La velocidad para alcanzar el equilibrio fiscal de Argentina es un obstáculo entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva para cerrar el acuerdo que refinancie la deuda de casi 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El sábado 30 de octubre, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Gustavo Beliz se encontraron en Roma con la directora gerente Georgieva, Geoffrey Okamoto -número dos en el FMI- y Julie Kozack para revisar la negociación y llegar a un punto de contacto que satisfaga los intereses de ambas partes.
La reunión fue cordial y amena, pero no se avanzó un milímetro. El Presidente descarta un rápido descenso del déficit y el cónclave en la embajada argentina terminó con un saludo formal y la voluntad política de continuar la negociación hasta formalizar un acuerdo.
Avalado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía considera que es innegociable renunciar a un aumento del gasto público durante la crisis post pandemia. Ello no implica -desde la perspectiva de Guzmán- un incremento del déficit. El jefe del Palacio de Hacienda intenta consolidar un crecimiento económico constante para que la suba del gasto no derive en un mayor déficit en las cuentas públicas.
La estrategia de Guzmán es resistida por el Fondo, por eso aún no hay acuerdo y todo se demora. El ministro es respetado por Georgieva, Okamoto y Kozack, pero no comparten su optimismo y el programa que plantea para lograr la refinanciación de los 44.000 millones de dólares que obtuvo Mauricio Macri por decisión política de Donald Trump.
Tras la reunión con Georgieva en la sede diplomática, Alberto Fernández comprendió en esa tarde romana que la geopolítica es una materia inasible para un jefe de Estado que administra un país periférico. La resistencia de Georgieva al programa argentino replicó en las negociaciones secretas que debatían la redacción del comunicado final del G20.
El Presidente estaba confiado en lograr que ese comunicado sugiriera que el Fondo debía revisar su posición respecto a la vigencia de los sobrecargos, una multa costosa que se impone a los deudores que accedieron a créditos por encima de su cuota.
La posición oficial propone un nueva arquitectura financiera global y a su vez apunta a lograr que la Argentina no pague 1.000 millones de dólares de sobrecargo por año. Esa multa costosa refleja la decisión política de Macri de aceptar un Stand-By por 57.000 millones de dólares que excedía en un 1.300 por ciento su cuota como estado miembro del FMI.
La confianza del Presidente respecto a los sobrecargos quedó suspendida en el aire cuando le informaron que no había consenso para incorporar la sugerencia de la Argentina al comunicado final.
Ese inesperado retroceso diplomático estaba vinculado al programa económico que había presentado Guzmán al staff del FMI para obtener la refinanciación de los 44.000 millones de dólares concedidos a Macri. Por instrucción directa de Alberto Fernández, el ministro de Economía no aceptaba los planteos del Fondo respecto al déficit fiscal. Y esa resistencia tenía su eco geopolítico en la redacción del comunicado del G20.
Alemania, Canadá y Australia fueron el fronting de Estados Unidos y Japón, que se oponían a revisar los sobrecargos. No era un asunto ideológico, era una postura basada en la realpolitik global: si se concedía la petición de Alberto Fernández en Roma, el sistema financiero podía leer que estaba muy cerca de un acuerdo con el FMI.
El G20 se mueve por consenso. Es su regla de oro.
Un día antes de concluir la cumbre de líderes en Roma, el Gobierno estaba apretado por una pinza de poder global que excedía sus propias capacidades como país emergente. No había mención de los sobrecargos en el comunicado final, y a la vez no se avanzaba en la negociación con el FMI para evitar un default.
“Así no firmamos”, le dijo Alberto Fernández a Jorge Arguello embajador en Estados Unidos y Sherpa de Argentina en el G20.
Arguello conoce cómo funciona el poder mundial, y su red de contactos se multiplicó con su cargo de embajador en Washington. El Sherpa inició un raid multilateral sin apartarse un centímetro de la instrucción presidencial y al final logró un milagro diplomático a favor de la Casa Rosada.
“Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI, en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios”, sostiene el punto 10 del comunicado del G20.
La zozobra diplomática causada por la mención de los sobrecargos en el comunicado del G20 profundizó un debate solapado en el Gobierno respecto a la estrategia de negociación que ejecuta Guzmán frente al staff y el board del Fondo Monetario Internacional.
El ala con seniority político y experiencia internacional de la Casa Rosada considera que no tiene sentido estratégico empujar primero la reducción de los sobrecargos, cuando aún no hay un acuerdo básico con el FMI. Y que lo mejor sería poner a los sobrecargos como un punto más de la negociación.
“Guzmán está empecinado con los sobrecargos”, sintetizó un calificado miembro del Gobierno que conoce la entretela de las conversaciones con el FMI.
El ministro de Economía y Santiago Cafiero rechazan esta perspectiva política. Guzmán y el canciller explican que la crítica pública a los sobrecargos apunta a sostener la necesidad de reformar el sistema financiero global, además de la posibilidad de evitar un desembolso de 1.000 millones de dólares al año que no sobran en las reservas del Banco Central.
“La pandemia nos afectó a todos. Y los sobrecargos es un concepto que debe ser revisado”, explicó Cafiero en Roma cuando aún sesionaba el G20.
Los argumentos de Alberto Fernández, Cafiero y Guzmán contrastan con las opiniones de Georgieva, Okamoto y Kozack. Y en el board no hay mucho consenso para validar la posición política del Presidente y sus ministros.
Es más: pese a la sugerencia del G20 en Roma, no hay certeza del tratamiento de los sobrecargos en la reunión del FMI prevista para fin de año.
—“¿Creen que en diciembre el board del FMI va a tratar el tema de los sobrecargos?”, le preguntaron a Cafiero a 8.000 metros de altura.
—Como tener fechas, no tenemos. Pero Argentina seguirá insistiendo en su posición-, reconoció en el vuelo de regreso de Glasgow a Buenos Aires.
La réplica de Guzmán frente a las dudas del FMI consiste en lograr un apoyo político total de los principales factores de poder de la Argentina. El ministro explica en la intimidad que si hay respaldo a su programa, la moneda se puede fortalecer y el acuerdo con el Fondo podría alcanzar una mayor viabilidad.
Esta táctica depende de las consecuencias internas en el Frente de Todos después de los comicios del 14 de noviembre. Si no se repite la crisis post PASO, es probable que Guzmán pueda exhibir los consensos mínimos que ya logró con ciertos protagonistas del poder en el país. Caso contrario, si La Cámpora y el Instituto Patria colocan en una situación de jaque perpetuo a Alberto Fernández, el ministro quedará en soledad ante el board del FMI.
En términos lineales: el programa de sostenibilidad económica funcionará -desde la perspectiva del Presidente y Guzmán-, si además de cuadrar los números y las variables, los protagonistas del poder en la Argentina acompañan al Gobierno frente al organismo multilateral.
El 20 de marzo de 2022, vence un pago de capital de 3.000 millones de dólares que comprometió Macri en 2018.
Ese es el plazo límite. El deadline para cerrar la negociación con el FMI.
Si ese día ya no hay un acuerdo firmado para refinanciar la deuda, Argentina -otra vez- estará en default.
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