Alberto Fernández ejecutó un movimiento positivo en su política exterior: acompañó en la Asamblea General de la OEA, un proyecto de Resolución avalado por Estados Unidos y otros 8 países que condena la farsa electoral montada en Nicaragua para facilitar la reelección presidencial de Daniel Ortega.
El giro del Presidente modificó su estrategia diplomática ante Nicaragua que se basada en una peculiar perspectiva del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Alberto Fernández pensaba que se violaba ese principio del derecho internacional, si la OEA cuestionaba las elecciones presidenciales que se hicieron el pasado 7 de noviembre.
Pero las evidencias recogidas en la OEA, que probaron la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua, incidieron en la posición geopolítica que ahora exhibe Alberto Fernández frente al régimen totalitario que regentean Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El voto de la Argentina junto a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana significa una reformulación de la política exterior.
Cristina Fernández de Kirchner siempre forzó un plegamiento diplomático a favor de China, Rusia y Cuba, y sus satélites regionales Venezuela (liderada por Nicolás Maduro) y Nicaragua.
Alberto Fernández quiebra esa línea ideológica en las relaciones exteriores, al votar junto a Estados Unidos un proyecto de resolución que abre una posible instancia de suspensión de Nicaragua como estado miembro de la OEA.
La decisión presidencial también atenúa la estrategia común que protagonizan Argentina y México en todos los foros multilaterales. Alberto Fernández apoyó el proyecto que cuestiona el régimen sandinista, mientras que Andrés López Obrador (AMLO) se abstuvo.
Junto a AMLO se alinearon Santa Lucia, San Vicente & Granadines, Honduras, Belice y Bolivia. Todos países que dependen del petróleo que envía Maduro, de la inteligencia que aporta Cuba o de las relaciones de poder que mantienen con Rusia y China.
Sólo Nicaragua -obvio- votó en contra.
El proyecto de Resolución establece el 30 de noviembre como plazo máximo para tomar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua por haber ejecutado una farsa electoral que benefició al líder sandinista Daniel Ortega. Y propone que el Consejo Permanente haga “una evaluación colectiva inmediata de la situación (nicaraguense), de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.
El Consejo Permanente debe presentar su evaluación colectiva no más allá del 30 de noviembre, y a partir de esa fecha perentoria, una asamblea extraordinaria de la OEA tendrá que decidir la sanción contra Nicaragua.
Esa sanción puede implicar la suspensión de Nicaragua en la OEA hasta que modifique sus acciones totalitarias, que incluyeron la detención arbitraria de los principales candidatos de la oposición y la manipulación de los comicios realizados el 7 de noviembre para forzar la cuarta reelección presidencial consecutiva del comandante Ortega.
El proyecto de Resolución que trató la OEA sostiene lo siguiente
“LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS:
RECORDANDO la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”;
CONSCIENTE de las resoluciones y mandatos adoptados desde 2018 que instan al mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, y de los múltiples esfuerzos de la OEA para colaborar constructivamente con el Gobierno de Nicaragua, a fin de ayudar con el diálogo político y la reforma electoral;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA que el Gobierno de Nicaragua ha ignorado todas las recomendaciones de la OEA y, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha hostigado, restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el proceso electoral, en contradicción con los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana;
ALARMADA por las conclusiones de la CIDH, en su informe “Nicaragua: Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el 25 de octubre de 2021, que señala que “también se estableció un estado policial” a través de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural diseñados por el Gobierno para lograr su “perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades”;
RESUELVE:
1. Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua.
2. Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.
3. Concluir que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno.
4. Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.
5. Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.
Santiago Cafiero tuvo un protagonismo clave en el giro diplomático de la Argentina. Se reunió infinidad de veces con Alberto Fernández y al final coronó una jugada que no estaba en los cálculos de nadie. El canciller diseñó un movimiento de política exterior que también toma en cuenta la correlación de fuerzas adentro del Frente de Todos: mientras se cuestiona al régimen de Daniel Ortega, a la vez se pide prudencia a la OEA para que no inicie una casa de brujas en Nicaragua.
En este sentido, el discurso del vicecanciller Pablo Tettamanti en la OEA, encuentra un equilibrio entre dos fuerzas -externa y doméstica- que hasta ahora nunca habían ido a la par.
Tettamanti, en una declaración que Cafiero revisó con Alberto Fernández hasta la última coma, indicó:
“La Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable, como manifestara el Señor Canciller Cafiero durante su intervención en el debate general”, explicó.
“Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, subrayó Tettamanti.
Y agregó: “La Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos”.
“La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestre esta Organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones”, remarcó.
“Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”, señaló.
Y completó: “Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos”.
Este discurso es una síntesis de la supuesta nueva estrategia diplomática que estrenó Alberto Fernández. Pareciera que se liberó del corset ideológico que siempre marcaba CFK, defiende -otra vez- la vigencia de los derechos humanos- y adelanta a Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y sus socios del Mercosur, que el Presidente aprendió que la geopolítica no es un dogma de fe.
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