Pese a la agenda positiva que busca imponer, el Gobierno suma múltiples frentes de batalla que desgastan la gestión

Mientras transita el último tramo de la etapa electoral, el Gobierno se enfoca en evitar los conflictos políticos internos y se adhiere a una campaña con un perfil positivo que durará tres semanas. Después del 14 de noviembre la gestión volverá a estar en la agenda con mayor protagonismo y las necesidades de Alberto Fernández pasarán por lograr gobernabilidad con todos los actores de poder.

Sin embargo, y pese a la voluntad manifiesta de evitar las tensiones como parte de la agenda positiva que recomendó instalar el asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, el gobierno nacional vivió seis días complejos, con la apertura de frentes de batalla externos e internos. No hay paz. Nunca.

No pasa una semana sin que el Gobierno quede envuelto en un hecho polémico o en un contrapunto de voces que aumentan el ruido dentro de los pasillos de la Casa Rosada. En Balcarce 50 asumen que es parte de la gestión y que es imposible evitarlo por más recomendación de agenda positiva que dé el asesor estrella.

La semana empezó con dos actos por el Día de la Lealtad peronista. El primero, el último domingo, con críticas a Alberto Fernández y un pedido claro: no cerrar un acuerdo con el FMI. El reclamo llegó en el mismo momento en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encontraba en Estados Unidos, llevando adelante una agenda vinculada al pago de la deuda y la captación de inversiones.

En definitiva, fue un nuevo auto boicot contra las prioridades de la gestión de Fernández. El kirchnerismo duro forma parte de la coalición de gobierno pero, por momentos, actúa como si no lo fuera. Marca su propia agenda, que desconfigura la que diseñan en la Casa Rosada.

Para ese desacuerdo no parece haber solución. En la coalición son pesimistas sobre la posibilidad de lograr una estabilidad prolongada en el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y poder generar una sintonía fina en la alianza que no desentone a cada rato. Es una utopía. Lo es antes de las elecciones generales y lo será cuando la discusión empiece a ser la construcción política rumbo a los comicios presidenciales del 2023.

El lunes la CGT y los movimientos sociales movilizaron a miles de personas por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el segundo acto por el 17 de Octubre. Hubo un comunicado de la central obrera que no tuvo un apoyo explícito al Gobierno y que generó suspicacias sobre el respaldo real de la marcha. En la Casa Rosada no tuvieron dudas de que la movilización había sido en apoyo a la gestión del Presidente.

El Frente de Todos renueva el concepto de unidad con una frecuencia inusitada. Fotos de unidad, señales de unidad, actos de unidad, símbolos de unidad. Es una preocupación permanente que tienen todos y, en especial, el Jefe de Estado. Sin embargo, no lograron encausar la celebración del Día de la Lealtad. Los dos actos, con expresiones públicas diferentes, volvieron a dejar a la luz las grietas internas, que son cada día más indisimulables.

En los primeros días de la semana se sumó otro conflicto a la agenda de Gobierno: el congelamiento de precios. El oficialismo, con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, a la cabeza, buscó cerrar un acuerdo con el titular de COPAL, Daniel Funes de Rioja, y las cámaras de supermercados, para frezzar el precio de 1.432 productos de la canasta de consumo masivo.

No se logró y el Gobierno terminó emitiendo una resolución para concretar el congelamiento de los productos con los valores que tenían al 1° de octubre pasado y durante 90 días. Una negociación que fracasó y generó mucho ruido en el ámbito empresarial.

Las ideas y vueltas entre el Gobierno y los empresarios, que anticiparon la posibilidad de que haya desabastecimiento de productos, le dejó a la oposición un tema nuevo arriba de la mesa para subirse y utilizarlo a su favor. Justo cuando la agenda opositora empezaba a diluirse por la falta de errores no forzados de la gestión peronista.

“En la Argentina ya se ha demostrado una y mil veces que los controles de precio de forma compulsiva no han funcionado nunca en la historia”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Recetas viejas que no solucionan un problema histórico, fue el argumento central de Juntos por el Cambio.

En Balcarce 50 aseguran que “el 80% de las empresas estaban de acuerdo” para congelar los precios y evitar que la inflación del tercer trimestre se desmadre. Lo cierto es que no hubo acuerdo. El crecimiento brusco de los precios genera mucha preocupación en el Gobierno, donde asumen que tienen el dólar y las tarifas pisadas, y que aún así la inflación ya superó el 50% en los últimos doce meses.

El último frente de batalla que se abrió en la gestión fue el conflicto mapuche en Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras le reclamó al Presidente que envíe fuerzas federales a la provincia para controlar la escalada de violencia. Le envió una carta que no le cayó bien a Fernández. En la Casa Rosada entienden que la mandataria se quiso sacar el problema de encima y le tiró la pelota al gobierno nacional.

La reacción del Jefe de Estado fue enviar Gendarmes pero argumentar que no era responsabilidad del Gobierno brindar seguridad en la región. Esa letra también la replicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Carreras había aclarado que no estaba “pidiendo un favor”, sino exigiendo que “cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia”. La discusión se embarró y Fernández se enojó.

Hasta hace muy poco tiempo Carreras era considerada una “gobernadora amiga” del Gobierno, pero esa amistad parece haberse roto. Cerca del Presidente dicen que no asistió a los últimos actos a los que fue convocada, lo que entienden como una acción previa para desmarcarse y mostrar distancia de la Casa Rosada. Por eso el reclamo efusivo hacia Fernández sorprendió a medias.

“Se tiene que hacer cargo de la seguridad de la provincia. Ella gobierna, es su responsabilidad”, siguen insistiendo en el Gobierno, donde argumentan la posición oficial con la Ley de Seguridad Interior. Como le suele suceder a la gestión de Fernández, en medio de los conflictos aparecen voces del mismo armado político contradiciendo la postura oficial. La que resonó la última semana fue la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El funcionario aseguró que los ataques de los mapuches son actos de terrorismo y pidió la intervención del gobierno nacional en el conflicto. Es decir, respaldó la postura de Arabela Carreras. Previamente, en el inicio de la semana, se había generado una ola de rumores sobre la posible salida de Berni del Frente de Todos. La agenda política se llenó de los problemas internos del peronismo.

En una entrevista con este medio Berni se refirió al tema y dejó picando una frase: “No tengo dudas de que el Presidente no quisiera que esté. No tenemos una buena relación personal”.

En el entorno del ministro sostienen que expresar en público sus disidencias es parte de las discusiones que se dan en el peronismo. Esa es la dinámica que Berni entiende que se debe aplicar y, por ende, asume que hay que desdramatizar sus críticas al Jefe de Estado. En tanto, en la Casa Rosada fueron tajantes frente a sus intervenciones: “Quizás habla fuerte para disimular los graves problemas de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires”.

Un segundo conflicto político empezó a carcomer a la coalición a través del Senado. Tal como anticipó Infobae hace una semana, en la Cámara alta se desató un interna que podría terminar con la ruptura del bloque oficialista. Hay un grupo de senadores, entre los que se encuentran Guillermo Snopek (Jujuy), Sergio “Oso” Leavy (Salta), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Camau Espíndola (Corrientes), que podrían romper el bloque después de las elecciones.

Cada uno tiene sus motivos. Desde la falta de debate interno y la bajada de línea de Cristina Kirchner, hasta la decisión de Alberto Fernández de acordar con los gobernadores de las provincias que no conduce el peronismo, dejando afuera del juego político a los senadores locales, pasando por las amenazas de un sector de la coalición de intervenir el PJ en las provincias. Hay varios argumentos que aumentaron el malhumor en el Congreso.

El paso que están pensado es romper el bloque para armar uno nuevo y funcionar como un interbloque. ¿En que cambia? En que no acompañarían todas las votaciones que pide la Vicepresidenta y tendrían capacidad de negociación frente a las necesidades del Gobierno. En la mayoría de los temas respaldarían al bloque mayoritario del Frente de Todos, pero tendrían margen para disentir y negociar beneficios para sus provincias. Una moneda de cambio.

Los frentes de conflicto se abren en forma permanente en el camino que recorre el gobierno nacional. Esta semana fue el mejor ejemplo. No hay voluntad de instalar una agenda positiva que pueda evitarlos ni subsanar el desgaste que le generan a la gestión.

Más allá de la elección, en el Gobierno importa el día después de los comicios. Porque a partir de ahí deberán gobernar un país con una grave crisis económica, un escenario político partido y una gestión golpeada por la pandemia, los conflictos frecuentes y, sobre todo, los errores propios.

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