Como Asociación Civil Usina de Justicia nos hemos propuesto subsanar esta ausencia en el debate entrevistando a todos los candidatos a legisladores nacionales por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sobre temas de seguridad: Ley de Víctimas, fuerzas de seguridad y política carcelaria.
Desde Usina de Justicia, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad. Nos parece imprescindible indagar en el pensamiento y las propuestas de los candidatos en esta materia crucial que hace a la vida y a la seguridad de las personas.
La semana pasada entrevistamos a Ricardo López Murphy. Hoy publicamos la charla que mantuvimos con Carolina Píparo y José Luis Espert, que encabezan la lista de Avanza Libertad como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Mañana, será el turno de María Eugenia Vidal.
Estamos esperando que Javier Milei, Leandro Santoro, Myriam Bregman, Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Facundo Manes, Florencio Randazzo, Nicolás Del Caño y Cynthia Hotton nos concedan un rato de su tiempo para responder a nuestro cuestionario.
Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política Carcelaria. Esperamos que en el transcurso de los días que faltan para las elecciones legislativas del 14 de noviembre podamos dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses. Las respuestas serán una confirmación de su genuino interés por la ciudadanía.
VÍCTIMAS
— ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal asignado por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?
— Creemos que todos podemos coincidir en que aún falta un largo trecho para que la participación de la víctima en el proceso penal sea real y completa. No sólo porque no todas las provincias han adherido a la ley nacional sino por la propia resistencia de los jueces, fiscales y abogados. En este sentido, nos resulta de suma relevancia fortalecer la capacitación en victimología en los tres ámbitos de los poderes del Estado y en la formación universitaria de derecho.
— ¿Qué importancia creen que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?
— La labor de difusión y divulgación es muy importante, pero creo que si no sabemos a quién tenemos que llegar es problemático. Decirle a alguien “el fiscal te tiene que recibir” está muy bien, pero si esa persona no sabe cómo hacerlo valer, ahí es donde podemos fallar porque sabemos que aún hay muchos agentes del poder judicial que se resisten a recibir a víctimas o familiares. Es necesario que las campañas públicas sean claras y accesibles, porque lamentablemente ser víctima de un delito es algo que nos puede pasar a todos, pero no todos tenemos las mismas herramientas. Además es muy difícil imaginarse en ese lugar, por lo que en general se dificulta trasmitir e internalizar cuáles serían nuestros derechos en esa situación.
— La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales sólo se designaron 5 hasta el presente y la primera designación fue en diciembre 2020. ¿Qué opinan respecto a esta falta de celeridad en las designaciones y qué propondrían para agilizarlas?
— En primer lugar, es necesario que las provincias que no han adherido a la ley de víctimas, lo hagan. Las designaciones son claramente una cuestión de voluntad política sobre la que hay que insistir.
— En el año 2016 se constituyó la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación” ¿Creen que es un ámbito óptimo de control de gestión sobre la aplicación de la ley 27.372?
— Entendemos que hasta el momento solo se han presentado dos informes y no nos resulta suficiente. El ámbito de control e información sobre la aplicación, según nuestro criterio, debería conformarse dentro del propio Poder Judicial y estar vinculado plenamente a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en potenciar una asistencia integral a esta problemática.
— La 27.372 es una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. Frente a esto, ¿cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 con miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?
— Es muy importante hacer llegar la voz ciudadana tanto a los políticos con cargos legislativos como a aquellos con cargos ejecutivos. La realidad es que los proyectos en favor de las víctimas de delitos son difíciles de aprobar porque tenemos que deshacer años de una ideología que sostiene que el delincuente es víctima del sistema y es quien debe ser protegido cuando sabemos que las víctimas son quienes sufrieron daños, muchas veces irreparables.
— ¿Qué propuestas concretas tienen para mejorar el servicio de justicia respecto a las víctimas?
— Resulta imprescindible una ley que estimule la capacitación de los operadores judiciales en victimología. Que entiendan que la víctima no es la culpable de su situación y que necesita ayuda y protección especial, y que esto no está reñido con las garantías de los acusados que nadie pone en discusión. Es preciso mejorar los sistemas de atención a la víctima, es decir la primera línea.
FUERZAS DE SEGURIDAD
— ¿Qué opina del presupuesto de las FFSS?
— El problema es cómo se implementa ese presupuesto: qué se compra y qué no se compra y cuánto percibe de salario cada efectivo. Por ejemplo: faltan tobilleras, faltan chalecos y los salarios no están acordes a lo que se exige en la función, aun cuando el presupuesto hable de millones y millones de pesos.
— A su juicio, ¿deberían implementarse las armas Taser? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias las considera necesarias?
— Sí, deberían implementarse, al igual que cualquier otro recurso que potencie y mejore la protección de quien está a cargo de brindar seguridad a la sociedad. El uso de estas herramientas deviene en debates inútiles y poco prácticos, en donde parece que estar de un lado o del otro tiene que ver más con ideología que con nuestra seguridad.
— ¿Consideran que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué?
— Por supuesto que hay que reforzarla y respaldarla. Es necesario más y mejor entrenamiento de las fuerzas de seguridad, pero también es necesario una política que no castigue a los policías que honran el uniforme.
POLÍTICA CARCELARIA
— ¿Qué solución proponen para hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?
— La única y verdadera solución a este problema es construir cárceles, mejorar las ya existentes y trabajar de manera seria y profesional en la reinserción. La justicia debe actuar con celeridad y la prisión preventiva debe ser de aplicación estricta para los casos donde hay peligro real de fuga o entorpecimiento, y además para aquellas personas peligrosas para sí y para terceros, sea por su reincidencia o por su reiterancia.
— ¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?
— La pena es disuasión, pero solo cuando el mensaje es coherente. Si la ley dice que son 3 años de prisión, deben ser 3 años de prisión, no cinco meses. Se tiene que cumplir del primer al último día de condena, si no nunca va a cumplir esa función y en ese sentido la aplicación o no de la ley es un mensaje a toda la sociedad. En segundo lugar, creemos que la pena es un mensaje claro que restablece valores sobre comportamientos que no toleraremos como sociedad; es sumamente necesario que exista la certeza de que ese comportamiento tendrá consecuencias.
— ¿Qué opinan acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?
— Hay que ser muy claros acerca qué estamos hablando. Consideramos que hay delitos que no deben tener ningún tipo de beneficios y otros en los que podrían considerarse. A nosotros nos resulta fundamental que esté y permanezca en la cárcel toda persona que represente un riesgo para sí y para terceros; en este sentido nos resulta de suma importancia que ante cualquier beneficio existan informes favorables psicológicos, psiquiátricos y ambientales. Y esto tendrá otra ventaja ante el deficitario sistema carcelario y es que no ocupen plazas carcelarias aquellos individuos que hayan mostrado que podrían acceder a una morigeración como prisión domiciliaria sin ser un riesgo para la sociedad.
— Respecto a la pregunta anterior y para combatir al delito, ¿qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?
— Creemos que es necesario que la reincidencia sea realmente un agravante y bajar la edad de imputabilidad. Al mismo tiempo que queremos dar el debate sobre la incorporación de institutos como la prisión perpetua revisable a nuestro Código Penal. Además proponemos crear una fuerza de seguridad federal centrada en el narcotráfico porque de él se desprenden otra múltiple cantidad de delitos. Necesitamos leyes con menor margen de interpretación a fin de que la pena se corresponda con el delito cometido y no con el fiscal o juez que toque. Y por último y fundamental queremos exigir un Consejo de la Magistratura que realmente funcione como un contralor, que use las herramientas y ejerza sus funciones a la hora evaluar, sancionar y/o apartar a jueces cuyos criterios se alejen de la ley y de la protección a la sociedad.
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