María Eugenia Vidal expuso su plataforma en materia de seguridad: víctimas, fuerzas policiales y política carcelaria

Desde la Asociación Civil Usina de Justicia, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad. Incomprensiblemente, los candidatos raramente son consultados por su plataforma de inseguridad, pese a que suele ser el problema mencionado en primer lugar en las encuestas ciudadanas. Para suplir ese déficit, y para colaborar en la difusión de su proyecto, hoy reproducimos las respuestas de la candidata a diputada nacional por la Capital Federal María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio.

Estamos esperando la confirmación de las entrevistas con Javier Milei, Leandro Santoro, Myriam Bregman, Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Facundo Manes, Florencio Randazzo, Nicolás Del Caño y Cynthia Hotton.

Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política Carcelaria. Esperamos poder dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses antes del 14 de noviembre. Las respuestas serán una confirmación de su genuino interés por la ciudadanía.

VÍCTIMAS

— ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal asignado por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?

— Me parece sumamente positiva. De hecho, durante mi gobierno enviamos a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto del nuevo Código Procesal Penal, que lamentablemente no fue aprobado, y que se enfocaba directa y principalmente en potenciar los derechos de las víctimas en el proceso penal. Por ejemplo, en ese proyecto establecíamos que la víctima debía ser escuchada (por supuesto en el momento que quisiera hacerlo), antes de decidirse una excarcelación o un juicio abreviado, y que si ello no ocurría, los actos procesales eran nulos. También mandamos un proyecto de reforma a la ley de ejecución penal provincial, que tenía ese mismo sentido, ordenando que la víctima debía ser escuchada, una vez más cuando quisiera hacerlo, antes de otorgarle algún beneficio al condenado.

— ¿Qué importancia cree que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?

— La difusión pública de sus derechos es sumamente importante. Muchas veces las víctimas no ejercen estos derechos, simplemente porque no saben que los tienen. Hay mucho por trabajar y avanzar en este sentido. Un aspecto clave tiene que ver con difundir campañas públicas masivas de concientización sobre la existencia de estos derechos, informando claramente dónde y cómo las víctimas pueden hacer sus denuncias. Lamentablemente, hoy vemos que el Gobierno nacional, en lugar de trabajar por los derechos de las víctimas, se pone del lado de quienes cometen los delitos. Por eso es importante visibilizar estos temas y mejorar las leyes, para que las víctimas puedan actuar sabiendo lo que pueden o no hacer.

— La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales sólo se designaron 5 hasta el presente y la primera designación fue en diciembre 2020. ¿Qué opina respecto a esta falta de celeridad en las designaciones y qué propondría para agilizarlas?

— Es incomprensible que estas designaciones no se hayan completado. Ojalá muy pronto podamos empezar a trabajar desde el Congreso en este y otros aspectos que tengan que ver con la promoción de los derechos de las víctimas. Un primer paso en este sentido debería ser, exigirle a la Defensoría General de la Nación que informe cuál es el estado de los procesos de designación de todos los Defensores Públicos de Víctimas que faltan.

— En 2016 se constituyó la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. ¿Cree que es un ámbito óptimo de control de gestión sobre la aplicación de la ley 27.372?

—Siempre es muy importante la creación de órganos parlamentarios que permitan asegurar que se esté trabajando en forma correcta. Sin embargo, muchas veces estos mecanismos no tienen la agilidad ni la eficacia que nos gustaría para proteger a las víctimas de delitos y garantizar sus derechos. Y por eso tenemos que seguir trabajando para promover más y mejores herramientas para cuidar a quienes sufren un delito.

— La Ley 27.372 es una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 con miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?

— Nada es difícil si hay voluntad y convicción de transformar las cosas que no están bien. Por eso la clave está en que haya una fuerte decisión política, como yo la tuve cuando, junto a mi equipo, trabajamos nuevas leyes procesales del Código que envié a la Legislatura. Porque ese Código fue especialmente diseñado para asegurar plenamente los derechos de las víctimas, pero sin disminuir las garantías de los imputados. Hay que seguir trabajando para desterrar ese grave error que supone que, si la víctima opina, se lesionan las garantías del imputado.

— ¿Qué propuestas concretas tiene para mejorar el servicio de justicia respecto a las víctimas?

— Además de las reformas procesales que ya mencioné, y tal como en su momento lo implementamos en la Provincia de Buenos Aires, es muy importante contar con un sistema permanente de asistencia a la víctima, asistencia jurídica, psicológica y de otros tipos que puedan requerirse. También es importante avanzar en la obligatoriedad de la participación del abogado de la víctima, una figura que tiene que estar financiada por el Estado, y que no reemplaza sino que complementa a la figura del Defensor oficial de la víctima.

FUERZAS DE SEGURIDAD

— ¿Qué opina del presupuesto de las Fuerzas de Seguridad?

— Hoy la gente no se siente segura cuando sale a la calle, y si bien en la Ciudad de Buenos Aires se viene trabajando mucho y de forma sostenida para combatir el delito, sabemos que la solución al problema de la inseguridad no es mágica. La respuesta tiene que ver con tomar la decisión firme y de forma continuada en el tiempo de darle pelea al delito y a los delincuentes. Una parte fundamental de esto tiene que ver con asignar los recursos necesarios para lograrlo. Hoy, en línea con la situación de un país que tiene recursos muy limitados, vemos que el presupuesto asignado a las fuerzas de seguridad es muy ajustado. Más del 90% tiene como destino el pago de sueldos, quedando un remanente mínimo para la inversión en materiales, bienes, equipamiento y capacitación del personal. Y como sabemos que para hacer un buen trabajo quienes velan por nuestra seguridad necesitan un buen equipamiento, es importante analizar la creación de un Fondo Permanente de Seguridad que tenga como objeto la asignación de recursos para inversión directa en las necesidades de las Fuerzas de Seguridad.

Muchos de estos equipamientos y herramientas son fundamentales para dar batalla contra el delito, como por ejemplo, los Centros de Monitoreo como los que posee hoy la Ciudad de Buenos Aires, con las respectivas conexiones y cámaras de video vigilancia, que requieren de una permanente actualización.

Y así lo entendimos también cuando estuvimos en la Provincia de Buenos Aires, cuando completamos y actualizamos los chalecos antibalas para todos los policías de calle, modernizamos el equipamiento del Grupo Halcón y de los Grupos de Apoyo Departamentales; reparamos y sumamos casi 4000 vehículos; otorgamos a los móviles patrulleros el sistema para garantizar la geolocalización; extendimos e integramos el Servicio de Emergencia 911, permitiendo llegar al 94% de los vecinos; mejoramos comisarías, instalamos 200 dependencias móviles en barrios vulnerables y sumamos 40 torres de monitoreo para la prevención, entre otras acciones.

Sabemos que el delito es un fenómeno dinámico, que no respeta ni reconoce jurisdicciones, límites o fronteras. Por eso, para ganar la batalla a la delincuencia, tenemos que poder trabajar de forma organizada y conjunta, coordinando la inversión y la distribución de recursos en forma permanente.

— ¿Cree que deberían usarse las pistolas Taser? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias las considera necesarias?

— El uso de las pistolas Taser es una herramienta más para darle seguridad a las personas y al mismo tiempo evitar daños colaterales durante el accionar policial. Uno de los mayores obstáculos con que se encuentra hoy un policía en su servicio diario es la falta de las herramientas intermedias para manejar las situaciones en las que no es aconsejable hacer uso del arma de fuego, sabiendo las consecuencias que esto puede tener. Este tipo de dispositivos, como las pistolas Taser, están regulados por normas internacionales y fueron pensados específicamente para resolver situaciones de delito sin causar daños mayores y, por sobre todas las cosas, preservando la vida de todos, incluido lógicamente la del mismo sujeto al que se intenta reducir, que puede ser por ejemplo, una persona con sus facultades mentales alteradas, que como enfermo, tenemos la obligación de proteger. Creemos que es muy importante seguir debatiendo y proponiendo nuevas herramientas y estrategias que al final del día permitan que los argentinos puedan vivir más tranquilos, seguros y sin miedo.

— ¿Hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué?

— En primer lugar lo que hay que hacer, y que hoy no se observa, es planificar. Sin diagnóstico ni planificación es muy difícil poder estimar la participación de las fuerzas de seguridad, porque básicamente no se puede saber ni conocer la dimensión real del problema. Nosotros estamos convencidos de que se debe organizar las fuerzas de forma inteligente y estratégica, en base a un trabajo previo con información estadística y confiable que se pueda obtener a través de un mapa del delito y otros indicadores empíricos que se obtengan del trabajo que realicen las fuerzas de seguridad. De esta manera, nos aseguramos que la participación de estas fuerzas sea la necesaria para hacer frente a la situación en cada distrito, sin derrochar recursos, y asegurando un trabajo eficiente contra el delito.

POLÍTICA CARCELARIA

— ¿Qué solución propone para hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?

— Nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar fuertemente en el diagnóstico y la planificación para poder destinar los recursos necesarios para la construcción de cárceles y evitar la sobrepoblación carcelaria. Porque la solución no es, como hizo el Gobierno nacional, empezar a liberar indebidamente presos. En la Provincia de Buenos Aires, el problema de la sobrepoblación de las cárceles viene desde hace muchos años. Durante mi gestión no sólo encaramos obras para nuevas cárceles, sino también para aumentar la capacidad de alojamiento de presos en las ya existentes, y otras que tenían como finalidad mejorar las condiciones. Y, claramente, todas estas iniciativas requieren de presupuesto y de planificación.

— ¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?

— Sabemos que la gente está sufriendo muchísimo la inseguridad y que hoy son muchas las víctimas de delitos a las que les cuesta volver a tener una vida normal después de haber pasado por un hecho traumático de este tipo. Por eso las penas apuntan tanto a intentar reparar en las víctimas ese dolor como a la resocialización de los delincuentes.

En la Provincia de Buenos Aires, durante mi gestión, trabajamos fuertemente en la disposición de establecimientos penitenciarios destinados a jóvenes que cometieron delitos penados con hasta cinco años de prisión; es decir no especialmente graves. En esos establecimientos, los jóvenes no tienen vínculo con otros delincuentes más peligrosos y cuentan con programas especiales de educación y capacitación laboral que los preparan para un regreso a la vida en sociedad y, sobre todo, para que no vuelvan a cometer delitos. Creemos que las penas tienen que apuntar a esa resocialización, pero fundamentalmente, tenemos que pensar que también tienen que ser aleccionadoras, que envíen un mensaje a toda la sociedad respecto de que no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal.

— ¿Qué opina acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

— Yo creo que esos beneficios no pueden desvirtuar el sentido de la pena. Si la pena que fijan los jueces es la pena que se corresponde con la gravedad del delito, eso no puede quedar por completo desdibujado a través de beneficios que la tornen demasiado leve. Y es importante que las penas sean cumplidas. Las penas dependen de la ley nacional, por lo que como gobernadora no podía modificarlas. Pero en el nuevo Código Procesal Penal que envié a la Legislatura, también propuse un endurecimiento del régimen de excarcelaciones. Y estoy convencida que tenemos que trabajar por este camino desde el Congreso, para llevar estos conceptos y estos proyectos a nivel nacional.

— Respecto a la pregunta anterior y para combatir al delito ¿Qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?

— Ya mencioné antes el endurecimiento de las excarcelaciones. Pero no es lo único que puede hacerse en las leyes procesales. En nuestro nuevo Código Procesal Penal, proponíamos una modernización de los medios de investigación, y una reducción sustancial de las vías recursivas en los procesos penales. Porque los procesos penales más rápidos y efectivos son una herramienta muy importante para combatir la inseguridad. Podemos tener penas muy duras, pero si por distintas cuestiones que tienen que ver con leyes que son malas no se llega nunca a la condena, esas penas nunca van a poder ser aplicadas. Espero muy pronto poder estar en el Congreso para empezar a trabajar en estos temas, porque todos los argentinos nos merecemos vivir en paz.

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