El ex presidente Mauricio Macri enfrentará este mediodía, a partir de las 12, su primera indagatoria tras haberse alejado del poder. Fue citado a las 12 del mediodía por el juez Martín Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores, que lo encontró sospechoso de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que reclamaban buscar a sus seres queridos después de la desaparición de la nave hace cuatro años en las aguas del Mar Argentino. Al ex jefe de Estado le achacan seis hechos de ciberpatrullaje, fotografias y seguimientos.
Macri rechazará las acusaciones. Así lo anunció a través de sus redes sociales y distintas entrevistas. “Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”, aseguró. Además, Macri sostuvo que involucrarlo en este tipo de maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.
En ese sentido, fuentes judiciales revelaron a Infobae que el fiscal Juan Pablo Curi pidió en las últimas horas al juez Bava que ordene una decena de medidas: llamar a declarar como testigos a todos los directores y subdirectores de la ex SIDE y AFI desde el 2001 a la fecha, salvo -claro- Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estuvieron al frente de la central de espías en el macrismo y se encuentran procesados. También pidió citar a los responsables de la Casa Militar de Presidencia de la Nación desde la misma fecha hasta la actualidad.
La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani,.
El caso está atado por un hilo de conexidad a otras dos investigaciones que se sustancian en Dolores y que se iniciaron en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, hoy a cargo del juzgado electoral de La Plata. Se trata, por un lado, de la llamada causa D’Alessio, la denuncia por la cual se hizo famoso el falso abogado Marcelo D’Alessio -hoy preso- y en donde se subrayó su vinculación con el fiscal de la causa cuadernos Carlos Stornelli, una causa que está próxima a ser elevada a juicio. Según pudo saber Infobae, Stornelli también fue citado hoy al juzgado de Dolores en el marco de una serie de testigos que él solicitó para su defensa.
La segunda causa a la que está atada la causa del espionaje del ARA San Juan es el expediente que investiga si desde la llamadas bases AMBA se llevaron adelante tareas de espionaje político en medio de las elecciones de 2017. Por esa causa también están procesados los ex directivos de la AFI.
Arribas ya consiguió que en Comodoro Py se le advirtiera al juzgado de Dolores que la causa correspondía a los tribunales de Retiro. No obstante, el juez Bava sostiene que el caso es de su competencia y se apoya en una resolución que quedó firme en la Cámara Federal de Mar del Plata por una falla en la apelación que sustanció el fiscal Juan Manuel Pettigiani.
Es la tercera vez que convoca a Macri en el juzgado de Dolores. En la primera cita el ex presidente estaba fuera del país. Para la segunda convocatoria decidió no ir después de 24 horas de su arribo al territorio nacional. En ese contexto, recusó al juez Bava por temor de parcialidad y prejuzgamiento. Ayer, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó ese planteo, aunque le hizo una advertencia al juez para guardar “mesura” en el manejo de la causa.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018.
El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.
A criterio de Bava, que citó a Macri al mismo momento en que procesó a los ex jefes de inteligencia durante el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otras personas, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
Las acciones ilegales “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, señala la imputación.
Tal como detalló Infobae el 1 de octubre pasado, la base de esta causa nació con un documento que dice: “Pedidos y reclamos al sr. Presidente de la Nación Ing. “Mauricio Macri”, del 3 de febrero de 2018 en Mar del Plata, presentado inicialmente por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en donde se adelanta qué le iban a decir las víctimas a Mauricio Macri en una reunión que tendrían con él tres días después.
“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron”, sostuvo el juez.
A partir de la declaración de Macri, el juez tendrá diez días para resolver la situación procesal del ex jefe de Estado. Tanto en el oficialismo como en la oposición dan por hecho que se tratará de un procesamiento.
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