La búsqueda de Jorge Julio López, secuestrado y torturado en la última dictadura, y desaparecido el 18 de septiembre de 2006, en plena democracia; recobró impulso a través de una decisión judicial ordenada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. Dictó una medida de “no innovar” sobre 66 tumbas NN del Cementerio Municipal de La Plata. Esto es, que las autoridades “se abstengan de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios” sobre esas tumbas con “restos no identificados” que ingresaron a la necrópolis local desde el día en que albañil salió de su casa para estar presente en los alegatos de la querella contra el represor y ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó a destino. López fue uno de los testigos en la causa que condenó al genocida.
El magistrado, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, le confirmó a Infobae la resolución que adoptó y precisó que lo hizo a instancia de los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda.
Los 66 cuerpos fueron individualizados durante la investigación que intenta establecer el paradero de López, víctima de desaparición forzada hace 15 años.
La preservación de las tumbas fue solicitada por los representantes de la Unidad Fiscal que interviene en los casos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado en la jurisdicción de los tribunales federales de La Plata y en causas conexas.
La desaparición de López aún es un misterio y la causa judicial no tiene detenidos ni sospechosos. Los fiscales trabajan en varias hipótesis. Una de ellas, la que se desprende del legajo número 10, caratulado “Hallazgos - Cadáveres - Restos”, está guiada por la posibilidad de que la víctima haya muerto y sus restos ingresados a una morgue o cementerio sin el registro debido. Por lo tanto, está dirigida a la constatación de todos los restos NN hallados en todo el país desde 2006 en adelante.
Según se explicó a este medio, el pedido de “no innovar” que autorizó el titular del Juzgado Federal 3 de La Plata es “preservar los restos ante la posibilidad de que surjan elementos en la investigación que hagan sospechar que alguno de los cuerpos pueda ser el de la víctima”.
En ese caso, se solicitará el cotejo genético con muestras de sus familiares. Mientras tanto, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Schapiro y Miranda realiza otras medidas de prueba, en este caso, documental, en las causas penales del fuero ordinario por hallazgos de los 66 cuerpos no identificados y en la Dirección Provincial del Registro de las Personas para dar con huellas dactilares y cualquier otro dato que permita consolidar o descartar la hipótesis.
Para esta labor, la Unidad Fiscal solicitó la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense, del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Es un trabajo de largo aliento. Los fiscales requieren periódicamente la actualización de los registros de ingresos de cuerpos NN a todas las morgues judiciales del país, aunque -para circunscribir el trabajo- profundizaron la búsqueda de restos en los cementerios de los distritos que componen la jurisdicción de la Cámara Federal de La Plata.
Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido por primera vez la noche del 27 de octubre de 1976 durante un operativo represivo en la localidad platense de Los Hornos, junto a otros militantes peronistas.
Los grupos de tareas (GT) desplegados ese día estaban al mando del director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, hombre de extrema confianza del jefe de la fuerza, coronel Ramón Camps.
López fue secuestrado y torturado casi seis meses en cuatro centros clandestinos de detención: Cuatrerismo, Pozo de Arana, Comisaría Quinta y Comisaría Octava. Formaban parte del denominado “Circuito Camps”.
Además de las vejaciones sufridas, López fue testigo de varios asesinatos, entre ellos los de sus compañeros de militancia en Los Hornos, Patricia Dell’Orto y Ambrosio Francisco de Marco.
El 4 de abril de 1977 López fue “blanqueado” y puesto “a disposición del Poder Ejecutivo” en la Unidad 9 de La Plata, de donde fue liberado el 25 de junio de 1979. El albañil y militante fue una de las víctimas que sobrevivió a la pesadilla para contarlo ante los tribunales de la democracia que juzgaron a los represores.
Su testimonio fue clave para la condena de la ex mano derecha de Camps a quien se lo acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en los 21 centros clandestinos de detención que había tenido bajo su mando.
Entre los crímenes por los que Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes, conocido en La Plata conocida como la Noche de los Lápices; la apropiación de menores y la desaparición de López.
Como otros genocidas, el policía fue beneficiado por la aplicación de la Ley Obediencia Debida, dictada durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, pero en 2006 cuando fueron anuladas en durante la administración de Néstor Kirchner, volvió a ser juzgado en las causas que habían sido cerradas y otra vez condenado. López fue uno de los principales testigos.
El 28 de junio de 2006, ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, Jorge Julio López brindó un testimonio “impactante”, según el recuerdo que aún conserva Carlos Rozanski el presidente del TOF. No solo conmovió con el relato de los padecimientos a los que fue sometido, y las secuelas que arrastraba. Sin margen de dudas reconoció a Etchecolatz como uno de los represores que lo habían torturado y como autor material del asesinato de Patricia Dell’Orto.
“Patricia le gritaba ‘no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija’ y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algún día encuentran el cadáver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Buum otro tiro”, les contó López a los jueces mientras señalaba con un dedo el centro de su frente.
Setenta y ocho días después de su intervención en el tribunal, el hombre de 77 años desapareció de su casa.
La familia cree que alguien lo engañó para que saliera de la casa, porque lo acordado era que esperaría allí a que llegara Gustavo, el sobrino, para llevarlo, a eso de la 10 de la mañana, en su auto hasta el Palacio Municipal de La Plata, donde funcionaba el tribunal presidido por el juez Rozanski.
Rubén, su hijo, recuerda los detalles de la tragedia ante Infobae, de esta manera: “Esa mañana unas cinco personas vieron a mi viejo en la calle, cerca de casa. La última que lo vio caminando fue una señora de una verdulería, en la calle 137 entre 66 y 67″. A partir de allí, nadie más lo vio, aunque después se pudo determinar que había caminado otras dos cuadras desde ese lugar.
La concatenación de hechos llevó a los primeros investigadores de la causa a sospechar que el torturador de López tenía que ver con su segunda desaparición.
Pero no había pistas. Indicios, hechos que acercaran a los pesquisas hasta el represor. A fines de octubre de 2014, ocho años y dos meses después de su ausencia, el genocida se encaminaba a una nueva condena a prisión perpetua, en otro juicio precedido por el mismo Carlos Rozanski.
La lectura de la sentencia avanzaba. De pronto, de manera desprevenida para la mayoría de los presentes, el ex jefe de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó entre sus arrugadas manos un pequeño papel blanco. Lo leyó, esbozó una sonrisa, y al final del juicio, intentó entregárselo a los magistrados, pero los policías que lo custodiaban se lo impidieron.
En el papel, Etchecolatz había escrito, de puño y letra: “Jorge Julio López”. ¿Fue un mensaje siniestro? ¿Se trató de una provocación de la mente afiebrada de un perverso? El torturador, de 92 años, condenado a 8 cadenas perpetuas, preso en Campo de Mayo, nunca lo explicó.
La causa, que investiga la UFI especial de La Plata caratulada como “presunta desaparición forzada de persona” también se nutre de los expedientes abiertos por hallazgos de restos humanos no identificados.
El Ministerio Público, desde su página web también informó que “en el marco de la investigación, la Unidad Fiscal solicitó los registros a las diferentes municipalidades, entre ellas la de La Plata. Para evitar la caída en errores en la registración, la búsqueda de NN se realiza desde el 1° de enero de 2006 hasta la actualidad” y precisó que “la Municipalidad de La Plata solicitó, en el marco de la pandemia, que la tarea de relevamiento sea realizada por el Ministerio Público Fiscal o personal designado por la fiscalía”.
La tarea fue titánica, los fiscales junto a especialistas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron el relevamiento de los 117 libros de 400 fojas cada uno labrados desde aquella fecha hasta fines de octubre.
El trabajo también incluyó el libro secuestrado por la Justicia penal de La Plata en la causa en la que investiga las muertes durante la inundación que devastó a la ciudad el 2 de abril de 2013, para lo cual fue necesario que los investigadores se constituyan en los tribunales locales con el objeto de revisar los registros del libro del cementerio secuestrado en ese expediente.
Finalizada la tarea, se constató, de manera fehaciente, la existencia de 66 tumbas NN. Por esa razón, los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda solicitaron la preservación de los cuerpos. El juez Ernesto Kreplak les dio la razón.
Comienza ahora la meticulosa tarea de acreditar el sexo y la edad aproximada de los cuerpos, para solicitar los exámenes de ADN y acreditar o descartar que alguno de ellos sea el de Jorge Julio López. El militante, el albañil, el testigo, la víctima, el hombre dos veces desaparecido. El padre de familia que no pudo escuchar la veredicto en contra su torturador.
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