En los últimos dos años hubo numerosas quejas públicas expresadas por comunicados de las tres listas de la Asociación de Magistrados, el gremio de los judiciales, y numerosos jueces y juezas y empleados que hicieron llegar sus reclamos a la Corte y a los medios de comunicación.
El último jueves, mientras el titular del gremio de los judiciales Julio Piumato organizaba un acto frente al Palacio de Tribunales contra la Obra Social, puertas adentro se celebraba por zoom el acuerdo semanal de los jueces. Había llegado ya un informe del Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades en la contratación de una empresa de emergencias con sede en Córdoba, sin patrimonio, pero que prestó el servicio a los afiliados durante una década, con la sola firma de Aldo Tonón, el director de la Obra Social. Juan Carlos Maqueda, a cargo del organismo, desde el 2008, exigió que no se hablara del tema.
En 2008, el juez cordobés llamó al ex ministro de salud Ginés Gonzalez García y le pidió que le recomendara a alguien de su confianza para ponerse al frente de la obra social. Ginés sugirió a Tonón, actual presidente de un directorio que nunca se terminó de integrar (salvo por la esporádica presencia de la ex secretaria de Maqueda desde sus años en el Congreso, Marta Herrera Alem, hoy jubilada).
Ginés tuvo y tiene una participación importante en todo lo que sucedió en la Obra Social, con una profunda amistad con Maqueda, a quien llama “Patito”. Eso se refleja también en la idea de afiliados “VIP” de la Obra Social de los Judiciales. Muchos afiliados tenían trato preferencial si hablaban con Maqueda: no sólo eran atendidos rápidamente, sin formalidades, sino que además tenían acceso a prestaciones que se negaban a otros o, en algunos casos eran afiliados sin tener derecho a serlo. De eso se encargaba el personal de la vocalía de Maqueda, especialmente su secretaria “Maribe”. Tras esa gestión “Maribe” logró que Maqueda designara a su esposo Andrés Sacchi como director de informática en la Corte.
Otro capítulo tiene que ver con el control económico. La Obra social maneja mucho dinero y Maqueda logró ubicar allí a su sobrina María Guadalupe Burgos y a Federico Morando, yerno de su secretaria, además de dos hijas de sus ordenanzas, el hijo de su chofer y varios más. Las investigaciones van descubriendo que había una administración paralela, desconocida para la Corte, con una participación de personas vinculadas a Maqueda y contratos de locación de servicios, que escapan al control de la Corte. En el informe presentado por el contador Daniel Marchi se dice claramente que hay balances firmados por personas que no son de la Corte.
Además, los servicios de emergencia fueron contratados por licitaciones y se le adjudicó siempre a la misma empresa “Emergencia Médica Integral S.A.” durante diez años. Y ahora, el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura, señaló que esa empresa es totalmente insolvente y no cumple con los requisitos mínimos. En el pliego se requiere un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Ese piso fue reducido a 12 meses para que la firma pudiera ser adjudicada, pero tampoco cumplió con ese requisito. El dictamen generó preocupación en Maqueda y Tonón, y ordenaron que no se publique, lo que fue denunciado por el gremio de los judiciales. Pero ahora quedan solo dos opciones: prorrogar el contrato a una empresa insolvente, o hacer caer la licitación. En ambos casos los fiscales van a investigar.
El estatuto disponía que “funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que podrá designar a un Ministro Integrante del Tribunal para dichas funciones” (acordada 5/2008, publicada en la página web de la Corte). La OSPJN estuvo a cargo de Maqueda conforme él mismo reconoció en una nota enviada a sus colegas el 31 de agosto, en la que comunicaba que dejaba de hacerse cargo de la obra social a partir del 1 de setiembre de 2021. Todos los ministros de la Corte tomaron distancia de este tema.
Maqueda insistió en nombrar a otra persona que acompañe a Tonón, así surgió el nombre de Mariano Althabe, a quien nadie conoce. Por otra parte, designaron un cuerpo de auditores formado por seis personas, todas vinculadas al juez cordobés.
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