Los candidatos responden sobre seguridad: hoy, Florencio Randazzo

Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad. Incomprensiblemente, los candidatos que competirán en las elecciones de noviembre raramente son consultados por su plataforma de seguridad, pese a que suele ser el problema mencionado en primer lugar en las encuestas ciudadanas. Para suplir esa deficiencia, y para colaborar en la difusión de su proyecto, hoy reproducimos las respuestas brindadas por Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Estamos esperando la confirmación de las entrevistas con Javier Milei, Leandro Santoro, Myriam Bregman, Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Facundo Manes y Nicolás Del Caño.

Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política carcelaria. Esperamos poder dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses. Las respuestas serán una confirmación del genuino interés por la ciudadanía.

Víctimas

-¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal asignado por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?

-Ha sido un avance muy importante, más allá de las dificultades en su implementación.

-¿Qué importancia cree que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?

-Resulta fundamental si se pretende lograr una plena aplicación de la misma. En este tipo de normas que reconocen derechos y que a su vez encierran ciertas complejidades técnicas son necesarias campañas de concientización masivas con participación de la sociedad civil;, sin perjuicio, de reforzar los aspectos formales de tipo procesal de información a las víctimas.

-La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales sólo se designaron 5 hasta el presente y la primera designación fue en diciembre 2020. ¿Qué opina respecto a esta falta de celeridad en las designaciones y qué propondría para agilizarlas?

-La respuesta resulta obvia, pero lamentablemente es una práctica política habitual de nuestro país dictar normas sumamente importantes y luego atrasar su implementación, no asignar los recursos suficientes para hacerlas operativas o quedar paralizadas por disputas políticas entre el oficialismo y la oposición para la cobertura de los cargos.

-En el año 2016 se constituyó la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación” ¿Cree que es un ámbito óptimo de control de gestión sobre la aplicación de la ley 27.372?

-Si bien depende de la organización interna y de las responsabilidades individuales en la conformación y conducción de las Comisiones, la dinámica de las mismas, por lo general, responden a un contralor de tipo parlamentario y no a un sistema de control de gestión de tipo más ejecutivo.

-La Ley 27.372 se trata de una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. Frente a esto ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 en miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?

-Estando involucrados Derechos Humanos reconocidos por Convenciones Internacionales de rango constitucional, resulta para las provincias un mandato de orden constitucional la readecuación de los códigos provinciales. Sin perjuicio de ello, el sistema Federal establecido en nuestra Constitución Nacional, expresamente reserva a las provincias como facultad no delegada, exclusiva y excluyente, el dictado de las normas procesales. En tal sentido la respuesta es de tipo política, de trabajo con cada provincia.

-¿Qué propuestas concretas tiene para mejorar el servicio de justicia respecto a las víctimas?

-Si bien la Ley 27.372 ha implicado un gran avance en el reconocimiento que legalmente los derechos de las víctimas necesitaban, no es menos cierto que las mejoras que con urgencia quienes han sido víctimas de delitos necesitan no se resuelven en el ámbito normativo. Entendemos que los dos aspectos que exigen una mejoría inmediata son, por un lado, la eficiencia estatal a la hora de dilucidar los hechos y detener a los autores y, por otro, materializar la justicia en un proceso rápido y justo, en el que las excesivas vías recursivas y el mal desempeño judicial no frustren esos objetivos. Las víctimas se verán reivindicadas en la medida que mejoremos el desempeño y la eficacia en la investigación policial y en el proceso penal.

Fuerzas de seguridad

-¿Qué opina del presupuesto de las FFSS?

-Tanto a nivel Federal como a nivel provincial, ha sido una constante las dificultades presupuestarias asignadas a las mismas tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo del gasto. Esta situación se ha ido agravando y tiene un reflejo directo en los salarios insuficientes del personal, déficit de capacitación y equipamiento, mal estado de patrulleros e instalaciones edilicias y la falta de incorporación de tecnologías informáticas y de comunicación.

-A su juicio ¿Cree que deberían implementarse las armas taser? En caso afirmativo, ¿En qué circunstancias las considera necesarias?

-Estamos de acuerdo con la implementación de las mismas, sujetas a los protocolos operativos establecidos para cada fuerza particular.

-¿Usted considera que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué?

-Por supuesto que hay que reforzar la participación de las mismas, con una correcta readecuación operativa y de coordinación entre las fuerzas federales y la de los distintos niveles de gobierno.

Política carcelaria

-¿Qué solución propone para hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?

-En la situación de crisis actual, resulta fundamental un plan de ampliación de plazas carcelarias a partir de la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Por otra parte hay que priorizar el uso de las plazas disponibles actuales para aquellos delitos violentos y que impliquen riesgo en la seguridad de las personas. Una futura reforma integral del Código Penal que contemple un sistema de penas alternativas a la prisión para aquellos delitos que permitan ser abordados con otros temas de condenas va a resultar fundamental para priorizar el uso de los establecimientos carcelarios.

También es importante realizar una fuerte inversión en tecnología de control a distancia (pulseras electrónicas) para, en los casos que sea posible, garantizar el cumplimiento de la pena o parte de ella en el domicilio del condenado y de este modo reservar los establecimientos penitenciarios para los delitos más graves.

-¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?

-No es lo que cree uno sino lo que dispone la Constitución y las leyes. Sin embargo, muchas veces se deja de lado que la Constitución Nacional hace hincapié en la seguridad, más allá de la necesidad de reinserción social de los condenados. Más allá de los aspectos punitivos, de la reparación del daño, no debe dejarse de lado la seguridad de la sociedad.

-¿Qué opina acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

-Es indispensable que el sistema sea de tipo irlandés o progresivo. No es posible liberar a los detenidos si no han cursado su pena a lo largo de un trayecto predeterminado y susceptible de evaluación. Claro está que se debe ser muy riguroso en la evaluación del cumplimiento de las etapas y del eventual acceso a beneficios. Ello es el resultado de un trabajo que hace el ejecutivo a través del Servicio Penitenciario al producir los informes criminológicos y del poder judicial con los jueces que deben evaluar dichos informes y sopesarlos con la restante información que surge del expediente.

-Respecto a la pregunta anterior y para combatir al delito ¿Qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?

-Estamos impulsando limitar las excarcelaciones para quienes fueran imputados reiteradas veces de delitos violentos contra las personas, aún en grado de tentativa, para cortar con el circulo de que la policía detiene y el Juez excarcela hasta que finalmente la sociedad padece una nueva víctima de homicidio y es ahí donde finalmente el juez niega la excarcelación a quien la policía había logrado aprehender reiteradas veces. En este sentido es importante que las provincias adhieran a un sistema similar independientemente de las reformas que se puedan impulsar en el procedimiento federal.

También resulta importante modificar el concepto de reincidencia para que sea considerado reincidente quien fue condenado, más allá de que haya cumplido o no pena efectiva de prisión luego de su condena (reincidencia real).

Agravar al doble la pena para los delitos cometidos con menores.

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