El juez federal de Dolores Martín Bava ordenó este lunes una serie de pedidos de informes a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Casa Militar que responde a Presidencia de la Nación, con vistas a esclarecer cómo se manejaba el área llamada “Avanzada Presidencial” que maneja la seguridad del titular del Ejecutivo. La diligencia se ordenó en el marco de la causa que investiga el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, en donde el ex presidente Mauricio Macri fue llamado a indagatoria para este miércoles.
El planteo va en línea con lo que pidió la semana pasada, revelado por Infobae, el fiscal Juan Pablo Curi. Sin embargo, el juez Bava decidió rechazar uno de los pedidos claves del Ministerio Público: llamar a declarar a los ex directivos de inteligencia y de la Casa Militar desde el 2001 hasta ahora. El pedido de informes al que apuntaba la fiscalía buscaba recrear “un panorama más específico y detallado sobre el modo en el que se interrelacionó históricamente esa dependencia con el organismo nacional de inteligencia”.
Sin embargo, a criterio de Bava, esas diligencias propuestas “exceden el objeto procesal de la presente investigación”. Eso cerró la puerta a esclarecer cómo era el procedimiento en otro período previo al hundimiento del Ara San Juan e incluso en otras gestiones administrativas.
Puntualmente, el juez de Dolores ordenó requerir al jefe a cargo de la Casa Militar de la Presidencia la Nación “copia de la normativa que regule la vinculación entre dicha dependencia y la AFI que se encontrara vigente en el período investigado”. Y dispuso que un oficio similar llegue a la AFI.
También solicitó a la AFI, a cargo de la interventora Cristina Caamaño, que informe respecto de la dirección de ‘Avanzada Presidencial’ su lugar en la estructura orgánica de quien dependía y si tenía dependencias a cargo. También quiere saber “sus misiones y funciones dentro del período investigado y actualizar información oportunamente remitida respecto del estado del sumario administrativo seguido contra el imputado Nicolás Iuspe Benítez”, ya procesado, con las conclusiones a las que se hayan arribado.
Tener clarificado qué hacía el área de Avanzada Presidencial podría ser claves a la hora de esclarecer uno de los puntos que ya provocaron discrepancias entre dos implicados: la ex número 2 de la AFI Silvia Majdalani, el propio Iuspe o el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste -crítico de la gestión del macrismo en otras causas, como la de Lomas de Zamora-. Es precisamente saber si estos hechos que aquí se investigan como espionaje fueron un “patrón común” habitual, señalaron las fuentes consultadas.
“La AFI, cuando yo era Subdirectora, tenía un departamento específico que se llamaba Departamento de Enlace con la Casa Militar. Ese departamento realizaba lo que comúnmente se llama ’previo’ o ‘adelantado’ presidencial”.. A pesar de que la seguridad del Presidente está a cargo de la custodia presidencial y la Casa Militar, la AFI tiene que cumplir con su obligación y estar. No solo hacer el previo, sino estar en el durante. Durante la actividad presidencial, la AFI recorre el perímetro del lugar”, había dicho en su indagatoria Majdalani, según lo escribió el juez Bava en el procesamiento.
El 1 de octubre pasado, Bava llamó a indagatoria a Macri luego de procesar a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de directivos y agentes de la base de Mar del Plata, por seis hechos en donde se reportaron seguimientos, fotografías y reportes de actividades de familiares que pedían la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 y hallado recién un año y dos días después en un lugar del Océano Atlántico cerca a donde fue su última ubicación.
Para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.
En ese contexto, llamó a Macri a indagatoria y le prohibió la salida del país. La cita está prevista para este miércoles, a las 12. Será la cuarta convocatoria al ex jefe de Estado. La primera vez que fue ocurrió el jueves pasado, cuando el ex presidente llegó al juzgado acompañado de un grupo de simpatizantes y políticos que lo acompañaron.
La falta de un decreto presidencial que levantara el secreto de Estado que debe guardar Macri como presidente fue la llave que permitió la suspensión de la indagatoria. El presidente Alberto Fernández firmó rápidamente ese decreto. Hoy la defensa de Macri recusó al juez Bava, por segunda vez, por temor de parcialidad y prejuzgamiento en función de lo que había ocurrido ese mismo jueves en la indagatoria y lo que vino después. Habló de una “bochorno vergonzante” y una “falta de respeto” para Macri y la sociedad.
En apenas cuatro horas, el juez rechazó la pretensión de la defensa y ratificó la cita para el miércoles, a las 12. Mientras tanteo, la Cámara Federal de Mar del Plata deberá estudiar la nueva recusación contra el juez, en medio de más de una veintena de planteos que tiene pendientes este tribunal en el marco de las tres causas que se tramitan en Dolores: la causa D’Alessio, el caso AMBA, y el espionaje a las víctimas del Ara San Juan, por el que Macri fue llamado por primera vez a indagatoria tras su paso por el Ejecutivo.
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