Diego Santilli: “Voy a defender a los ciudadanos y a las víctimas, no a los delincuentes”

Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad. Incomprensiblemente, los candidatos que competirán en las elecciones de noviembre raramente son consultados por su plataforma en materia de seguridad y prevención del delito, pese a que suele ser el problema mencionado en primer lugar en las encuestas ciudadanas.

Para suplir esa deficiencia, y para colaborar en la difusión de su proyecto, elaboramos nosotros un cuestionario, que fue respondido por algunos candidatos, a saber: Ricardo López Muphy, José Luis Espert y Carolina Píparo, Cynthia Hotton, Florencio Randazzo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

Hoy, reproducimos las respuestas brindadas por este último, candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires, por Juntos.

Todavía esperamos la confirmación de las entrevistas con Javier Milei, Leandro Santoro, Myriam Bregman, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Del Caño.

Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política Carcelaria. Esperamos poder dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses. Las respuestas serán una confirmación de su genuino interés por la ciudadanía.

VÍCTIMAS

— ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal definida por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?

— Es una ley muy positiva porque pone en el centro a las víctimas del delito y a sus familias y las hace partícipes de todo el proceso. Hoy hay inconvenientes en su implementación que deben resolverse. Por ejemplo, todavía está pendiente designar la figura del Defensor Público de la Víctima en cada Provincia.

— ¿Qué importancia cree que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?

— Una víctima que no conoce sus derechos es dos veces víctima. Es fundamental que la persona conozca sus derechos y tenga a su alcance las herramientas para ejercerlos. La víctima tiene que ser asistida, informada y escuchada ante cada circunstancia del proceso. La Justicia no puede avanzar sin tener en cuenta a la víctima. Es importante impulsar campañas masivas que informen a toda la población cuáles son sus derechos en caso de ser víctima de un delito. Y por supuesto, hay que trabajar a fondo en la prevención para que los delitos no ocurran.

— La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales hasta ahora sólo se designaron 5 y el primero en diciembre 2020. ¿Qué opina sobre esta falta de celeridad y qué propondría para resolverla?

— Cuando los tiempos de la Justicia y la política están alejados de los de la gente, perdemos los argentinos. Es grave que una ley tan importante, que contó con el apoyo y respaldo de víctimas y familiares de víctimas y obtuvo un consenso amplio en el Congreso Nacional, todavía esté sin instrumentarse. Es urgente que la Defensoría General de la Nación informe en qué estado están las designaciones de todos los Defensores Públicos de Víctimas.

— En el año 2016 se constituyó la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. ¿Cree que es un ámbito óptimo de control de gestión de la ley 27.372?

— Sí, los órganos parlamentarios del Congreso son la herramienta válida para asegurar la implementación y la aplicación correcta de este tipo de normativas. Hay que trabajar para que estos mecanismos funcionen eficazmente, protejan a las víctimas de delitos y garanticen sus derechos.

— La 27.372 es una ley nacional de orden público que regula Derechos Humanos. ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil readecuación de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art 37 con miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?

— Sin dudas hace falta decisión política para que las provincias cumplan con esa readecuación, sobre todo porque se trata de una ley que asiste a las víctimas y que regula los Derechos Humanos. Con convicción y firmeza se puede lograr. Lo hizo María Eugenia Vidal cuando envió a la Legislatura bonaerense una reforma del Código Procesal Penal enfocado en la víctima. Con el objetivo de resguardar sus derechos y para que los delincuentes tengan penas más severas.

— ¿Qué propuestas concretas tiene para mejorar el servicio de justicia hacia a las víctimas?

— Es muy importante contar con un sistema permanente de asistencia a la víctima, que dé soporte jurídico, psicológico y de otros tipos que puedan necesitarse. También es importante avanzar en la obligatoriedad de la participación del abogado de la víctima, una figura que tiene que estar financiada por el Estado y que no reemplaza, sino que complementa a la figura del Defensor oficial de la víctima.

FUERZAS DE SEGURIDAD

— ¿Qué opina del presupuesto de las Fuerzas de Seguridad?

— Si queremos vivir en paz y seguros, tenemos que respaldar a las fuerzas con el equipamiento, el salario y las condiciones laborales que necesitan. Cuando me tocó gestionar la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires lo hice con la premisa de que para bajar los delitos es necesario estar del lado de las víctimas, combatir firmemente a los delincuentes y respaldar a la Policía. La víctima tiene que saber que el Gobierno está para hacerse cargo y garantizar la seguridad. El que comete un delito tiene que saber que si la hace la paga. Y los hombres y las mujeres de la Policía tienen que saber que, siempre que obren de manera correcta, serán respaldados. Hoy en Argentina el presupuesto de las fuerzas de seguridad es muy ajustado. Más del 90% tiene como destino el pago de sueldos. Creemos que es importante evaluar la creación de un Fondo Permanente de Seguridad que tenga como objeto la asignación de recursos para inversión directa en las necesidades de las Fuerzas de Seguridad.

— ¿Cree que deberían implementarse las armas taser? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias las considera necesarias?

— Estoy a favor del uso de las pistolas taser. Es una herramienta más que le permite al policía neutralizar a un delincuente sin usar un arma de fuego. Estos dispositivos fueron diseñados para el personal de calle, que es el primero en intervenir y que debe resolver situaciones complejas, muchas veces en segundos, antes de que terminen en tragedia. Combatir el delito requiere planificación y una policía profesional y bien equipada. Hoy, mientras los bonaerenses vemos como corren riesgo nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia, este gobierno no se pone de acuerdo sobre el uso de esta herramienta ni tampoco sobre un plan de seguridad.

— ¿Considera que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad?

— En el combate contra la delincuencia y el crimen lo que hay que hacer es planificar y coordinar. Estoy convencido de que si los argentinos queremos vivir en paz y seguros, tenemos que respaldar a las fuerzas con el equipamiento, el salario y las condiciones laborales que necesitan. La inseguridad es uno de los mayores flagelos que sufren los bonaerenses. Para evitar que los delincuentes sigan lastimando a los trabajadores y las familias, las fuerzas de seguridad tienen que estar en la calle, en las paradas de tren, de colectivo, patrullando los barrios. No puede ser que en la Provincia de Buenos Aires tengamos 15 mil policías haciendo tareas administrativas en comisarías. Esa tarea la tienen que cumplir los civiles. Al Estado y a cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos cuesta mucho formar a un policía para que después no esté donde tiene que estar, que es en la calle. Para combatir la delincuencia también hace falta planificación y decisión política para ir a fondo.

POLÍTICA CARCELARIA

— ¿Qué solución propone frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?

— Necesitamos planificar y destinar los recursos necesarios para la construcción de cárceles y evitar la sobrepoblación carcelaria.

— ¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?

— La primera función de una pena es separar a una persona peligrosa del resto de la sociedad y, sobre todo, de las víctimas a quienes dañó, para quienes la condena representa una forma de reparar de alguna manera el dolor que sufrieron. Ahora, una vez que el delincuente está detenido, debemos trabajar para que ese delincuente cumpla la totalidad de su condena y pueda atravesar un proceso de resocialización para poder ser parte de una sociedad que quiere vivir en paz y en libertad. Las penas tienen que ser ejemplares. Los delincuentes tienen que comprender que no es gratis delinquir, que la Justicia y las Fuerzas de Seguridad están para combatir el delito en la Argentina. El que las hace las paga. La sociedad debe tener claro esto. En ese sentido, las penas tienen que cumplirse porque deben tener un carácter disuasivo. El sentido de la pena, entonces, es intentar que otros que pueden estar dispuestos a cometer delitos no lo hagan.

— ¿Qué opina acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

— En el Congreso yo voy a proponer endurecer las penas y terminar con los beneficios que permiten que los delincuentes salgan antes de tiempo. Un país seguro es aquel donde se detiene a los delincuentes, se los condena y la condena se cumple. Los argentinos y los bonaerenses queremos vivir en ese país. Basta de impunidad, basta de defender a los delincuentes y dejar solos a los trabajadores.

— ¿Qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?

— Con la seguridad de la gente no se puede improvisar. Hay que planificar. Hay que respaldar a la policía. Y hay que ir a fondo. Ir a fondo es detener a los delincuentes, condenarnos y hacer que cumplan su pena hasta el último día. Para detener a los delincuentes, propongo que los 15 mil policías que hoy hacen tareas administrativas estén en la calle, en las esquinas de los barrios, en las paradas de colectivos. Para que el esfuerzo de la policía tenga sentido, tenemos que decirle basta a la puerta giratoria. Propongo modificar el Código Procesal Penal para que los delincuentes que cometieron delitos violentos no entren por una puerta y salgan por la otra. Para condenar a los delincuentes, propongo endurecer las penas del Código Penal contra los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos. Y para que los delincuentes cumplan su condena, propongo terminar con los beneficios que hacen que un violador o un asesino salga de la cárcel antes de tiempo. Delinquir no puede ser gratis. Yo voy a defender a los ciudadanos y a las víctimas, no a los delincuentes.

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