La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus hijos, el diputado de la nación Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner pidieron su sobreseimiento en “Los Sauces” y “Hotesur”, dos causas en las que están elevados a juicio oral por presunto lavado de dinero en el alquiler de sus hoteles y propiedades.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el pedido fue realizado la semana pasada por Alberto Beraldi, abogado de los Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que tiene a su cargo el expediente. Beraldi también solicitó el sobreseimiento de Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y de su cuñado Patricio Pereyra Arandia, otros dos acusados del caso.
“Previo trámite de ley, se dicte el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en orden a los delitos por los cuales fuera acusados, con expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta su buen nombre y honor”, dice la presentación de 65 páginas que hizo la defensa.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces - de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Esa es una de las cinco causas en la que la vicepresidenta está elevada a juicio oral. En dos ya fue sobreseída sin que se haga el juicio: los expedientes de dólar futuro y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió Báez está siendo juzgada desde mayo de 2019. El cuarto expediente es por los llamados “cuadernos de la corrupción”. Y ahora en Los Sauces-Hotesur pidió su sobreseimiento.
Ante el planteo, el TOF 5 le pidió ayer opinión al resto de los acusados para saber si también solicitan el sobreseimiento. Para eso tienen tres días hábiles. Luego será el turno de que opinen el fiscal federal Diego Velasco y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Con eso podrán resolver los jueces del TOF 5, Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg. Este último juez deja el tribunal a fin de mes porque se le vence su subrogancia. Grünberg es titular del TOF 1 y es suplente en el 5 hace dos años y el plazo finaliza en las próximas semanas. Su lugar será ocupado por otro magistrado y la expectativa es si el recambio se da antes de que se resuelva el planteo de Cristina Kirchner.
Cualquier decisión que tome el tribunal será revisada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Es la misma que sobreseyó a la vicepresidenta por la causa de dólar futuro y que deberá intervenir en el expediente de la firma del memorándum.
Obligado y Grünberg ya resolvieron causas de la vicepresidenta. Obligado fue uno de los jueces que la sobreseyó en la causa por la firma del memorándum con Irán. Grünberg votó en el mismo sentido en dólar futuro pero en ese caso quedó en minoría frente a sus colegas del TOF 1. La Sala I de Casación fue quien desvinculó del expediente a la ex presidenta de la Nación.
El abogado Beraldi pidió el sobreseimiento al sostener que no hubo lavado porque todo el dinero que se utilizó en las operaciones de alquileres estaba bancarizado. “Sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”, sostuvo la defensa y agregó que “teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias”.
Así, para la defensa no hay que hacer el juicio oral: “la ausencia de afectación del bien jurídico tutelado en la norma que prohíbe la conducta de lavado de activos fulmina cualquier posibilidad de progreso a la imputación que en esta dirección se efectúa respecto a nuestros defendidos, por su atipicidad, lo cual entendemos evidente y no precisa de la realización de un debate oral para su comprobación”.
El planteo se hizo cuando todavía resta que el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación termine dos peritajes que ordenó el tribunal oral y que fueron pedidos por las defensas. Con uno buscan demostrar que los alquileres se pagaron a precio de mercado y con el otro que los empresarios involucrados tenían ingresos propios por fuera de la obra pública que recibían de los gobiernos kirchneristas.
Por otra parte, Beraldi, junto al también defensor Ary Llernovoy, plantearon en su escrito que para que haya lavado de dinero debe haber un delito anterior del cuál se obtuvo la plata ilícita que se quiere blanquear. Y que en este caso no lo hay ya que las causas a las que hace referencia la imputación están, a su criterio, cerradas.
La defensa también hizo hincapié en la situación de Máximo y sobre todo de Florencia Kirchner. “Recién pasaron a detentar el 100% del paquete accionario de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. a partir del año 2016. Ello, como consecuencia de actos jurídicos cuya validez fue judicialmente corroborada”, señalaron los abogados y de Florencia Kirchner agregaron que “cuando supuestamente se originó la mentada asociación ilícita, apenas tenía doce años de edad; ii) cuando se constituyó Los Sauces S.A., apenas tenía 16 años de edad”.
Por último, Beraldi planteó que si no hay lavado de dinero tampoco existió una asociación ilícita. “No podemos dejar de señalar que la utilización de la figura de la asociación ilícita ha sido una constante en la campaña de persecución llevada a cabo en contra de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo la defensa que pidió el sobreseimiento de los tres Kirchner.
Así, la vicepresidenta de la Nación busca obtener el tercer sobreseimiento de las cinco causas en las que fue elevada a juicio oral.
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