Los candidatos responden sobre seguridad: hoy, Cynthia Hotton

Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad. Incomprensiblemente, los candidatos que competirán en las elecciones de noviembre raramente son consultados por su plataforma de inseguridad, pese a que suele ser el problema mencionado en primer lugar en las encuestas ciudadanas. Para suplir esa deficiencia, y para colaborar en la difusión de su proyecto, hoy reproducimos las respuestas brindadas por Cynthia Hotton, candidata a diputada nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Estamos esperando la confirmación de las entrevistas con Javier Milei, Leandro Santoro, Myriam Bregman, Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Facundo Manes y Nicolás Del Caño.

Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política Carcelaria. Esperamos poder dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses. Las respuestas serán una confirmación del genuino interés por la ciudadanía.

Víctimas

-¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal asignado por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?

-La Ley 27372 vino a llenar un vacío y una deuda existente durante muchos años, y es el derecho de la víctima no solamente a participar en el proceso sino a ser consultada en varias circunstancias. Por ejemplo, una suspensión de juicio a prueba (probation) donde es menester contar con la aprobación de la misma.

-¿Qué importancia cree que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?

-Los derechos en general son para ser conocidos, razón por lo cual en particular y tratándose de una materia de reciente data, se debe difundir los alcances del Derecho de las Víctimas. El primero es reconocer su calidad de tal y facilitar su acceso a la justicia.

Para mejorar se deben instrumentar los mecanismos necesarios para la atención y contención de las mismas, que de acuerdo a cada caso se debe planificar su abordaje a través de equipos interdisciplinarios, ya que las variables son muchas.

-La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales sólo se designaron 5 hasta el presente y la primera designación fue en diciembre 2020. ¿Qué opina respecto a esta falta de celeridad en las designaciones y qué propondría para agilizarlas?

-La falta de celeridad en los nombramientos la estamos viviendo en la Justicia en general, lo trascendente es que aquellos que tienen en la actualidad la responsabilidad de velar por los derechos de las víctimas estén imbuidos no sólo de lo que establece la Ley sino de su espíritu.

Las designaciones están atrasadas incluso en los cargos de camaristas. Por ejemplo, en los tribunales orales son 50 y deben ser 90, lo que permite la subrogancia de un juez en otro tribunal pero complica al buen desempeño al ejercer dos cargos a la vez.

En las Defensorías pasa lo mismo. El cuadro político debe ponerse de acuerdo para las designaciones, un claro ejemplo es el puesto de Procurador de la Nación que todavía está vacante.

Considerando la situación anterior, nuestra propuesta es presionar a las autoridades para que se logren rápidos acuerdos para los nombramientos efectivos de los magistrados.

-En el año 2016 se constituyó la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación”. ¿Cree que es un ámbito óptimo de control de gestión sobre la aplicación de la ley 27.372?

-Todo mecanismo de control es óptimo si se lo usa adecuadamente, no obstante dicho control podría quedar a cargo de la CSJN (Corte Suprema de Justicia) o de una Comisión especial creada con el voto directo de los matriculados del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal).

En opinión de ciertos magistrados, algunos consideran que no es el ámbito de control de gestión óptimo, sino que tendría que estar bajo una jurisdicción diferente, instituciones vinculadas con el ámbito académico o interdisciplinarios tengan una mirada amplia de la sociedad. La experiencia de otras comisiones no fueron muy exitosas.

-La Ley 27.372 se trata de una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. Frente a esto ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 en miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?

-La readecuación de las legislaciones provinciales no es óbice para impedir la total vigencia, tratamiento y puesta en funcionamiento de la Ley.

-¿Qué propuestas concretas tiene para mejorar el servicio de justicia respecto a las víctimas?

-La propuesta concreta es trabajar en una forma dinámica y clara en el acceso a la Justicia por parte de las víctimas, quedando todavía mucho por hacer en esta materia, fundamentalmente concientizando aquellos que trabajan en esta temática.

En especial, debemos hacer mención de las víctimas de violencia sexual, a las mismas se les debe facilitar el acceso a la Justicia, para que no tenga lugar una re-victimización secundaria, evitando todo aquello que le haga revivir su infortunio. Tener aceitados mecanismos de intervención interdisciplinaria y no multidisciplinaria, dado que a la víctima hay que contenerla, sacarla de ese lugar, y entender que el daño traumático que poseen sólo puede tener un buen resultado con una eficaz atención de su problemática, con resultados ciertos en la justicia, concientizando a todos los actores que deben trabajar manteniendo siempre la premisa que a la víctima primero se le cree. Hablamos de una intervención entre distintos especialistas del Derecho, de la salud mental, y del servicio social, dado que la solución es multi-causal, ya que el agresor en la mayoría de los casos es alguien conocido y no se produce en forma azarosa. Estas víctimas deben contar con la seguridad que su trato va a ser profesional y sin la utilización de estereotipos propios de la cultura patriarcal.

Otro capitula aparte merecen las víctimas del delito de homicidio, ya que en estos casos tenemos como damnificados a los familiares directos y a todos aquellos que de alguna u otra forma dependían de las acciones de quien ahora no tiene la más mínima posibilidad de participar en las acciones posteriores. El abordaje en esta temática debe ser integral, dado que se plantean numerosas cuestiones, la más importante sería la de índole penal, y es el derecho que le asiste de participar, querellar y ser escuchada, como también en el derecho civil, dado que es factible que además de abrir una sucesión tenga que existir una compensación económica equilibrada sobre el valor vida. Estas víctimas quedan en un estado de indefensión absoluta, desconociendo cuales son sus derechos y a donde deben dirigirse, razón por la cual deben existir equipos apropiados de abogados y profesionales de la salud mental que en este caso pueden actuar multidisciplinariamente, unos buscando la realización de sus reclamos de justicia y los otros dando la debida contención y tratamiento a una situación que los despojó de aquellos valores que ni siquiera se pueden merituar económicamente, dado que el resultado final ha sido la muerte, y por ejemplo para una madre jamás habrá una compensación que establezca un equilibrio de paridad entre ambos valores.

Fuerzas de seguridad

-¿Qué opina del presupuesto de las FFSS?

-El presupuesto para las FFSS es ínfimo, ya que se deben dotar a las distintas fuerzas de todos los elementos y de la última tecnología. Hay que reconocer el avance de la inseguridad y su existencia, dándole el carácter de una verdadera pandemia que estamos padeciendo y no atándola a la ilusoria figura de la sensación haciendo de su tratamiento hasta hoy de un maquillaje para la opinión pública.

-A su juicio, ¿cree que deberían implementarse las armas taser? En caso afirmativo, ¿En qué circunstancias las considera necesarias?

-Las armas taser deberían implementarse para su uso en equipos especiales de intervención rápida conformada por motos con dos numerarios o en aquellos de irrupción o anti disturbios para su uso en situaciones que lo ameriten y debidamente justificadas. No un uso masivo sino un uso selectivo e inteligente de dicha herramienta.

-¿Usted considera que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué?

-Como se menciona la inseguridad es la pandemia actual y los actores para atacarla y disminuirla son las FFSS, por tanto hay que reforzar la participación pero en forma coordinada y sin mezquindades, de las distintas fuerzas nacionales.

Política carcelaria

-¿Qué solución propone para hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?

-Para tratar la superpoblación:

La creación de Alcaldías para los imputados.

La creación de unidades nuevas para procesados.

Que hasta que se puedan normalizar los servicios penitenciarios en estructura ya sea edilicia y de personal que los condenados con sentencia firme sean trasladados a unidades del Ejército debidamente acondicionadas, a cargo de una participación combinada de las FFSS.

-¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?

-El sentido de la pena se halla en la retribución del delito y en la reparación del daño causado. En nuestro derecho se define con claridad el ideario de resocialización unificando su sentido con su finalidad.

-¿Qué opina acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

-Los presos deben tener estos beneficios plasmados en la Ley de ejecución penal, siendo que la progresividad de la pena es un sistema que beneficia el esfuerzo bajo la atenta supervisión del Servicio Penitenciario. En la carta fundacional de nuestra República quedó plasmado que la finalidad es la resocialización y dar las herramientas para que se capaciten y tengan salidas laborales una vez agotada la condena. En este sentido se le debería dar mayor importancia a la capacitación en oficios como plomero, electricista, gasista, mecánico, carpintero, albañilería etc., otorgándole a estos oficios mayor puntuación.

-Respecto a la pregunta anterior y para combatir al delito ¿Qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?

-La existencia de una verdadera política de policía de proximidad, con una participación activa de los vecinos, que puedan ver a los encargados de la seguridad como parte de la solución y no como parte del problema, trabajar barrios y comunidades, para ganarse la confianza. Se debe crear oficinas de seguimiento de cada inquietud para saber el resultado de cada situación planteada y comunicarla a los interesados. Hasta ahora varios de esos ensayos no tuvieron una verdadera aceptación ya que las comisiones de vecinos o eran aquellos que se beneficiaban u otros que se cansaban y descreían de la transparencia de las instituciones y de los funcionarios.

Algunos municipios, como San Miguel, Escobar, 3 de Febrero y Pinamar, han implementado un programa de seguridad ciudadana, llamado Ojos en Alerta, para luchar contra el delito desde el celular, utilizando el Whatsapp. Se alerta al centro de seguridad correspondiente que procederá a actuar según las circunstancias. En su página web (https://ojosenalerta.org/) sostienen que la clave del programa radica en quienes lo conforman, comerciantes, taxistas, choferes, encargados de edificio y vecinos. Puede ser utilizado en caso de:

Emergencias: Informar en tiempo real sobre una emergencia médica puede salvar vidas.

Disturbios: Informar sobre peleas, roturas o hechos de vandalismo en la vía pública.

Inseguridad: Informar sobre hechos sospechosos en la vía pública

Prevención de accidentes: Informar sobre casos de alcohol al volante, conducción peligrosa o exceso de velocidad.

Botón antipánico: Enviar la ubicación actual o en tiempo real, permite a las fuerzas de seguridad saber que allí hay una persona en peligro.

Este programa podría hacerse extensivo a toda la provincia de Buenos Aires, y por supuesto a todo el país.

Otra propuesta es la creación y puesta en funcionamiento de “ciudades terapéuticas” para el tratamiento de las adicciones, ya que el otro problema lo representan en materia de seguridad los consumidores que funcionan con sobredosis o fuerte consumo, con los cuales ni las familias saben que hacer, ya que o no tienen los medios económicos o no consiguen internarlos en lugares para su rehabilitación. No solamente debemos resocializar a los presos sino a todos aquellos que deambulan vacíos, siendo el consumo de cualquier sustancia la única motivación para seguir viviendo y el delito el motor para conseguirlas.

Respecto a la “ciudad terapéutica” la idea surge de la experiencia del Director del Hospital Sommer en Rodriguez, que había fundado una especie de ciudad para leprosos, que poseía un complejo de casas, un taller de artes y oficios, una escuela, un teatro o salón de actos, además del Hospital y creo que eso ponerlo nuevamente en valor sería la respuesta adecuada para combatir el flagelo de la droga y del delito. Tener un lugar o lugares de contención para el estrago producido por el consumo de diversas sustancias.

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