La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Maria Eugenia Vidal criticó el contenido de la carta del presidente Alberto Fernández sobre los hechos de violencia registrados en la Patagonia, en la que sostiene que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región” en medio de los incidentes con grupos que se identifican como mapuches.
Vidal coincidió con la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni en la definición de lo que está ocurriendo en la provincia patagónica “es terrorismo, es un delito federal”. Por lo tanto, se trata de un hecho que “requiere la acción de fuerzas federales y la protección de los argentinos que están desprotegidos por el gobierno nacional”, consideró.
Desde ese punto de vista, la ex gobernadora bonaerense rechazó la postura del presidente Alberto Fernández en atribuir la responsabilidad exclusiva del conflicto a la mandataria de Río Negro y reclamó “que se aplique la ley existente” para intervenir en la región.
“Una vez mas la política se antepone a la responsabilidad. Como en Río Negro quien gana la elección no es del oficialismo, no envían fuerzas federales. Nunca el eje para este gobierno es la gente”, sostuvo en declaraciones a LN+. Y agregó: “Nunca es la necesidad de resolver los problemas, siempre es la disputa por el poder o la política”.
Desde hace semanas, dirigentes de la oposición y autoridades políticas de la Patagonia le están exigiendo al gobierno de Alberto Fernández que intervenga en Río Negro para contener los hechos de violencia.
En ese marco, senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para que se convoque a la Cámara alta al ministro de Seguridad Aníbal Fernández con el objetivo que brinde un informe sobre la situación de conflicto con miembros de la comunidad mapuche en Río Negro.
La propuesta lleva la firma de los senadores Pablo Blanco, Víctor Zimmerman, Claudio Poggi, Gladys González, Humberto Schiavoni, Martín Losteau, Carolina Vucasovich, Mario Fiad, Pamela Verasay, María Belén Tapia y Esteban Bullrich.
“Desde sus inicios la RAM le ha declarado la guerra al Estado argentino y también al chileno en la pretensión de establecer en territorio de ambos países una nación escindida”, sostuvo el legislador Pablo Blanco en alusión al conflicto en Río Negro.
Otros espacios, como el la neuquina Lucila Crexell del interbloque Parlamentario Federal, también expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación con la actitud irresponsable del Gobierno nacional ante los ataques de grupos radicalizados en la Comarca Andina” y sostuvo que “el Estado Federal debe garantizar el orden público”.
La reacción del Poder Ejecutivo
Esta semana, la Casa Rosada decidió reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido durante la madrugada del martes en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, y con el objetivo de prevenir posibles nuevos conflictos.
Tras tomar la medida de asistir a esa provincia con una mayor dotación de efectivos de Gendarmería, Alberto Fernández le envió la controversial carta a la gobernadora Carreras para ratificarle esa medida, aunque le aclaró los términos que impone la Ley de Seguridad Interior.
El ministro Aníbal Fernández informó que accedió al pedido de la Fiscalía Federal respecto a la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la investigación por terrorismo en la región andina de Río Negro. “Hemos respondido afirmativamente”, twitteó hoy el funcionario nacional.
El 16 de octubre pasado, la jueza federal Silvina Domínguez se declaró competente para intervenir en la denuncia por terrorismo que presentó el gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, y dispuso que la fiscal federal Sylvia Little dirija la investigación.
Hasta entonces, la denuncia solo incluía los ataques incendiarios en el centro de informes turísticos de El Bolsón y un edificio de Vialidad Provincial en Bariloche y recientemente se incorporó el incendio del Club Andino Piltriquitrón.
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