Con el diagnóstico de que las consecuencias de la crisis económica en los bolsillos constituyen la principal preocupación de los votantes, a tres semanas de las elecciones generales el oficialismo busca retomar el control de la agenda y centra su campaña en los controles para hacer cumplir el recientemente aplicado congelamiento de precios. Aunque la medida provocó una fuerte polémica y la aplicación se perfila complicada, el Frente de Todos cree que vale la pena pagar el costo político de enfrentar a sectores empresarios para ganar simpatía entre un 20 por ciento de los votantes que, cree, aún está a tiempo de convencer.
Con el objetivo de retomar el control de la agenda en una campaña que se vio retrasada por las fuertes disputas internas que siguieron a la derrota en las PASO, el Frente de Todos decidió esta semana enfocar el relato electoral en los controles de precios y las críticas contra los supermercadistas. Aunque se trata de una medida de difícil cumplimiento, que le vale además fuertes cuestionamientos en el establishment e incluso entre intendentes y movimientos sociales afines, la utilizará como caballito de batalla para mostrar iniciativa en las tres semanas previas al 14 de noviembre.
El diagnóstico principal del oficialismo es que la principal preocupación de los votantes es la situación económica diaria. Para “aliviar los bolsillos”, como no se cansan de repetir, el Gobierno apuntará todos los esfuerzos a mantener los valores de los productos en las góndolas e intentará responsabilizar a los formadores de precios por el desbarajuste económico.
El precio a pagar de la medida de congelamiento en el tramo electoral final es alto. La oposición y los grandes empresarios, pero también los dueños de comercios barriales y pymes pusieron el grito en el cielo con predicciones sobre un posible desabastecimiento, como señaló el presidente de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, Mario Grinman.
En el Gobierno admiten que la medida acarrea consecuencias negativas. No sólo de parte de los grandes supermercadistas, sino también en el punto de vista de la clase media que vive del comercio, que arrastra un fuerte malestar con la administración de Alberto Fernández desde el año pasado por la obligación de cerrar sus comercios durante largos meses por las restricciones que impuso la Nación en la primera parte de la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, en el Frente de Todos creen que ese costo es marginal en el balance final y que vale la pena enfrentar el descontento. “Habrá algunos grupos enojados, pero al grueso de los dirigentes les va a servir. Y por supuesto, también a la población, que va a poder acceder a precios justos”, dijo un funcionario con despacho en la Casa Rosada.
También las dificultades en la aplicación de la medida se ven como un desafío, porque se trata de controles en millones de comercios imposibles de llevar a cabo de manera uniforme y sostenida. Pero las autoridades nacionales consideran que aunque se cumpla sólo en parte saldrán ganando. “Si logramos que un 30 por ciento baje los precios, ya se va a sentir”, dijo el vocero de un ministro.
La reunión que encabezó Alberto Fernández el viernes en Olivos con intendentes peronistas del conurbano y el encuentro de Roberto Feletti con los mismos actores días antes se centraron justamente en instar a los dirigentes municipales a que pongan todos los esfuerzos en el control en los grandes supermercados y en los comercios de cercanía. En la escala de prioridades electorales del Gobierno, la provincia de Buenos Aires se ubica en el lugar más alto, y se buscará poner allí el mayor ímpetu en la fiscalización de la retrotracción de los precios de 1432 productos a los valores que estaban vigentes el 1ro de octubre, como dicta la resolución 1050 que emitió el martes el nuevo secretario de Comercio y que regirá por tres meses.
Aunque da por sentada una nueva derrota en noviembre, el Gobierno se esperanza con la posibilidad de remontar el resultado con la mejora en el acceso de los ciudadanos a los alimentos. En la reunión del viernes en la quinta presidencial, donde estuvo también el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa les planteó a los intendentes que el Frente de Todos aún puede conquistar un 19,5% del electorado. Ese porcentaje, basado en los números que arrojaron los resultados de las Primarias, comprende los votos en blanco; los de las fuerzas que quedaron afuera porque no alcanzaron el piso de 1,5 por ciento; y a los electores que no asistieron a votar (la concurrencia fue entre 10 y 20 puntos menor al promedio de las elecciones legislativas).
“La elección todavía está abierta y depende de la capacidad que se tenga para ir a buscar con un mensaje claro a aquellos que no fueron a votar, o votaron por fuerzas menores o votaron en blanco. Hay un 20 por ciento en disputa”, dijo el líder del Frente Renovador en el encuentro que se centró en los controles de precios.
Los esfuerzos no están orientados solo al conurbano. Aunque es el área más poblada, que aporta la mayor cantidad de diputados y cuyos resultados finales inciden en el total del país y tienen un peso simbólico alto en cualquier elección, el oficialismo también tiene la mira puesta en el interior. Principalmente en las provincias que eligen senadores, como La Pampa y Chubut.
El Gobierno encargó la tarea de coordinar esfuerzos con las provincias en el Ministerio del Interior. En los últimos días, la secretaría de Política Económica de esa cartera impulsó una serie de conversaciones virtuales con áreas de Comercio de las jurisdicciones provinciales. No todas fueron respuestas positivas. Muchos distritos marcaron la dificultad en el cumplimiento, mientras que otros directamente dijeron que no contribuirán a los controles. En especial los opositores, como la Ciudad de Buenos Aires, pero también algunos afines.
Ayer empezaron las inspecciones en el Gran Buenos Aires, sin incidentes. Y en las próximas semanas se pondrán en marcha relevamientos en localidades del interior. Pero ya se vislumbran resistencias de distritos afines y algunos gobernadores ya mostraron reparos. “Los gobernadores tienen pruritos desde el punto de vista operativo. Pero desde lo electoral les conviene. A ellos también los deja mal parados el malestar económico”, dijeron en la Casa Rosada.
Como publicó Infobae, la medida tampoco fue bien recibida entre los movimientos sociales afines al Gobierno, especialmente los que concentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que vio con malos ojos el avance sobre comercios de cercanía. Ante los reparos, en principio este tipo de locales estaban siendo exceptuados de los controles. Según dijo ayer a Infobae un importante referente de los supermercadistas, los autoservicios y comercios barriales no recibieron visitas de inspectores militantes de las municipalidades del conurbano.
El tema de los precios, creen en el Gobierno, sirve también para aglutinar a los propios, cuando continúan las diferencias internas tras los pases de factura por el revés en las PASO, y surgen nuevos frentes de batalla. El más reciente quedó evidenciado en el malestar que generó puertas adentro de la coalición oficialista la respuesta del Presidente al pedido de ayuda de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para enfrentar la escalada de ataques de grupos autodenominados mapuches.
La carta pública que emitió Alberto Fernández remarcando que no era función de la administración federal reforzar la seguridad local en las rutas fue calificada, lisa y llanamente, por varios referentes del oficialismo, como “un tiro en el pie” en el tramo más importante de la campaña. Los incidentes con los grupos indígenas violentos están entre las mayores preocupaciones en esa provincia como en Chubut, que elige senadores, y una de las prioridades de la administración nacional, que podría quedarse sin quórum propio en la Cámara alta. Al desligarse desde lo discursivo -aunque envió tropas de Gendarmería-, el Gobierno recibió fuertes y veladas críticas de las autoridades locales. La más resonante fue la del intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, quien dijo que consideraba una “falta de respeto” la misiva del primer mandatario.
El tema del precio de la comida atraviesa transversalmente a todo el país, a diferencia de otros ejes de preocupación, como la inseguridad, que son acotados a los grandes centros urbanos y sus suburbios. Con este tipo de política económica, el Gobierno busca enfocarse en la problemática más abarcativa de cara a las elecciones generales. Hoy, todas las áreas están abocadas a los controles en las góndolas, que se transformaron en el corazón de la estrategia del oficialismo para mejorar la performance del oficialismo en las urnas dentro de tres semanas.
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