Procesaron a un grupo de ex funcionarios de la TV Pública por los bolsos con dinero en efectivo

El juez Luis Rodríguez procesó sin prisión preventiva a un grupo de ex funcionarios y productores de la Televisión Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal.

El hecho por el que fueron dictados los procesamientos sucedió en marzo pasado, cuando se conoció que habían retirado un total de $11.400.000 en efectivo de la cuenta de la Televisión Pública para llevar adelante la producción del proyecto “Los amores prohibidos de Belgrano”, una miniserie que se había demorado por la pandemia.

Los procesados por Rodríguez fueron: Alejandro De La Torre -Director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales-, Claudio Lamalta —Tesorero—, Guillermo Siaria —Director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales—, Ernesto Molinero —Gerente de Producción— y Ariel Berliner —Subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7- y Adriana Maestri, la proveedora beneficiada por la maniobra.

Una vez conocido el caso se realizó la denuncia penal que le tocó por sorteo al juez Rodríguez quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita. En septiembre pasado el fiscal había pedido el procesamiento de los ex funcionarios porque: “Actuaron haciendo uso abusivo de las funciones que les eran propias por los cargos de funcionarios públicos que ostentaban en la sociedad, con el conocimiento y la voluntad que exige el tipo subjetivo del delito”. En aquel pedido agregó que los ex funcionarios: “Excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada en virtud de los cargos jerárquicos que ostentaban dentro de la estructura de la sociedad dispusieron arbitrariamente de fondos del Estado Nacional en clara violación de los principios generales que rigen su accionar”.

El fiscal había explicado que “los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Pollicita había considerado que “la conducta desplegada por los funcionarios públicos acusados y por la proveedora beneficiada -Adriana Maestri- con el otorgamiento de una millonaria suma de dinero, no solo puede ser subsumida típicamente en el delito de fraude contra la administración pública, sino que también pueden ser encuadrada en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El juez Rodríguez procesó a los ex funcionarios como autores de los delitos y a Maestri como partícipe necesaria.

En la denuncia original estaba incluida la presidenta del directorio de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, Rosario Lufrano. Sin embargo, el fiscal Pollicita luego de la investigación determinó que “todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas”. Lufrano no fue imputada en la causa.

Cuando pidió los procesamientos Pollicita había señalado que ”la maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, lo cual generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”. En aquella ocasión había señalado que a raíz de la difusión del caso, de los $11.400.000 que provocaron la polémica, se logró el retorno de $8.089.083,88.

De acuerdo a lo determinado por Pollicita en la investigación, mientras se ponía en marcha la producción interna “Los amores prohibidos de Belgrano”, los implicados extrajeron la suma de $11.400.000 en efectivo de la cuenta bancaria de RTA SE “con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado”.

Pollicita había dicho que ”la manera de llevar a cabo las transacciones dotó de un total poder de discrecionalidad a los investigados, quienes en un corto período de tiempo se hicieron del manejo de una suma millonaria y con ella encararon distintos pagos presuntamente vinculados con la ejecución de la ficción ‘Los amores prohibidos de Belgrano’ de lo cual se vieron beneficiados ellos mismos y terceras personas”. Esa situación redundó en un “perjuicio a las arcas del Estado, en una clara violación de los principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos —Ley de Ética Pública 25.1889—, y de la normativa interna de la sociedad”, había sostenido el fiscal.

La beneficiada, según había revelado la investigación del fiscal, era la directora de arte Adriana Maestri, “a quien se abonó, con fecha 3 de marzo de 2021, un total de $1.900.000, “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”. “No puede omitirse que (Maestri) tenía un vínculo previo con los funcionarios de RTA SE, atendiendo a que fue previamente contratada”, lo cual “la colocaba en una posición privilegiada, en atención al área en la cual se desempeñaba, para incidir en que los funcionarios canalicen en su beneficio parte de los fondos obtenidos de manera irregular”. ”Tan evidente fue el direccionamiento espurio de esta disposición patrimonial que el pago de $1.900.000 se realizó en su totalidad sin que el trabajo presuntamente comprometido se encuentre terminado, sumado a que no obra un documento que especifique los alcances del servicio contratado, su forma de ejecución, los plazos de entrega, los productos a adquirir, modalidad de contratación y/o adquisición de aquellos, tal como es costumbre ante cualquier compra en la que se comprometen fondos públicos”, había sostenido Pollicita.

Al dictar el procesamiento Rodríguez sostuvo que “...a esta altura, y sin temor a equivocarme, entiendo que los argumentos hasta aquí expuestos permiten a esta judicatura tener por acreditada -con aquel grado de certeza al que me he referido- la maniobra defraudatoria que, desplegada por los funcionarios públicos Guillermo Siaira, Alejandro De la Torre, Claudio Lamalfa, Ernesto Molinero y Ariel Berliner, permitió que en un brevísimo período de tiempo y mediante procedimientos al margen de toda regulación, los nombrados se hicieran con una formidable suma de dinero en efectivo que distribuyeron discrecionalmente para la consumación de gastos en beneficio propio y de terceras personas -entre las que se destaca la escenógrafa Adriana Maestri, partícipe primaria del ardid-. La responsabilidad que sobre ellos pesa guarda directa relación con las funciones que por su condición les habían sido confiadas y que, en reiteradas ocasiones, incumplieron para así poder hacer posible la operatoria descripta y alcanzar el objetivo propuesto, del que resultaría directamente favorecida la Sra. Maestri -cuya colaboración resulta inescindible-. Afortunadamente, este propósito se vería frustrado por la repercusión pública que tomaría el asunto y la denuncia -más las investigaciones internas-, que por tal motivo debió de impulsar la Presidenta del Canal”.

Rodríguez les dictó un embargo de cinco millones de pesos a los procesados.

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