(Enviado especial a Roma) Alberto Fernández llegó a Roma en una tarde apacible de sol y escaso viento. Será recibido en el aeropuerto de Fiumicino y después partirá hacia el hotel Reina Baglioni, ubicado en la Vía Veneto a pocos metros del entonces café que inmortalizó Federico Fellini en la Dolce Vita.
Su comitiva oficial está integrada por la primera dama, Fabiola Yañez, el canciller Santiago Cafiero, el minsitro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el embajador en Estados Unidos, Jorge Arguello el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, la portavoz Gabriela Cerrutti, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.
El Presidente apuesta a la Cumbre del G20 para fortalecer su estrategia de negociación con el FMI, que se empantanó por las diferencias de objetivos económicos y financieros que tiene la Argentina con el organismo multilateral que gerencia a Kristalina Georgieva.
Las deliberaciones del G20 comienzan mañana en el centro de convenciones La Nuvola, en las afueras de la capital italiana. Y en ese centro de convenciones el jefe de Estado mantendrá sus reuniones bilaterales, formalizadas fundamentalmente para tratar la posición del país ante las exigencias del FMI.
En cambio, Alberto Fernández recibirá a Georgieva en la embajada argentina en Roma. El encuentro está previsto para el sábado al mediodía, y la intención presidencial es transmitir a la directora gerente que tiene intenciones de honrar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por Mauricio Macri, pero sin que ello implique un tradicional plan de ajuste del Fondo.
Alberto Fernández endureció su discurso electoral respecto a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y asume en la intimidad del poder que es necesario llegar a un acuerdo de Facilidades Extendidas para evitar un default en 2022.
No es un secreto de Estado que las reservas del Banco Central no alcanzan para pagar los vencimientos de capital por 18.000 millones de dólares del crédito Stand-By que firmó Mauricio Macri y que vencen 2022.
El Presidente contiene los votos del Frente de Todos con su arenga retro contra el Fondo, pero al mismo tiempo diseña alternativas financieras para evitar un default con consecuencias distópicas.
Martín Guzmán, Gustavo Beliz y Jorge Arguello, cada uno desde su cargo institucional, protagonizan un sprint silencioso para lograr que el G20 de Roma recomiende al FMI ciertas medidas financieras que son inéditas y pueden beneficiar a la Argentina y otras naciones de ingresos medios.
El Ministro, el Secretario y el Embajador cumplen precisas instrucciones presidenciales, y el objetivo estratégico es lograr que el comunicado final del G20 de Roma sugiera al FMI que reduzca sus sobrecargos y establezca un “Fondo de Resiliencia” destinado a robustecer las arcas públicas de países que sufren recurrentes crisis financieras.
Sin embargo, las pretensiones geopolíticas de Alberto Fernández tienen dos obstáculos de difícil resolución:
1. El sistema internacional es por naturaleza anárquico, y por ende un organismos multilateral no puede ejercer su poder sobre otro organismo, y menos aún sobre cierto país que mantiene su propia soberanía
2. El “Fondo de Resiliencia” es una propuesta que es aceptada por el FMI, pero aún no se conoce el origen de su financiamiento y el método para distribuir sus futuras líneas de créditos a los estados más necesitados
El Presidente tiene bilaterales con Vladimir Putin (Rusia), Ángela Merkel (Alemania), India, Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España), Justin Trudeau (Canadá) y Úrsula von der Leyen (Unión Europea). Todas serán en el Centro de Convenciones de La Nuvola, con excepción de Putin que estará en Moscú.
Alberto Fernández ejecutará distintas agendas con cada una de sus contrapartes, pero en todos los casos habrá una coincidencia explicita: necesita del consenso mayoritario en el board del FMI para lograr que la reducción de sobrecargos y la creación del Fondo de Resiliencia se transformen en hechos financieros y económicos.
El jefe de Estado está asombrado por los discursos políticos de Joseph Biden vinculados a la economía de los Estados Unidos, al libre comercio y al rol de asfixiante de Wall Street. Biden tiene formación keynesiana y rechaza la multiplicación de las ganancias que se hacen con escasa transpiración y tácticas especulativas.
Alberto Fernández tiene admiración creciente por Biden, y le hubiera encantado mantener una bilateral en Roma. Pero el Presidente de los Estados Unidos sabe que la negociación con el FMI está empantanada y no quiere dar señales contradictorias.
Los discursos críticos del Presidente y su ministro Guzmán sobre el Fondo pusieron en alerta al staff y al board del FMI, y en ese contexto Biden no podía aparecer avalando con su foto oficial un cambio de postura que sorprendió a Washington.
La negativa a un encuentro institucional con Alberto Fernández no implica un deterioro en la relación con la Casa Blanca. Y desde esta perspectiva no debería sorprender que el centro de medios del G20 distribuya imágenes del Presidente dialogando con su colega de los Estados Unidos.
Pero esta cercanía diplomática no apura la reducción de los sobrecargos y la creación de una línea de crédito financiada por el “Fondo de Resiliencia”. Se trata de decisiones claves que llevarán mucho tiempo, pese al reclamo de las naciones pobres y los países con renta media.
Si Estados Unidos espera, Alemania y Japón esperará. Los sobrecargos se usan para pagar la burocracia del FMI y el Fondo de Resiliencia es una idea con consenso global que todavía aguarda por su financiamiento y su método de distribución a través de créditos blandos destinados a infraestructura.
La celeridad en la toma de decisión es un asunto que preocupa a Alberto Fernández. A pesar de sus discursos de barricada, el presidente no tiene intenciones de caer en default. Una hipótesis de trabajo que no se descarta en el Instituto Patria y La Cámpora.
La ecuación temporal del Presidente es fácil de explicar: Hay un vencimiento en marzo de 2022, que el Banco Central no puede afrontar por falta de reservas. El Fondo tiene derecho a exigir su deuda, y Argentina deberá optar entre aceptar el programa de ajuste exigido en DC o caer en default.
Desde esta lógica binaria que parece irresoluble, el jefe de Estado planteará una tercera vía cuando se encuentre mañana con Kristalina Georgieva en la embajada argentina. Alberto Fernández desea que la directora gerente apoye el comunicado oficial del G20 con sus propuestas – sobrecargos y Fondo de Resiliencia- y que después actúe en consecuencia.
Es probable que Georgieva avale la creación del Fondo de Resiliencia, pero no moverá a favor de la reducción de sobrecargos. Estados Unidos, Alemania y Japón rechazaron esa posibilidad, y Georgieva –por el affaire con China- tiene poco espacio político para actuar como free rider.
Con todo, el problema no reside únicamente en los instrumentos financieros que recomiende el G20 o en la voluntad política del FMI para aceptar esas sugerencias que tratan de mitigar las consecuencias económicas y financieras de la pandemia.
El problema también se presenta en la ausencia de un programa para pagar la deuda que Georgieva, el staff y el board del FMI consideren sustentable. Alberto Fernández y Guzmán juran que el programa ya fue presentado y que sirve para refinanciar los 44.000 millones de dólares que contrajo Macri con acuerdo de Donald Trump y Christine Lagarde.
La burocracia del Fondo que pasa sus días en Washington asegura que no hay programa en términos formales y que ellos trabajan en un non paper con compromisos básicos que no justificarían el concepto de sustentabilidad requerido por el board del FMI.
Entonces, los objetivos diplomáticos de Alberto Fernández podrían cumplirse en el G20, pero poco servirán si no tienen su implementación en el FMI. Argentina tiene que pagar 18.000 millones de dólares en 2022, y nada indica que haya un acuerdo con el FMI en los próximos meses.
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