández, en el marco del acercamiento con los sectores de la economía que se verán afectados por el acuerdo, adelantaron.
“El diálogo por la deuda se va a promover en la Casa Rosada, y probablemente sea la semana que viene”, adelantó un funcionario nacional. Del otro lado del río, en Juntos por el Cambio, no tienen noticias de la apertura de las instancias de conversación. Y no creen que el eventual consenso tenga su foto institucional hasta que Guzmán no exhiba qué quiere el FMI y en qué plazos.
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