La fiscal Dafne Palópoli acusó este lunes al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, por el delito de administración fraudulenta por un negociado para realizar obras de reparación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas por una suma de 10 millones de pesos, equivalentes a 3,5 millones de dólares.
El caso se remonta a un proyecto de rehabilitación de vías entre las ciudades de Tucumán y Concepción, en la provincia de Tucumán, que nunca se realizó pero se pagó igual. Los pagos se realizaron entre 2003 y 2007 y alcanzaron la suma exacta de $10.417.938,60. Así lo señaló la fiscal, que acusó a Jaime en uno de los cuatro casos de corrupción por los que está siendo enjuiciado por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6).
Jaime no presenció la audiencia realizada por el TOF 6 vía Zoom. Cuando el acusado, que está detenido en la cárcel de Ezeiza, estaba por conectarse se descompuso y fue atendido por médicos de la unidad penal y derivado a un hospital fuera de la cárcel. Por ello no pudo escuchar la acusación de la fiscal Palópoli.
En el caso están acusados también Carlo Capelli, Angel Stafforini y Graciela Coria quien fuera la pareja del fallecido José Pedraza, ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) y condenado por el crimen de Mariano Ferreyra. Es que el paquete accionario del ferrocarril Belgrano Cargas estaba 99 por ciento en manos del gremio y el 1 por ciento en manos del Estado. También está acusado el ex interventor de la Comisión Nacional del Transporte, Pedro Ochoa Romero.
Coria y Stafforini eran presidente y vice presidente respectivamente de Belgrano Cargas, cuyo control político estaba en manos de Pedraza. Capelli en tanto era el presidente de la Sociedad Operadora de Emergencias S.A. (SOESA) encargada de la administración del Belgrano Cargas. A su vez Coria y Stafforini eran directores en SOESA. Ochoa Romero estaba a cargo del ente que debía controlar la viabilidad y realización del proyecto.
Según explicó la fiscal, Jaime autorizó el desvío de fondos públicos para financiar la obra que era imposible realizar. Actuó con rapidez y dio un anticipo de algo más de dos millones de pesos que aún no se sabe a dónde fueron a parar. El ex secretario de Transporte no controló el destino de los fondos y se pagó mucho más que lo que se había pactado en principio. La fiscal aclaró que no pidió pena específica para Jaime porque ello se realizará cuando terminen los otros juicios por corrupción que se tramitan en el mismo proceso.
En tanto, Palópoli pidió la absolución de Capelli, y solicitó para Coria, Stafforini y Ochoa Romero una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso. Además, la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.
La maniobra se realizó a partir de un llamado a licitación que hizo Belgrano Cargas para mejorar el estado de la traza ferroviaria en Tucumán. La licitación la ganó la empresa Luis Carlos Zonis. Se demostró en el caso que la empresa cobró una suma de 7,7 millones de pesos contra facturas. A esa suma cobrada por la empresa hay que sumarle los dos millones de pesos que se dieron en anticipo a Belgrano Cargas y no se sabe a dónde fueron a parar.
La fiscal aseguró que la obra nunca se pudo haber realizado porque las vías estaban ocupadas por decenas de familias que vivían en casas precarias a lo largo del trazado que se teóricamente se pagó por renovar. Calificó al proyecto como “inadecuado”.
Y además enumeró una serie de irregularidades en el proceso por el cual se llevó adelante el negociado. La fiscal destacó que en apenas “nueve horas” el proyecto ingresó firmado por Coria el 26 de septiembre de 2003 a la secretaría de Transporte y se aprobó el subsidio. Palópoli hizo hincapié en la “celeridad del trámite”. Y en el interés de Jaime en que se realizara. La fiscal dijo que: “Nos encontramos con la generación, proyecto, tramitación y aprobación de una obra pública en un solo día, para ser mas precisa en aproximadamente nueve horas, desde las 10.21 que ingresó la nota de Coria por Mesa de Entradas hasta las 18.32 que salió de Asuntos Jurídicos contando en medio de ello todos y cada uno de los pases que hubieron por las diferentes dependencias que supuestamente actuaron incluyendo desplazamientos de edificios, etc.”.
“No se podía hacer la obra y ninguno hizo nada”, señaló Palópoli. “La obra nunca pudo realizarse, todos los certificados son papelitos que le dan formalidad a una cuestión inexistente. Fue una ficción documentada”, explicó la fiscal. Y por eso pidió la condena para varios de los acusados entre los que se encuentra quien fuera secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009.
En julio de 2013, el fallecido juez Claudio Bonadio, dictó el procesamiento y ordenó la detención de Jaime por esta causa. El ex secretario de Transporte estuvo prófugo durante una semana y las fuerzas de seguridad del gobierno kirchnerista no lograron encontrarlo. La orden de detención de Jaime fue anulada por la Cámara Federal y el ex funcionario se presentó en los tribunales de Comodoro Py. En marzo de 2014 el fiscal Guillermo Marijuán elevó a juicio el caso.
Jaime ya fue condenado porque admitió haber cobrado coimas de dos empresarios a los que debía controlar. Y también por haber robado pruebas en un allanamiento. Esas condenas están firmes. En cambio aún no tiene firmeza la condena por su responsabilidad por la Tragedia de Once.
En el mismo TOF Jaime está acusado por otros hechos. El más grave es el de su enriquecimiento ilícito. También allí se lo juzga junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y por la utilización de dos autos del Estado para beneficio personal. La acusación en esos tres casos corre por cuenta de la fiscal Gabriela Baigún que alegará en las próximas audiencias y que será la encargada-si así lo considerara- de pedir una pena unificada contra Jaime por todos los casos en los que está enjuiciado.
El juicio que llevan adelante los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico, entró en la etapa de definiciones. Se espera que para antes de fin de año se conozca un veredicto. Hoy la fiscal Palópoli lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.
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