A primera hora de este lunes varias entidades se presentaron ante el juzgado federal a cargo de María Servini para solicitar la reapertura de la causa por la bomba colocada por la organización terrorista “Montoneros” en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en el barrio porteño de Monserrat. El ataque cometido el 2 de julio de 1976 y que provocó la muerte de 24 personas y decenas de heridos y mutilados.
Los denunciantes solicitaron el inmediato llamado a indagatoria y la captura de los miembros de esa organización guerrillera que fue declarada asociación ilícita por el gobierno constitucional de María E. Martínez de Perón. Según la presentación, los crímenes de Montoneros encuadran en la doctrina de “lesa humanidad” creada y aplicada a militares, policías y civiles, por la mayoría de la Corte durante el gobierno de Néstor Kirchner. En el escrito, se señala que dicha doctrina, los numerosos delitos de las organizaciones terroristas no se encontrarían alcanzados por la prescripción, las amnistías y los indultos con que fueron beneficiadas.
Asimismo, recuerda que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en pleno, en la sentencia de la causa contra los Comandantes de las Juntas Militares, mencionó 21.000 atentados cometidos por las organizaciones terroristas, 5.215 de los cuales correspondieron a atentados con explosivos colocados en edificios, fábricas; casas; automóviles; aviones y barcos, incluidos un Hércules C-130 y una fragata misilística de la Armada. Se expresa además que tanto los delitos cometidos por las fuerzas estatales como los de los grupos terroristas guerrilleros en los años 70, se encuentran prescriptos y amnistiados, por lo tanto su juzgamiento implicaría la violación del principio de legalidad consagrado por la Constitución Nacional ya que esos crímenes no estaban contemplados como delitos de lesa humanidad en ninguna norma escrita. El Estatuto de Roma, que los tipifica, entró en vigencia para la Argentina en el año 2007, no pudiendo aplicarse en forma retroactiva. No obstante -sostienen los denunciantes- se puede observar la casi unánime adhesión de todos nuestros tribunales federales a la doctrina sentada por la mayoría de la Corte Suprema conformada en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de los fallos “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”, en el sentido de que tales delitos se tratan de crímenes de lesa humanidad.
“Si las más bajas jerarquías de las fuerzas y más de 35 ex jueces y fiscales y muchos otros civiles se encuentran juzgados y detenidos por los enfrentamientos de aquellos años, no resulta ni moral ni jurídicamente aceptable que no lo sean los autores materiales y mediatos de los aberrantes crímenes cometidos por las organizaciones terroristas que asolaron el país desde 1969 hasta 1980, y reiteraron su criminal osadía en la cobarde toma del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada en 1989, a seis años de la recuperación democrática”, dice el escrito presentado este lunes en la justicia federal.
En la denuncia -la primera de una serie contra Montoneros, ERP y MTP- también se revelan vínculos que estas organizaciones tendrían con el terrorismo islámico. Según relatan los denunciantes, “Montoneros” cerró un acuerdo mediante el cual recibió armamento pesado y liviano y capacitación militar en campos de entrenamiento de Siria y El Líbano junto a otras organizaciones terroristas como las Brigatte Rosse, Basder Meinhof, el MIR chileno y otras organizaciones terroristas, a cambio de tecnología en la fabricación de explosivos desarrollada por químicos pertenecientes al grupo guerrillero argentino.
Esa relación, confesada por ex miembros de Montoneros, nació -señala la denuncia- a través del acuerdo celebrado por Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y otros jerarcas montoneros con la Organización por la Liberación de Palestina y su brazo armado, Al-Fatah, y fue continuada luego con la organización terrorista Hezbollah, fundada, entrenada y solventada por la llamada “Guardia Revolucionaria Iraní”.
Ese vínculo de “hermandad”, como les gusta llamarlo, se mantiene hasta la actualidad lo que explica -según el escrito- la política exterior del kirchnerismo cercana a la República Islámica de Irán, sospechada por la Justicia argentina de brindar protección a los autores de los atentados a la embajada de Israel y de la AMIA.
“Montoneros” y sus miembros copiaron de sus “hermanos”, los grupos terroristas fundamentalistas islámicos –con quienes además de acuerdos militares coordinaron políticas en las organizaciones y congresos internacionales con sede en Cuba- la modalidad de extenderse a través de organizaciones de base. En la presentación ante la jueza Servini, se destaca que esa la dirección en que se han movido Emilio Miguel Angel Pérsico, uno de los entrenados por el terrorismo islámico y partícipe en los asesinatos de Francisco Soldatti y el derrumbe de la casa de la familia Klein, así como Roberto Cirilo Perdía, éste último uno de los autores del copamiento del Regimiento de Monte 29 de Formosa en el cual asesinaron a diez conscriptos, un oficial y un suboficial del Ejército.
Asimismo, en el texto presentado en la justicia federal los denunciantes afirmaron que la numerosa ejecución de rehenes indefensos y otros actos crueles e inhumanos practicados los miembros de las organizaciones guerrilleras, los sitúa además como autores de los llamados crímenes de guerra, contemplados por la ley argentina desde 1959. Y agregan “los miembros de la organización político militar Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otras organizaciones terroristas, tuvieron siempre como objetivo -de acuerdo a las propias confesiones de sus miembros- la toma del poder público por las armas e incluyó siempre la perpetración de los más diversos y aberrantes delitos sin discriminación de víctimas.”
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