De la pobreza al enriquecimiento ilícito de manual: el juicio oral contra Ricardo Jaime está llegando a su fin

Los juicios orales por casos de corrupción son largos. Por momentos, tediosos. Los hechos sucedieron hace más de 15 años. Hay testigos que murieron, otros que son demasiado ancianos y no recuerdan, y otros que tan solo eligen no recordar. Los juicios orales que se habían iniciado antes de 2020 se hicieron más extensos porque se suspendieron por la pandemia y luego se reiniciaron de modo remoto, por Zoom.

El juicio oral por el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, está llegando a su fin. Es decir que en 2021 se llegará a un veredicto de un caso que se inició en 2008 por hechos que comenzaron en 2003 cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia y continuaron hasta 2009 cuando Cristina Kirchner echó del gobierno a Jaime.

La investigación estuvo en manos del fallecido juez Norberto Oyarbide hasta 2012 cuando Sebastián Casanello se hizo cargo del juzgado 7 que estaba vacante. En 2014 Casanello procesó a Jaime y a sus testaferros por el delito de enriquecimiento ilícito. En 2016 el fiscal Carlos Rívolo firmó la acusación para elevar el caso a juicio que recién se inició en abril de 2019. Las audiencias fueron presenciales hasta la llegada de la pandemia de coronavirus para luego pasar el modo virtual.

Todos los lunes a las 9.30 Julio Panelo, presidente del Tribunal Oral Federal 6 saluda amablemente por Zoom a sus colegas José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Ricardo Basílico. El saludo -prueba de audio y video- continúa con la fiscal Gabriela Baigún, los defensores y los imputados. Desde el inicio del juicio estuvo la Oficina Anticorrupción como querellante pero terminó su actuación antes de la acusación.

Durante los más de dos años del juicio se hizo una especie de autopsia del patrimonio de Jaime. A todo lo que se hallaba en el expediente que fue elevado al Tribunal Oral Federal 6 se le sumaron pruebas conseguidas por la fiscalía y los dichos de testigos que jamás habían declarado. Una vez que se escucharon los relatos de unos 300 testigos y algunos de los imputados se defendieron en indagatoria, el juicio entró en la etapa final. En la primera de las varias audiencias que llevará el alegato de la fiscal la acusación fue contundente: “Ricardo Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Esa fue la frase con la que abrió su alegato. La fiscal lo acusa por un caso de corrupción por hechos cometidos antes de que comenzara a usarse la palabra lawfare para explicar el por qué de ciertos expedientes judiciales.

El lunes pasado luego de señalar que Jaime se había enriquecido, Baigún comenzó a dar a conocer el resultado de aquella “autopsia” de los bienes del ex secretario de Transporte. En 2003 el patrimonio de Jaime era de $ 261.500. Tenía dos autos: un Mazda y un Fiat Palio, depósitos y dinero en efectivo por $9.000, dos inmuebles en la provincia de Córdoba, uno en Caleta Olivia, Santa Cruz, y deudas hipotecarias con el Banco Galicia y en el Banco Hipotecario. Nada más. Mientras estuvo en función pública sus declaraciones juradas mostraban un “empobrecimiento lícito”, a punto tal que su patrimonio fue descendiendo con el paso del tiempo.

Para ilustrar la economía ajustada que tenía Jaime cuando llegó al gobierno en 2003 Baigún recordó varios testimonios. Uno de ellos fue de Luis Juez, cordobés y enemigo político de Jaime, pero al mismo tiempo conocido de muchos años: “Estaba crocante de seco”, dijo el candidato a senador por Juntos por el Cambio con su clásica ironía mediterránea. Ricardo Cirielli , segundo de Jaime cuando asumió el gobierno de Kirchner, aseguró que en los primeros días de gestión tenía que pagarle la comida al secretario de Transporte que por entonces se vestía de manera modesta. “Pero luego empezó a usar trajes Armani y cadenas de oro”, recordó la fiscal que había dicho Cirielli como testigo.

Pero en a pesar de que de acuerdo a sus declaraciones juradas se empobrecía año a año, en realidad Jaime se enriquecía y ponía bienes a nombre de testaferros. Entre los bienes que adquirió Jaime a través de prestanombres y sociedades se encuentran un avión Learjet de cuatro millones de dólares, un yate de un millón de dólares, un diario y una radio, un hotel, casas, autos, entre otros. Aquellos $261.500 de 2003 habían sido notablemente superados. Sobre el modo en que se adquirieron esos bienes versa el juicio por enriquecimiento ilícito ya que ni Jaime ni los integrantes de su familia y ni de su círculo de negocios pudieron justificar las compras: el dinero provino de negocios ilegales.

Para hacerse de esos bienes Jaime necesitó de varios testaferros y especialmente de una persona que lo educara en el siempre difícil arte de ocultar el dinero y las propiedades. Ese fue Manuel Vázquez quien inició su relación con Jaime como lobista de una empresa de transporte y terminó como asesor y hacedor de negocios oscuros. Vázquez sabía cómo armar sociedades en el exterior, cómo mover dinero, algo que Jaime desconocía pero quería aprender cuando llegó al gobierno en 2003. Vázquez lo ayudó con esas tareas ilegales y por eso ambos están detenidos desde abril de 2016, Jaime en Ezeiza y su principal testaferro en su casa. Vázquez y su hijo Julián integran el grupo de testaferros que son enjuiciados en el proceso donde comenzó a alegar el lunes pasado la fiscal Baigún.

La fiscal dijo en la primera parte de su alegato que: “En definitiva Manuel Vázquez era la cara visible de Ricardo Jaime en todos los negociados. Además de colaborar con Ricardo Jaime en el armado de negocios espurios vinculados con su cargo de Secretario de Transporte, para lo cual utilizó a la empresa CAESA. Manuel Vázquez también fue un hombre clave para que el ex funcionario pudiera disimular el dinero ilícito que obtenía a partir de aquellos”. La consultora CAESA –de Vázquez- se utilizó en varias operaciones para facturar “servicios de asesoramiento” inexistentes muy parecidos a las coimas.

La fiscal Baigún explicó que desde que llegó a su despacho frente a la Casa Rosada Jaime había comenzado a hacer negociados. Dijo en su alegato que: “…indudablemente, una vez que fue designado como Secretario de Transporte, Jaime pasó a ser una persona muy procurada por distintos empresarios a los que debería controlar. Hubo empresarios del transporte que, con tal de hacer negocios, buscaron complacerlo y pusieron abogados o gente de su riñón para colaborar con su enriquecimiento”.

La fiscal consideró que quedaron demostrados en el juicio : “El modo de vida ostentoso que llevó adelante Ricardo Jaime mientras se desempeñó como Secretario de Transporte de la Nación y el cambio abrupto de su situación económica desde que asumió dicho cargo” . Y agregó que: “Los testigos que declararon en este debate señalaron que Ricardo Jaime asumió la función pública con un patrimonio acotado, pero, al poco tiempo éste se vio fuertemente incrementado. En efecto, Jaime cambió su forma de vestir, y comenzó a utilizar diferentes artículos de oro. También cambió, entre otras cosas, su lugar de residencia y sus vehículos”.

Antes de dedicarse a describir cómo fue la adquisición de cada uno de los bienes, la fiscal señaló que Jaime es un ejemplo. Un ejemplo de lo que no debe ser un funcionario público.

Baigún concluyó: “En definitiva, lejos de transmitir una imagen de transparencia y probidad, Ricardo Jaime hizo un alarde de riqueza mientras se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación. Lisa y llanamente constituye un ejemplo de libro del funcionario que se enriquece en el ejercicio de la función pública”.

La fiscal continuará su alegato esta semana que se inicia. Se perfila un pedido de pena que podría rondar los seis años de prisión. Jaime, detenido desde 2016, y con tres condenas -aún en revisión la de la Tragedia de Once- tiene un panorama judicial cada vez más comprometido.

SEGUIR LEYENDO: