Violencia Mapuche: la Corte Suprema de Chile le ordenó al gobierno de Piñera más medidas de protección para evitar nuevos ataques

La Corte Suprema de justicia chilena le ordenó a las autoridades del gobierno nacional, a cargo de Sebastián Piñera, y de tres regiones ubicadas en la zona sur de ese país, que “coordine e implemente un plan de protección en contra de la violencia rural”, para prevenir los ataques de grupos mapuches violentos. La resolución, firmada por los magistrados que integran la Tercera Sala del máximo tribunal, fue tomada el mismo día que el mandatario anunció la “extensión del estado de emergencia” en las regiones de la Araucanía y Biobío. Piñera argumentó la decisión de militarizar la región por los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” durante las últimas semanas.

Para los habitantes del lugar, la decisión llegó tarde. El recrudecimiento del conflicto mapuche chileno es un espejo en el cual debería mirarse la Argentina, ante el aumento de incendios y actos vandálicos en Chubut, Río Negro y Neuquén.

Al igual que Piñera, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, denunció ante la justicia federal el ataque incendiario al Club Andino Pitiquitrón de El Bolsón, como un “delito de terrorismo” y solicitó la ayuda de fuerzas federales.

La decisión del máximo tribunal de justicia chileno está enmarcada en seis recursos de protección presentados por 78 víctimas y ordenó a las autoridades “adoptar a la brevedad las coordinaciones conducentes a la implementación de un plan que entregue una protección eficiente e integral de la población de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, afectadas por la denominada ‘violencia rural’” que afectan a los grupos más vulnerables de la población.

Las seis resoluciones del alto tribunal se fundamentan en tres pilares:

1. Se reconoce como hecho conocido que “han acaecido sucesos vinculados al uso de fuerza o poder físico en contra de personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, cuestión que ha sido denominada como una manifestación de “violencia rural”. En este punto, la Corte Suprema chilena no utiliza el término de “terrorismo”, como sí lo hizo el jefe de estado de ese país.

2. Que se han implementado “medidas tendientes a precaver y aminorar las consecuencias padecidas por víctimas” que, en todo caso, no han sido cumplidas adecuadamente. Este hecho los jueces lo dejan expresamente asentado.

3. Que “las acciones estatales han sido arbitrarias por insuficientes”, por lo que cabe exigir ”mayor diligencia a la autoridad, adoptando medidas tempranas”.

El pronunciamiento que interpela a las autoridades chilenas está firmado por los ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los jueces Sergio Manuel Muñoz, Angela Vivanco y Adelita Inés Ravanales.

Para los ministros de la Corte “el incumplimiento” de los funcionarios en su “obligación de garantizar el orden y la seguridad pública interior”, es “sistemático”, puesto que, “en términos generales, se denuncia que las autoridades recurridas han omitido la adopción de acciones concretas que inhiban la ejecución permanente de hechos de violencia en contra de los recurrentes (por las víctimas), en desmedro no solo su integridad física y psicológica, sino también en menoscabo de su derecho de propiedad sobre diversas especies, vulnerando de ese modo las garantías constitucionales consagradas”.

Los ministros hacen mención, entre otros hechos violentos al que realizaron un grupo de mapuches encapuchados que estarían vinculados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) llevados a la madrugada del 13 de diciembre de 2020 “organizado por personas desconocidas provistas de combustibles” que realizaron “un ataque incendiario contra dos cabañas del sector El Natri, kilómetro 41 de la Ruta P-60- R Cañete-Contulmo, que afortunadamente se encontraban deshabitadas” y que un “gran número de ataques incendiarios de similares características que se contabilizan en la zona del lago Lanalhue en los últimos años contra la población civil que reside de forma permanente o temporal en la zona, han generado un contexto en el cual la población se ha visto forzada a abandonar el territorio del Lago Lanalhue frente a la amenaza de poder ser víctimas de un atentado contra su vida, su integridad física o su lugar de residencia, o a tener que vivir en el lugar bajo la amenaza diaria y latente de ser la próxima víctima de dichos ataques”.

En la denuncia presentada ante la corte, los abogados de las víctimas denunciaron que esos actos violentos son “crímenes de lesa humanidad” ya que, por ejemplo, involucra el “traslado forzoso de persona”.

Los jueces les ordenan a las autoridades de las tres regiones cruzadas por estos actos de “violencia rural” y a los funcionarios nacionales que “es necesario enfatizar que la implementación de las diversas medidas de reparación a que se ha hecho referencia, sin duda resultan ser primordiales para la activación del mentado plan, con miras a lograr los beneficios tanto espirituales como económicos que se persiguen a través de su puesta en marcha”. Y les aclaran que “en ningún caso puede perderse de vista la problemática social, económica y por cierto espiritual que se genera a partir de la reiterada ejecución de acciones de esta naturaleza, tanto más si se considera que sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, pero indudablemente con mayor dureza en los grupos más vulnerables de la misma”.

Francisco Ljubetic, Fiscal Regional de La Araucanía entre 2005 y 2013, y actual Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco le dijo a Infobae que en Chile “los mapuches se transformaron en una guerrilla rural que desafía al Estado”. También realizó una seria advertencia: “No se deben calificar estos sucesos como hechos aislados, únicos, que van a terminar mágicamente porque eso es una mirada infantil. Nuestro adversario es de temer”.

El ex funcionario judicial reveló que a los encapuchados detenidos en doce causas después de haber cometido “actos terroristas”, se le encontraron armas de fuego traficadas desde la Argentina y advirtió: “El gobierno argentino está en un problema”. “Éste no es un problema de un gobierno, este es un problema de Estado”. aclaró.

El Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile además explicó la forma en que mapuches chilenos viajaron a Colombia, para entrenarse en los campos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC): “Desde hace unos siete años se trasformaron en una guerrilla rural, en una milicia privada que desafía al Estado, a las fuerzas policiales. Se sienten impunes para la comisión de todos estos hechos”.

Cómo el ex fiscal Ljubetic, los tres ministros de la Corte Suprema aseguran que “la actuación de las autoridades recurridas (regionales y de la nación) ha implicado de su parte el desempeño de una facultad, pero, desatendiendo, sin más, la necesidad imperiosa de adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado un grupo específico de los habitantes de la nación, a causa del particular conflicto desarrollado, en especial si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley”. Es decir, que las medidas adoptadas, por ejemplo, por el gobierno chileno llegan tarde.

Por esa razón, la máxima autoridad judicial de Chile obliga al gobierno a destinar de manera inmediata: “Recursos de protección, en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”.

Desde hace una década y media, la violencia protagonizada por grupos mapuches en la zona sur de Chile vienen en aumento. En La Patagonia ocurre lo mismo hace varios años.

Por esa razón, Francisco Ljubetic, entiende que estos actos violentos no deben ser catalogados como “hechos aislados”. “Quienes estuvimos a cargo de ciertas investigaciones tenemos información que nos permite asegurar que dista mucho de ser así”, agregó y advirtió que tanto las autoridades argentinas como chilenas deben tener “una mirada que tiene que ser común y por lo tanto las medidas político-administrativas también tienen que ser similares en ambos países”.

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