Acusan a Ricardo Jaime por la compra de varios bienes con dinero proveniente de la corrupción

Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner entre mayo de 2003 y julio de 2009. Hombre de confianza del ex presidente desde los años 80 en Santa Cruz llegó al área de Transporte sin ninguna experiencia en ese sector de la administración pública. Entró pobre a la función y se alejó aún más pobre según sus declaraciones juradas. Pero en realidad se enriqueció ilícitamente a través de la utilización de testaferros que compraron bienes que eran de Jaime pero que no podían aparecer a su nombre. Por su actuación como secretario de Transporte está imputado en varios casos por corrupción.

La semana pasada la fiscal Dafne Palópoli había acusado a Jaime de haber realizado una maniobra en el ferrocarril Belgrano Cargas por una cifra estimada de 10 millones de pesos equivalentes a 3,5 millones de dólares de la época en que se hizo el negociado. Se pagó por cambiar vías que nunca se cambiaron.

En el mismo juicio en el que se analiza el caso del Belgrano Cargas, Jaime es acusado por otros tres casos de corrupción. El más relevante es el de enriquecimiento ilícito. El ex secretario de Transporte y sus testaferros son acusados de haber comprado bienes con ingresos que no pudieron justificar. La sospecha de la fiscalía que encabeza Gabriela Baigún es que esos bienes se adquirieron con dineros provenientes de coimas entregadas por los empresarios que hicieron millonarios negocios en el área de transporte entre 2003 y 2009.

De hecho Jaime, en octubre de 2015, confesó haber cobrado coimas de dos empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Estado. Fue el primero de varios ex funcionarios kirchneristas que admitió haber recibido pagos ilegales de parte de empresarios. En aquella ocasión, mucho antes de que el kirchnerismo comenzara a utilizar la palabra “lawfare” para explicar algunos casos de corrupción Jaime fue condenado por coimero. Esa condena está firme.

La fiscal -al abrir su alegato- fue directa: “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún hizo una introducción en la que además de asegurar que tiene probado el enriquecimiento, dijo que era “pobre” cuando llegó al cargo pero eso cambió porque “los favores de los empresarios no tardaron en llegar”. La fiscal concluyó que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso señaló que “se ha probado que Jaime se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente iniciado por el crecimiento patrimonial de Jaime como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”.

La causa por enriquecimiento ilícito se inició en 2008. Desde entonces y hasta 2012 estuvo a cargo interinamente del juzgado donde se investigaba el crecimiento patrimonial de Jaime, el fallecido juez Norberto Oyarbide. En octubre de 2012 se hizo cargo del juzgado Sebastián Casanello quien procesó a Jaime y a los testaferros en 2014. En 2016 el fiscal Carlos Rívolo formalizó la acusación para que le expediente pasara a juicio oral y público. Jaime, según se determinó en la investigación judicial, tuvo un avión de cuatro millones de dólares y un yate valuado en un millón de dólares, autos, casas, departamentos y hasta un hotel.

En 2018 Jaime -detenido desde 2016- había pactado con la fiscal Baigún un acuerdo para declararse culpable del delito de enriquecimiento ilícito en un juicio abreviado. Había acordado cumplir una pena y devolver parte del dinero que había conseguido de manera ilícita. Pero el TOF 6 rechazó el acuerdo y se inició el juicio.

En 2019 comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6). Se suspendió por la pandemia y se reinició vía Zoom. Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico escucharon a unos 300 testigos. Algunos de ellos no habían declarado durante la instrucción del expediente. Desde que comenzó el juicio hasta ahora murieron tres de los testaferros que llegaron acusados al inicio del debate. Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza y asistió a algunas audiencias vía Zoom. El ex secretario de Transporte no presenció la primera parte del alegato de Baigún porque fue exceptuado por el TOF 6 por cuestiones de salud.

La fiscal Baigún comenzó hoy su alegato en el que dirigió la acusación a Jaime y a sus testaferros por la compra de algunos bienes. La audiencia de hoy en la que Baigún alegó es la primera de varias que se esperan hasta completar el pedido de pena por parte de la fiscalía.

La fiscal en la primera parte de su alegato, dio por probado que Jaime compró de manera ilícita una casa en un country de San Isidro, una casa en Carlos Paz, un hotel en la misma ciudad cordobesa y un diario y una radio en Córdoba. La fiscal también se refirió a una sociedad armada para comprar bienes y utilizada por Jaime y sus testaferros para hacer operaciones ilegales.

El primero de los hechos probados durante el juicio está relacionado con una casa en el country Camino Real en San Isidro. En abril de 2006 esa casa fue comprada mediante un poder por Raúl Omar Glories. La compró a nombre de María Filomena Pfaffen. Esa mujer, jubilada y sin ingresos para justificar la compra es la madre de Silvia Reyss, ex pareja de Jaime y también enjuiciada como testaferro del ex funcionario. La casa era usada por Jaime y Reyss los fines de semana y fue comprada por Glories cuñado de Néstor Otero, dueño de la terminal de ómnibus de Retiro. La compra -por 450.000 pesos-se hizo un mes antes de que Jaime le extendiera a Otero la explotación de la terminal de Retiro hasta el año 2015 por un canon menor al que había pagado hasta entonces.

Según explicó la fiscal Baigún Jaime puso como testaferro a su ex suegra, quien jamás visitó la casa de fin de semana porque vivía en Río Gallegos. La mujer, anciana, no pudo llegar a juicio por sus condiciones de salud. Para la acusación esa casa era de Jaime y la usaba junto a Reyss.

En 2015 cuando se declaró culpable de recibir coimas, Jaime aceptó que Otero le había pagado el alquiler de su departamento. Es decir que el empresario al que debía controlar le pagaba el alquiler y le regaló una casa de fin de semana. La fiscal Baigún resaltó la relación entre esa casa y Otero, el empresario que aún tiene a su cargo la Terminal de Ómnibus de Retiro gracias a aquella gestión de Jaime ratificada luego por los gobiernos que siguieron.

Pero eso no fue lo único que- según las probanzas del juicio- Otero le “acercó” a Jaime. Un hotel llamado Saint Tropez y situado en Carlos Paz fue comprado por una sociedad que tenía como integrantes a Alfredo Pielach y Lisandro López. Ambos formaban parte del entramado de societario de Otero. Ambos están en juicio. El hotel lo administraba Julieta Jaime, la única de las tres hijas del ex funcionario que está acusada de testaferro. Antes le habían dado un poder de administración a Sebastián Ledantes, quien estuvo casado con Julieta Jaime. La fiscal desvinculó a Ledantes del enriquecimiento de Jaime y pidió su absolución.

La fiscal dio por probado que la sociedad Lago Azul (de Pielach y López) compró un hotel y una camioneta para Jaime. El hotel se pagó 400.000 pesos en 2007 pero la fiscal consideró que fueron “400.000 dólares”. “No quedan dudas-dijo Baigún- el hotel era de Jaime y por eso lo administraba su hija”. Para la fiscal Pielach y López hicieron la operación del hotel “para favorecer al entonces secretario de Transporte para colaborar en su enriquecimiento”. Baigún explicó que los dos imputados ayudaron a Jaime a esconder el hotel y lo hicieron por la relación que tenían con Otero.

Julieta Jaime vive aún en una casa situada en la calle Omaguacas 91 de Carlos Paz. Esa casa, según la acusación de la fiscal, también fue comprada con dinero que los Jaime no pueden justificar. Cuando la compraron la propiedad estaba destinada para que vivieran allí Julieta Jaime y Sebastián Ledantes quien era su esposo en 2007. Adquirieron la casa con fondos que aportó Jaime en efectivo y la pusieron a nombre de Graciela Vigna, madre de Ledantes. Durante el juicio Vigna declaró que el dinero para comprar la casa no lo había puesto Julieta: se lo habían dado sus padres. De ese modo Vigna, acusada junto a su hijo como testaferros, complicó a Jaime. La fiscal descartó que la casa se haya comprado con dinero de Julieta Jaime, quien dijo eso para defenderse. Baigún dio por tierra con los argumentos brindados por la abogada Mariela Baldi, amiga de la familia, que certificó ingresos de Julieta Jaime y además había señalado que su padre (Clemente Baldi) le había prestado el dinero para comprar la casa de Omaguacas. Baigún señaló: “Julieta Jaime no tenía cómo justificar la compra de la vivienda. El dinero era de Ricardo Jaime”. En esa casa fijó domicilio la sociedad Lago Azul que adquirió el hotel para los Jaime.

Baigún que alegó desde su casa acompañada por sus auxiliares fiscales Claudia Rebour y Jesica Racki- también se refirió a la sociedad Delome que usó la estructura de negocios de Jaime para esconder operaciones que el ex secretario de Transporte hizo pero no podía justificar.

Delome fue una creación de Manuel Vázquez, testaferro principal del ex secretario de Transporte y hacedor de negocios oscuros. Delome tenía como presidente a Julián Soba Rojo, quien llegó al juicio acusado como testaferro de Jaime y murió en junio pasado. Esa sociedad por ejemplo compró un diario y una radio en Córdoba donde Jaime era el jefe político del Frente para la Victoria. Para la fiscalía no uedan dudas: la radio LV2 y el diario La Mañana de Córdoba eran de Jaime. La compra la hizo Vázquez con dinero en efectivo que llevó en un bolso repleto de dólares. Los medios de Córdoba eran utilizados para hacer campaña y pra la fiscalía:“Tenían una clara finalidad política”. También compraron con esa sociedad dos autos, que usaba Jaime y no podía tener a su nombre.

La fiscal no acusó ni a Jaime ni su hija Julieta por la compra de una moto de agua que había sido incluida en el expediente judicial por el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte.

En el mismo juicio Jaime también está acusado también de haber participado en la compra millonaria de trenes chatarra a España Portugal en la que además se pagaron coimas. En ese caso también está acusado el ex ministro de planificación del kirchnerismo Julio De Vido. Y además de haber usado de manera personal dos autos que estaban bajo la órbita del Estado. Esa parte de la acusación quedó para las próximas audiencias. Algunos de los delitos por los que está acusado Jaime tienen penas de hasta seis años de prisión.

Jaime tiene dos condenas firmes. Aún no está firme la condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal 2 lo halló culpable del delito de administración fraudulenta. Cuando la Casación revisó esa condena lo culpó también por el choque: la pena fue de ocho años de prisión. La Corte revisó las condenas de todos imputados por la Tragedia de Once y las confirmó salvo en el caso de Jaime. La Corte dijo que Casación tenía que volver a revisar el caso porque se había modificado la acusación. A esa condena le falta la revisión de Casación y la de la Corte.

La fiscal Baigún- según se desprende de lo dicho en la primera audiencia de alegatos- pedirá una pena para Jaime. Si los jueces del TOF 6 lo hallaran culpable la situación judicial del ex secretario de Transporte se agravaría aún más.

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