Un ciberperitaje judicial controló tuits y likes de dirigentes opositores en las redes y los medios: denuncias y reclamos a la Corte

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió esta tarde un duro comunicado en contra del peritaje que mandó a realizar el fiscal federal Franco Picardi sobre las opiniones de funcionarios o allegados a la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia -entre 2015 y 2019- sobre jueces y fiscales considerados víctimas de la denominada “mesa judicial” que habría existido en aquel periodo. Se trata de un ciberperitaje judicial que dispuso controlar tuits, likes y opiniones de dirigentes opositores en las redes sociales y en los medios de comunicación y que derivó en un pedido a la Corte Suprema para que desactive ese procedimiento por considerarlo un “atentado a la libertad de expresión”.

El texto critica a Picardi y señala que su accionar “ensombrece su digno ministerio, que debió ejercer con absoluta imparcialidad y demuestra que el Fiscal no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo que actualmente ocupa”.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su más enérgico repudio a la investigación seguida por el Fiscal federal Franco Picardi como consecuencia de la cual solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la elaboración de un trabajo de análisis e investigación cuyo objeto es en sí mismo lesivo de la libertad de expresión, de opinión y de peticionar a las autoridades, asegurados a todos los habitantes del suelo argentino por la Constitución Nacional”, sostiene el comunicado en su inicio.

“Además, dicha pesquisa, así dirigida, afecta la independencia del Ministerio Público y la inmunidad de opinión de Diputados de la Nación”, detalla el texto.

A continuación, el escrito comenta sobre la medida: “se dispuso en una causa abierta por denuncia del diputado Tailhade y del Ministro Soria, quienes denunciaron la existencia de lo que denominan como ‘mesa judicial’, en épocas del ex Presidente Macri”.

Sobre el peritaje en cuestión, precisa en las líneas siguientes: “En dicha causa el Fiscal Picardi solicitó a aquella dependencia de la Corte Suprema que elaborara un informe ‘técnico’ de ‘…todas aquellas manifestaciones directas de carácter público –bien sea por entrevistas, conferencias u otros eventos, redes sociales, etc.- de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes en términos profesionales y/o personales…’”.

En ese sentido, el comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, continúa sobre el pedido de Picardi: “Asimismo, el fiscal proporciona palabras clave que servirán para efectuar la pesquisa, menciona qué magistrados judiciales o funcionarios habrían sido aludidos de manera ‘crítica, negativa, peyorativa y/o descalificante’ por un grupo de ex funcionarios del gobierno anterior al actual o por personas que no se desempeñaron dentro de la órbita de aquél Poder Ejecutivo, a los que nombra. Entre estos últimos la investigación se dirige a las opiniones vertidas en diarios, revistas, programas radiales o televisivos, o redes sociales por el ex Presidente de este Colegio, Guillermo Lipera. Pero también abarca los dichos de los legisladores Elisa Carrió, Pablo Tonelli y Federico Pinedo”.

En la parte final del texto difundido esta tarde, el Colegio de Abogados es enfático en el repudio: “La inaceptable medida dispuesta por el Fiscal, al pretender perseguir la opinión crítica vertida por quienes piensan diferente, constituye un ataque claro a la libertad de expresión y al derecho de la población a recibir esa expresión crítica. Constituye también una amenaza a todo aquél que se atreva a expresar sus diferencias respecto de funcionarios políticos o magistrados judiciales y nos retrotrae al triste comportamiento de algunos funcionarios y magistrados que se desempeñaron en las dictaduras más oscuras habidas en el pasado de la Argentina”.

Sobre el cierre, el escrito apunta de manera más crítica sobre el desempeño del fiscal Picardi y sus modos en el accionar: “Dicho comportamiento, además, evidencia que las enseñanzas impartidas en la Facultad que le otorgó el título no han servido de contención a sus preferencias personales, favoritismos que le han impedido ajustar su conducta a lo establecido en la ley y en la Constitución Nacional que juró hacer cumplir. Todo ello ensombrece su digno ministerio, que debió ejercer con absoluta imparcialidad y demuestra que el Fiscal no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo que actualmente ocupa”.

“Consecuentemente, el CACBA reclama la inmediata suspensión de esta bochornosa pesquisa persecutoria de la opinión ajena y solicita a la Procuración General de la Nación y a la Corte Suprema que con carácter urgente tomen la intervención que les corresponde”, concluye el documento con la firma de ‘El Directorio’.

Pedido a la Corte de diputados de la Coalición Cívica

Ante este escenario, el bloque de la Coalición Cívica realizó un reclamo en conjunto a Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia para detener el ciberpatrullaje realizado. Apuntaron a un “ataque a la libertad de expresión”, pero también señalaron una “honda preocupación” por el accionar de Picardi. En el comunicado lo señalaron de “gravedad institucional”.

Además, el escrito comenta: “El ‘informe parcial’, que tiene una extensión de 326 páginas, es un extensísimo trabajo de la D.A.Ju.De.C.O. (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación), que seguramente ha demandado varios días o meses de trabajo y en el cual se debe haber empeñando el trabajo de varios empleados judiciales”. “No es más que un detallado y minucioso ataque a la libertad de opinión”, sostiene.

“El recorte de la realidad efectuado no sólo es caprichoso y arbitrario, sino que tiene por objeto distorsionar la realidad de los hechos”, agrega el documento. E insiste: “El recorte temporal que hace el informe efectuado por el organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando haya sido a pedido de un fiscal federal, tiene visos de persecución a ciudadanos y legisladores que no comulgan con el gobierno nacional, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe adoptar una decisión al respecto”.

En el cierre del texto presentado, el petitorio manifiesta: “Conforme lo señalamos, venimos a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expida sobre el particular, analizando el informe elaborado por la D.A.Ju.De.C.O. y haciendo cesar el hostigamiento denunciado”.

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