Ex líderes Montoneros integran un equipo de abogados que defiende a guerrilleros peruanos, usurpadores y mapuches violentos

La mega toma de Guernica que terminó en un tumultuoso desalojo; la violencia mapuche en la Patagonia que incendia predios y viviendas, y la muerte en una cárcel peruana del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, tienen un punto en común, la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina. La organización tiene entre sus principales referentes a dos ex líderes de la organización Montoneros, Roberto “El Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, dos exponentes de la violencia de los años ‘70.

Soares, quien formó parte de la segunda camada de Montoneros, es el presidente de “La Gremial”, la asociación de letrados que defiende a imputados en expedientes por hechos que suelen tener impacto mediático por el tipo de incidentes que se investigan.

Infobae reveló que Perdía, asistía en las negociaciones entre el gobierno bonaerense y los usurpadores para evitar el desalojo de las más de 100 hectáreas de Guernica. El 20 de octubre de 2020, después de más de tres meses de diálogo y ofertas rechazadas por parte de las cuatro asambleas barriales que se instalaron en la toma, la Justicia ordenó su desalojo. El operativo, compuesto por más de 4.000 efectivos y fuerzas especiales, fue encabezado por Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. El saldo fue de 25 heridos y 30 detenidos. “La Gremial” los patrocinó y quedaron en libertad.

Sendero Luminoso, terrorismo y horror

La participación de los abogados montoneros en ese hecho es el más conocido. Este medio lo informó en cuanto las autoridades provinciales le confirmaron a Infobae que Perdía, uno de los ex integrantes de la cúpula guerrillera, intercedía por los usurpadores ante el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

En cambio, aún no había trascendido que la semana pasada, abogados de la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, viajaron a Perú para asistir a Elena Yparraguirre, la viuda del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Ese partido político, que devino en la más peligrosa guerrilla armada peruana, figura en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según consta en la “hoja informativa Oficina de Lucha contra el Terrorismo Washington, DC” publicado el 23 de marzo de 2005. También aparece en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Canadá.

Durante el conflicto armado interno liderado por Abimael Guzmán, ocasionó pérdidas económicas por más de 42.000 millones de dólares, según la investigación realizada por el especialista Jorge Chávez.

Según la información del Congreso de la República, el movimiento subversivo “tiene una ideología maoísta basada en el ‘pensamiento Gonzalo’, cuyo objetivo es destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario”. Añaden que su lucha por el poder va del campo a la ciudad. Sus integrantes no usaban uniformes y sus cabecillas no daban la cara.

El denominado “gran salto adelante” de la organización terrorista empezó en 1979, cuando pasó a la clandestinidad y anunció que estaban dadas las condiciones para llevar a cabo una revolución del campo a la ciudad, al estilo camboyano.

La primera acción del grupo maoísta fue el 17 de mayo de 1980, cuando robaron y quemaron las urnas del Registro Electoral de Chuschi, en el departamento andino de Ayacuchode, era la víspera de las primeras elecciones democráticas después de doce años de gobiernos militares.

Ese fue el acto con el que Guzmán le declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. Esto dio inicio al conflicto armado interno el cual llegó a constituir la época más violenta de toda la historia republicana del país.

El ataque en Chuschi mostró que el uso de la violencia sería el elemento central de la propuesta senderista, quienes habían decidido iniciar e instaurar un “nuevo orden”, a través del derramamiento de sangre “de un millón de personas” y el aniquilamiento de los explotadores y la victoria de los explotados.

Esa guerra interna tuvo consecuencias devastadoras. El informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación precisa que de las 69.280 víctimas y desaparecidos, Sendero Luminoso “provocó la muerte de entre 31.331 y 37.840 personas”.

Una de sus principales masacres fue la de Lucanamarca. La noche cerrada del 3 de abril de 1983 en esa empobrecida comunidad campesina, ubicada a más de 500 kilómetros al sureste de Lima ingresó una columna de 60 guerrilleros armados con machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego. El líder del pelotón, convocó a la población a la plaza central y asesinó a 69 pobladores. Algunos fueron quemados vivos con kerosene, otros murieron a hachazos.

Fue por la negativa de la comunidad a aceptar las normas impuestas por Sendero Luminoso en Ayacucho. El padecimiento de esas mujeres, niños y hombres, fue interpretado como un mensaje de lo que le podría suceder a quienes no estuviesen dispuestos a someterse a las reglas de la guerrilla de Guzmán.

¿Qué fue a hacer el abogado y ex Montonero Soares a Perú? Para responder la pregunta es necesario una breve síntesis.

El 11 de septiembre pasado, a los 86 años, Guzmán falleció en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. Él fue el fundador del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), conocido simplemente como Sendero Luminoso.

La muerte del guerrillero tomó por sorpresa a las autoridades peruanas y no fue un tema menor. El condenado estaba muy enfermo y la justicia le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria. Guzmán concentró sobre su figura todas las crueldades imaginables. Nunca mostró arrepentimiento ni tuvo palabras de piedad para sus víctimas. A partir de ese momento la disposición final del cuerpo se trasformó en debate nacional. La fiscalía demoró 12 días en resolver qué hacer con su cadáver. Había dos opciones, o se lo entregaban a sus familiares, o lo cremaban.

La primera opción presentaba un problema, temían que su tumba se transformara en un lugar de visita guiada para turistas y para seguidores de sus ideales. Si hubiese sido un reo común la legislación era clara, el cuerpo se entrega a sus descendientes directos.

No era el caso. Guzmán distaba mucho de ser un asesino más. Fue condenado por los peores actos terroristas. Era la encarnación del mal.

Uno de los primeros en dar su opinión fue el ex ministro de Interior Fernando Rospigliosi. “De ninguna manera debe darse lugar a un funeral como cualquier persona normal ni que se vaya a convertir su tumba en una suerte de lugar de peregrinación de terroristas, su cuerpo debe ser cremado y sus cenizas arrojadas al mar”, le dijo al diario El Comercio.

“No hay protocolo internacional para sepultar dictadores, criminales de guerra y genocidas. No estaría de más que existiera. Obama sacó una ley especial para el cuerpo de Bin Laden”, escribió en su cuenta de Twitter la ex ministra de Defensa Nuria Esparch, sugiriendo lo que debía hacer el gobierno de Pedro Castillo.

A la discusión pública se sumó un hecho incontrastable: la única familiar del fallecido es Elena Iparraguirre, esposa y número dos de Sendero Luminoso. Fueron detenidos el mismo día y aún purga pena en la cárcel Virgen de Fátima, en Lima. Fue sentenciada a cadena perpetua por terrorismo, el mismo cargo que pesaba sobre su marido.

La viuda, desde su celda, escribió a mano alzada una carta que una amiga ingresó por la mesa de entrada de la Tercera Fiscalía del Callao. Solicitaba que se le entreguen los restos de Guzmán y denunciaba por “asesinato” a los “marinos responsables del centro penitenciario CEREC”.

Es en este punto donde entra a jugar “La Gremial”. Eduardo “El Negro” Soares, viajó a Perú para asesorar a Sebastián Chávez, el abogado de la viuda del guerrillero.

El 24 de septiembre pasado, y en contra de la voluntad de la viuda, se cremaron los restos del fundador de Sendero Luminoso. El proceso demoró 140 minutos, de la 3:20 de la madrugada a las 5:30. Fue en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao, en presencia de un representante del Ministerio Público y según la agencia internacional AFP, bajo la atenta mirada de los ministros del Interior, Juan Carrasco y el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

La decisión se tomó después de que el Congreso del Perú aprobará una norma que ordena la incineración de los restos de condenados por terrorismo y traición. A partir de ese momento, Elena Yparraguirre sabe que su cadáver correrá la misma suerte que su compañero de armas. Para ellos no hay tumbas.

En un comunicado difundido a la prensa, el ministerio Público señaló que, “la resolución emitida por la tercera Fiscalía provincial penal corporativa del Callao se fundamenta en la necesidad de evitar poner en riesgo la seguridad nacional y orden interno”.

El caso del fallecimiento de Abimael Guzmán fue una de las primeras crisis a la que el gobierno de Castillo se enfrentó.

Para librarse de las disputas internas el mandatario delegó en la Fiscalía y en el Poder Legislativo el destino final del controvertido fallecido.

La delegación de abogados montoneros que se entrevistaron con la ex número dos de Sendero Luminoso tenía por objetivo analizar las medidas a tomar de aquí en más. Por ejemplo, dónde están depositadas las cenizas del ex jefe guerrillero e impulsar la investigación sobre su muerte. ¿Lo dejaron morir? ¿No le dieron la asistencia médica que requería? ¿Se trató de una muerte natural?

El 23 de septiembre, un día antes que se cremara el cuerpo de Guzmán, los abogados de la viuda presentaron un nuevo escrito. Reclamaban que antes de disponer del cadáver “se investiguen las razones de su muerte” y se tomen “todas las precauciones para evitar la desaparición de las evidencias del delito”, es decir, se insiste en el presunto asesinato del anciano y enfermo guerrillero. Una denuncia que es muy probable que no prospere y que involucra al gobierno peruano, al Poder Judicial y a las autoridades penitenciarias.

Soares, el ex montonero y abogado, ya esta de vuelta en Buenos Aires. Mientras él y sus compañeros de “La Gremial”, como Perdía, siguen atentos los avatares de la causa en Perú, analizan los expedientes judiciales que tramitan en la región Patagónica.

Defensa a los mapuches

La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina tiene postulados particulares, entre ellos la de “no defender víctimas sino luchadores y luchadoras, en referencia al nivel de conciencia y compromiso de quienes asumen esas luchas” y aclaran que La Gremial “tampoco representa a los y las jóvenes pobres y a sus familias en calidad de ‘víctimas’, sino como parte de nuestro pueblo trabajador que son tratados como enemigos por un Estado que representa y pertenece a los explotadores”, un Estado, que interpretan que “no comete ‘errores ni excesos’, sino, simplemente, cumple su misión de abatir a la clase explotada”.

La Gremial nació a fines de los años 60 y principios de los 70, en tiempos de las dictaduras militares encabezadas por el General Juan Carlos Onganía, primero, y el General Alejandro Agustín Lanusse. De ella formaban parte militantes políticos, por lo general del peronismo e integrantes de movimientos guerrilleros, como Montoneros. A 50 años de su fundación, sigue activa. Parte de su actividad se concentra en la Región Patagónica.

En los tribunales provinciales y federales brindan asistencia letrada a los grupos mapuches que encapuchados han tomado predios, por ejemplo, de Parques Nacionales o incendian camiones y clubes de fútbol. También a los familiares del joven mapuche Rafael Nahuel asesinado en noviembre del 2017, en el marco de un desalojo de la comunidad originaria de Villa Mascardi que estuvo a cargo de una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.

Soares y otros abogados de La Gremial, representaron, por ejemplo, a la tía de Facundo, la también mapuche, María Isabel Nahuel. La defienden en dos causas, en la primera está acusada por la usurpación de un predio de la Administración de Parques Nacionales ocurrido en 2018.

La segunda, es un desprendimiento de la anterior. Se dio por un hecho violeto que ocurrió cuando el juez y la fiscal interina Sylvia Little le tomaban declaración indagatoria.

Según el expediente 36123/2018 al que accedió Infobae, en medio de la audiencia, María Isabel Nahuel tomó un lapicero que estaba sobre el escritorio y con fuerza se lo arrojó a la fiscal.

El objeto impactó en la cabeza de Little que comenzó a sangrar. En su defensa, la agresora aseguró que la funcionaria se sonrió al hacer mención de la trágica muerte de su sobrino.

La ira derivó en la suspensión de la audiencia y en una nueva acusación en su contra, esta vez por el presunto delito de “perturbaciones al ejercicio de la función pública”.

La causa se resolvió el 16 de octubre pasado. Ese día la dirigente mapuche de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu fue absuelta.

En su resolución, la jueza federal María Silvina Domínguez sostuvo que: “Pese a lo repudiable del hecho cometido por María Isabel Nahuel, se advierte que en ambas ocasiones –la audiencia de su indagatoria y ahora en esta audiencia de juicio- ha quedado plasmado que el propósito de ésta ha sido insultar a la Fiscal y demostrarle el gran enfado e irritación que tiene hacia ella, debido a que fuera quien tuvo que apersonarse en la zona de Villa Mascardi cuando acaeció el luctuoso hecho de la muerte de Rafael Nahuel y resultó ser en ese momento la cara visible de la autoridad que había dispuesto el desalojo del predio de Parques Nacionales, marco dentro del cual acaeció dicho homicidio”.

Por esa razón, reflexiona la jueza “la imputada Nahuel identifica en la persona de la Dra. Little la responsabilidad de la muerte de su sobrino”. Para Domínguez esta situación fue un “atenuante importante” y por eso dictó la absolución de la dirigente mapuche.

En la causa, La Gremial estuvo presente a través de los abogados Rosario Fernández y Gustavo Franquet. Al finalizar la audiencia la asociación realizó un posteo en las redes sociales en la que manifestaron: “Por más que se insistiera en plantear el ataque a la Fiscal. Por más que se la acusara de ‘entorpecer’ un acto procesal. Por más que sacaran la guardia de infantería. Por más que hicieran trampa prohibiendo la publicidad del juicio. Con todo eso y más, siempre gana la fórmula de la lucha jurídica y la lucha política con todo lo que se tenga a mano”.

Durante la audiencia, integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu se apostaron frente a los tribunales federales con reclamos y leyendas de reivindicación mapuche. Al mismo tiempo pedían por la libertad de Nahuel un hecho que ocurrió al finalizar la lectura de la sentencia. Antes, se habían registrado incidentes con la policía.

Tres días después de la absolución de Nahuel la fiscal Little, quien tiene a su cargo las causas judiciales por las usurpaciones, los cortes de ruta, y los ataques perpetrados por grupos mapuches, presentó su renuncia, por la falta de apoyo.

Enterado de la novedad, el Procurador Eduardo Casal decidió darle un fuerte respaldo por lo que seguirá en su cargo. A través de una resolución conformó un equipo especial que apoyará a la fiscal de Bariloche.

Esta no fue la primera vez que La Gremial de Perdía y Soares se ve las caras con la fiscal agredida por la dirigente mapuche que defiende. Little investigó el asesinato de Rafael Nahuel. También estuvo a cargo del juicio de extradición de Jones Huala, en septiembre de 2018.

Tres meses después, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.

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