Como gesto al FMI y a la oposición de cara a un acuerdo sobre el programa para empezar a definir la postura del país sobre las metas económicas para los próximos años y refinanciar la deuda externa, el Gobierno extendió la actividad del Congreso Nacional a través de una prórroga de las sesiones ordinarias, y se descarta un llamado a extraordinarias.
De esta forma, el Gobierno busca dejar la agenda abierta para que tanto el Frente de Todos como la oposición de Juntos por el Cambio y el resto de los espacios puedan proponer los temas a tratar en el último mes del año, según dijeron fuentes de la Casa Rosada a Infobae. Si llamara a Extraordinarias, por norma interna, el temario sería propuesto por el Ejecutivo. Como se trata de una prórroga de las Ordinarias, todas las fuerzas políticas pueden fijar su propia agenda y sus prioridades.
En Balcarce 50 enfatizaron que la decisión está enmarcada en un intento de “demostrar intención de diálogo” con la oposición mayoritaria, ante la necesidad de consensuar apoyos al plan del Gobierno para acordar con el FMI.
De acuerdo al Decreto 799/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la extensión de las sesiones legislativas es hasta el 31 de diciembre, pero en la práctica se llevarían a cabo hasta el 22. “De esta forma abrimos el juego para que la oposición tenga margen de iniciativa”, dijo un importante funcionario en la Casa de Gobierno. En paralelo, se realizarán las sesiones preparatorias para la jura de autoridades que se realizará el 10 de diciembre.
La misma noche de las elecciones legislativas donde el Frente de Todos perdió en la mayor parte de los distritos del país, el Presidente anunció el envío al Congreso, “en los primeros días de diciembre”, de un plan para refinanciar la deuda externa. Para aprobarlo, necesitará del apoyo de Juntos por el Cambio.
Ayer, a través de un vocero, el organismo de crédito que conduce Kristalina Georgieva pidió “amplio apoyo político” de todo el arco al “programa integral”, y destacó problema de la alta inflación. Los tiempos apremian y el Gobierno quiere aprobar el programa antes de marzo.
La prioridad legislativa para el Frente de Todos es el debate de ese programa económico plurianual, que está basado en las negociaciones que viene manteniendo el Gobierno con el FMI para lograr un acuerdo sobre el refinanciamiento de la deuda de 45.000 millones contraída durante la administración de Mauricio Macri.
Los detalles del plan, que se mantienen bajo estricto hermetismo, aún están bajo análisis del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán. Mientras que el llamado al diálogo con Juntos por el Cambio no tiene aún una fecha concreta. El Gobierno se encuentra en pleno proceso post electoral de recalibramiento interno, con la inminente marcha para “festejar” el resultado final de la elección. Pero espera, también, que se ordenen las posturas en Juntos por el Cambio, donde conviven miradas entrecruzadas respecto de las condiciones y el modo en que se celebraría un acuerdo con el Frente de Todos.
El lunes, la vicepresidenta de la bancada oficialista, Cecilia Moreau había adelantado la intención del Frente de Todos de avanzar con la extensión de las sesiones ordinarias. “Nosotros le pedimos a Alberto y a Vilma Ibarra, que prorrogue las ordinarias, es más fácil que pedir extraordinarias, porque así podemos tomar el temario del mismo Congreso. Ahora para sacar dictámenes tenemos hasta el 20, pero si prorrogamos las ordinarias vamos a tener más tiempo”, dijo.
Las otras prioridades de la Casa Rosada son la aprobación del Presupuesto 2022, que se viene postergando desde septiembre, y la prórroga hasta 2025 de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que vence el 23 de diciembre y tiene media sanción del Senado. Si no se extendieran los tiempos legislativos, no habría margen para aprobarla a tiempo en Diputados.
La normativa, que comprende la continuidad del Fondo Fiduciario de Reparación histórica, es central para mantener controlado el conflicto con los grupos autodenominados mapuches en el Sur, que escaló en los últimos meses y provocó una serie de roces políticos con las administraciones provinciales. El Ejecutivo también incluirá en el temario iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la actividad industrial y la creación de empleo, se informó.
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