El Senado de la Nación vuelve a la presencialidad y en el medio de la campaña electoral y la discusión entre la Nación y Río Negro por los hechos de violencia de la agrupación indígena RAM, tratará un proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos.
A partir de las 15 horas, la Cámara Alta volverá a sesionar de manera presencial y debatirá, entre otros puntos, la norma que prorroga hasta mediados de la gestión presidencial que viene la posibilidad de realizar desalojos en las comunidades indígenas en medio de una creciente acción de grupos radicalizados en el sur del país.
En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.
En una reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de los bloques parlamentarios acordaron incluir en el temario de la sesión de hoy la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre.
La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor.
El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 millones de pesos. “Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, señaló Giménez durante el debate en comisión.
Agregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que “actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700″, según publicó la agencia nacional Télam.
Pero la discusión llega en medio de la campaña por las elecciones legislativas 2021 y de la disputa que se generó entre la administración de Río Negro y la Casa Rosada luego de que esta última definiera, a través de una carta firmada por el presidente Alberto Fernández, que es responsabilidad de la administración de la provincia la seguridad y no está en el órbita del Estado nacional luego del pedido de ayuda de la gobernadora Arabela Carreras por los violentos incidentes que protagonizaron miembros de organizaciones indígenas en la zona de Bariloche y El Bolsón.
Al igual que lo que sucedió días atrás en Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio buscará mostrar que el Gobierno nacional es “cómplice” con las agrupaciones que llevan adelante toma de tierras y le apuntará a la titular del Instituto indígena que es conducido por Magdalena Odarda.
La discusión llega justo en medio de la campaña donde en la provincia patagónica de Chubut, donde también hubo hechos de violencia, se eligen senadores y el oficialismo perdería dos de los tres que hoy tiene en la Cámara Alta. Además, y teniendo en cuenta que de repetirse los resultados de las PASO el oficialismo perdería quórum, el voto del senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck cobrará suma importancia.
El ex gobernador patagónico no sólo que es el jefe político de la gobernadora Carreras y que será de vital importancia para alcanzar el número necesario para poder sesionar después del 10 de diciembre cuando el Senado no tengo un bloque mayoritario; sino que también contará con votos esenciales en diputados.
Si se mantienen los números alcanzados, el partido Juntos Somos Río Negro que lidera el senador le arrebataría una banca en diputados a Juntos por el Cambio. Agustín Domingo, ex ministro de economía de Weretilneck, encabeza la lista de su partido local y los pronósticos indican que se quedará con la banca que hoy tiene Cambiemos. Si llega a la Cámara baja hará dupla con Luis Di Giácomo, ex ministro de Gobierno del ahora senador.
Bienes Personales
En la misma sesión se debatirá un proyecto que modifica el artículo 24 de la Ley Impuestos a los Bienes Personales, que permitirá incrementar el mínimo no imponible.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo del oficialismo y de la oposición, pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los 8 millones de pesos. Hoy, ese límite es de 2 millones de pesos.
En el caso de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 50 millones de pesos, cuando en la actualidad ese número es de 18 millones de pesos.
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