En diciembre pasado, la Argentina presentó su contribución nacional ante las Naciones Unidas con nuevos y ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. La propuesta del país incluye la estabilización de las emisiones a 2030 y la neutralidad de carbono para 2050, lo que implica una transformación radical de la economía del país.
En ese sentido, el Círculo de Políticas Ambientales analizó la normativa en relación con el cambio climático, las energías renovables, los bosques nativos, la gestión del riesgo, el manejo de los residuos; y de temas clave como la protección de los humedales, la movilidad eléctrica y la eficiencia energética, entre otros, con el objetivo de promover el debate parlamentario en torno a los objetivos climáticos del país y el marco regulatorio necesario para alcanzarlos.
“El rol del Congreso de la Nación es clave en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático. Recordemos que las principales políticas públicas en materia climática de nuestro país han surgido a la luz de leyes nacionales que implicaron el debate político y social en el marco del Parlamento”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
El informe, que contó con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires, fue presentado hoy en un evento virtual del que participaron los senadores Gladys González y Alberto Weretilnek y los diputados Graciela Camaño, Fabio Quetglas y Enrique Estévez.
El plazo de cumplimiento de la NDC involucra a tres períodos presidenciales consecutivos. Si tomamos también el objetivo de neutralidad de carbono a 2050, estamos ante definiciones económicas y sociales que deben constituirse en sólidas políticas de Estado. Esto requiere de un diálogo y una concertación de políticas de desarrollo de alto nivel entre las diferentes expresiones políticas del país. La institucionalidad interministerial, las regulaciones nacionales y el diálogo con la sociedad civil son pasos en la dirección correcta, pero se requerirá de una escala de acuerdos políticos y económicos mucho mayor.
El informe “El rol del Congreso de la Nación en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático” se estructura en cuatro secciones. En la primera, se analizan proyectos de ley que necesitan ser adecuados a la nueva realidad climática y política; en la segunda, se suman los proyectos que deberían ser tratados y sancionados; en la tercera sección se incluyen aquellas normas hoy vigentes que necesitan de leyes complementarias y de asignación presupuestaria acorde y la cuarta, incorpora otra legislación a modificar, debatir y sancionar.
Ley de Cambio Climático
El Círculo de Políticas Ambientales propone modificar la ley 27.520 de Cambio Climático ya que se encuentra desconectada respecto a los compromisos asumidos por la Argentina ante la comunidad internacional.
Ley de Energías Renovables
Para sumar más fuentes de renovables en el sistema eléctrico, el informe plantea que es necesario modificar la ley 27.191. Así le logrará la estabilización de las emisiones en los actuales niveles y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.
Ley de Gestión de los Residuos
El Círculo de Políticas Ambientales propone actualizar la ley 25.919 de gestión de los residuos en función del paradigma de la economía circular, ya que la ley vigente responde a la problemática surgida a fines del Siglo XX, asociada a los megarellenos y el paradigma sanitarista.
Proyectos de ley o cuestiones a regular que esperan su tratamiento y sanción, que son claves para la estabilización de emisiones a 2030 y la carbono neutralidad 2050:
Ley de Humedales, ampliamente reclamada por la sociedad civil.
Legislación marco para la eficiencia energética, orientada a reducir el consumo de energía en la producción y la vida cotidiana.
Ley de movilidad eléctrica, el poder ejecutivo presentó su propia iniciativa, aunque la discusión sobre la necesidad de una norma al respecto está prácticamente sin avances.
Normas sancionadas
Hay leyes sancionadas por el Congreso de la Nación cuya implementación es deficiente por fallas en la ejecución o falta de presupuesto acorde, entre otros motivos.
La cuestión climática no ha permeado en la ley de Presupuesto del corriente año. Por ejemplo, por cada $1 destinado a la protección de bosques nativos, se asignó $8 al Yacimiento Carbonífero Río Turbio, para la explotación del carbón para la generación de energía. La reducción de emisiones sigue sin ser una prioridad.
El Presupuesto que se sancione en 2022 será el primero elaborado luego de que el país asumiera, a fines de 2020, sus nuevas metas de reducción de emisiones de GEI, las que implican una seria restricción para muchas actividades, debido a que las emisiones ya no pueden crecer más. Ello debe llevar a dotar de un nuevo sentido a las inversiones en obra pública y a la promoción de actividades o sectores económicos; y contemplar el costo de la prevención y de las consecuencias de aquellos eventos asociados al cambio climático.
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