La semana pasada la fiscal Dafne Palópoli acusó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, de haber realizado una maniobra en el ferrocarril Belgrano Cargas por una cifra estimada de $10.000.000, equivalentes a USD 3,5 millones de la época en que se hizo el negociado. Se pagó por cambiar vías que nunca se cambiaron.
En el mismo juicio en el que se analiza el caso del Belgrano Cargas, Jaime es acusado por otros tres casos de corrupción. El más relevante es el de enriquecimiento ilícito. El ex funcionario y sus testaferros son acusados de haber comprado bienes con ingresos que no pudieron justificar. La sospecha de la fiscalía que encabeza Gabriela Baigún es que esos bienes se adquirieron con dineros provenientes de coimas entregadas por los empresarios que hicieron millonarios negocios en el área de Transporte entre 2003 y 2009.
De hecho, en octubre de 2015, Jaime confesó haber cobrado coimas de dos empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Estado. Fue el primero de varios ex funcionarios kirchneristas que admitió haber recibido pagos ilegales de parte de empresarios. Tiene una condena firme por ese caso.
La fiscal -al abrir su alegato- fue directa: “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún hizo una introducción en la que, además de asegurar que tiene probado el enriquecimiento, dijo que era “pobre” cuando llegó al cargo, pero eso cambió porque " los favores de los empresarios no tardaron en llegar”. La fiscal concluyó que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso, señaló: " Se ha probado que se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”.
La causa por enriquecimiento ilícito se inició en 2008. Desde entonces y hasta 2012 estuvo a cargo interinamente del juzgado donde se investigaba el crecimiento patrimonial de Jaime, el fallecido juez Norberto Oyarbide. En octubre de 2012 se hizo cargo del juzgado Sebastián Casanello, quien procesó a Jaime y a los testaferros en 2014. En 2016 el fiscal Carlos Rívolo formalizó la acusación para que el expediente pasara a juicio oral y público.
En 2018, Jaime -detenido desde 2016- había pactado con la fiscal Baigún un acuerdo para declararse culpable del delito de enriquecimiento ilícito en un juicio abreviado. Había acordado cumplir una pena y devolver parte del dinero que había conseguido de manera ilícita. Pero el TOF 6 rechazó el acuerdo y se inició el juicio.
En 2019 comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6). Se suspendió por la pandemia y se reinició vía Zoom. Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico escucharon a unos 300 testigos. Algunos de ellos no habían declarado durante la instrucción del expediente. Desde que comenzó el juicio hasta ahora murieron tres de los testaferros que llegaron acusados al inicio del debate. Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza y asistió a algunas audiencias por vía virtual. En la audiencia de hoy no estuvo presente porque fue exceptuado por los jueces debido a problemas de salud.
En el mismo juicio, Jaime también está acusado de haber participado en la compra millonaria de trenes chatarra a España y Portugal en la que además se pagaron coimas. En ese caso también está acusado el ex ministro de planificación del kirchnerismo, Julio De Vido. Además fue señalado por haber usado de manera personal dos autos que estaban bajo la órbita del Estado. Esa parte de la acusación quedó para las próximas audiencias. Algunos de los delitos por los que está acusado Jaime tienen penas de hasta seis años de prisión.
El ex funcionario kirchnerista tiene dos condenas firmes. Aún no lo está la pena por su responsabilidad en la Tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal 2 lo halló culpable del delito de administración fraudulenta. Cuando la Casación revisó esa condena lo culpó también por el choque: la pena fue de ocho años de prisión. La Corte revisó las condenas de todos imputados por la Tragedia de Once y las confirmó, salvo en el caso de Jaime. La Corte dijo que Casación tenía que volver a revisar el caso porque se había modificado la acusación. A esa condena le falta la revisión de Casación y la de la Corte.
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