El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, reclamó ante la justicia que extienda la quiebra dictada contra la empresa Correo Argentina hacia la empresa SOCMA Americana y a SIDECO Americana, propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri. Si el funcionario ya había anunciado la jugada apenas se dictó la quiebra del Correo, el planteo fue formalizado ahora ante la jueza Marta Cirulli con el fin de que se garantice que la empresa cumpla con los acreedores, entre los cuales está el Estado.
La base de esa premisa se fundió en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras, que en su artículo 2 sostiene que la quiebra se extiende a “toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”.
En el escrito al que accedió Infobae, Zannini habló de una maniobra compleja y progresiva de vaciamiento de Correo Argentino en favor de SIDECO Americana y SOCMA Americana a través de la intermediación de abogados apoderados y contrataciones de empresas con ellos vinculadas con el objeto final de beneficiar al grupo control en detrimento de la fallida (Correo) y por supuesto sus acreedores”.
En julio pasado, cuando estaba por decretarse la quiebra de una causa que tiene más de 20 años de trámite, Macri acusó al Gobierno de persecución política en el caso del Correo Argentino y apuntó contra Carlos Zannini. “Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, había dicho.
Sin embargo, hoy ni Macri ni sus hijos tienen acciones en SOCMA. El accionista mayoritario de Socma es Gianfranco Macri, con un 40% de acciones; 20 % pertenecen a Mariano Macri; otro 20% a Florencia Macri y el 20% restante es de los hijos de Sandra Macri, quien falleció en 2014.
Para entender el complejo escenario de la causa del Correo hay que viajar en el tiempo: en 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino S.A. al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.
En 2001 comenzó en la Justicia comercial el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., pero fue en 2016 cuando se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya presidente el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones “o lo que la Justicia determinara” ofrecidos en un pago para evitar la quiebra. El Estado se opuso a la oferta en su condición de principal acreedor. Y la jueza también lo rechazó.
Así, la quiebra de Correo Argentino fue dictada en julio, pero por una apelación del grupo Macri se suspendió a la espera de que la Sala B de la Cámara en lo Comercial revise si confirma la resolución.
En ese contexto es que es que presentó ahora Zannini este planteo. Con el fin de “la satisfacción integral del crédito que les adeudado”, reclamó a la justicia hacer extensiva la firma a las dos empresas controlantes de la familia Macri. “En atención a la insolvencia de Correo Argentino SA, el Estado Nacional resulta un acreedor afectado por el déficit del activo de la quiebra principal, motivo por el cual pretende hacer extensiva la quiebra decretada a las sociedades controlantes SOCMA Americana y SIDECO Americana en orden a satisfacer el crédito y como acreedor verificado le pertenece”.
Es que, de acuerdo a la jueza Cirulli en su fallo de quiebra, la firma Correo Argentino SA “no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa” y no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios”.
El Procurador habló de “una maniobra compleja y progresiva de vaciamiento de Correo Argentino SA en favor de SIDECO Americana y SOCMA Americana a través de la intermediación de abogados, apoderados y contrataciones de empresas con ellos vinculadas, con el objeto final de beneficiar al grupo controlante en particular SOCMA Americana en detrimento de la fallida y por supuesto sus acreedores”.
Se buscó, en sus palabras, “el vaciamiento fraudulento de Correo Argentino SA en beneficio de sus accionistas mayoritarios” y detalló una serie de hechos sobre los cuales se basó esa aseveración. Habló de una “promiscua relación entre Correo Argentino SA, sus directivos y abogados todo lo cual no es casualidad sino un eslabón más del engranaje que permitió la fuga del patrimonio en perjuicio de los acreedores”.
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