Entre tensiones internas, el Gobierno plantea un acuerdo con los empresarios para aplacar la crisis y garantizar la gobernabilidad

Con la mira puesta en garantizar la gobernabilidad durante los próximos dos años, después de unos comicios legislativos generales que se esperan adversos, y con la obligación de cerrar un acuerdo con el FMI en el corto plazo, el Gobierno plantea un inédito acuerdo con los empresarios para aplacar la complicada situación económica y posicionarse hacia 2023. El giro se ejecuta entre contradicciones, provocadas por las internas en la coalición del Frente de Todos, donde conviven miradas diversas sobre el manejo de la macroeconomía frente a las dificultades diarias.

En la Casa Rosada enmarcan el acercamiento en la estrategia de “escucha” que empezó a desplegar el Presidente después de la derrota del Frente de Todos en las PASO. “Alberto quiere recibir las miradas de todos los sectores. No sólo las de los vecinos -con las bajadas al territorio-, sino también las de la CGT, los movimientos sociales, el círculo rojo”, dijo un vocero del Gobierno.

En esa lista, la relación con el establishment se presenta como la más importante, y al mismo tiempo, complicada de resolver. Las actividades del Presidente con empresarios durante las últimas semanas; y el discurso de Cristina Kirchner, ayer en el cierre del plenario de jóvenes La Cámpora en la ex ESMA, son evidencia de la centralidad que le atribuye el Gobierno, hoy, al acercamiento de posiciones para la etapa que viene.

La semana pasada, Alberto Fernández participó con un llamado al “diálogo” en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); y el martes sorprendió al recibir durante más de dos horas, en la Casa Rosada, a algunos de los empresarios más importantes del país. Ese día, volvió a llamar la atención al confirmar, aunque tardíamente, que aceptaba la invitación para participar de la 57 edición del Coloquio IDEA.

Lo hizo a contramano de la postura histórica de Néstor y Cristina Kirchner, que jamás asistieron al tradicional cónclave empresario, y que solían ver con malos ojos la participación de representantes de sus gobiernos. Daniel Scioli, por ejemplo, recibía reproches cada vez que aceptaba que lo incluyeran, en calidad de gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la tradición que el gobernador formara parte, en calidad de anfitrión de los encuentros que solían realizarse en Mar del Plata. Este año, el actual jefe del Ejecutivo bonaerense, Axel Kicillof, declinó el convite, a pesar de que los organizadores habían incluido su nombre en el programa oficial.

En IDEA, Alberto Fernández llamó a recomponer el salario real y retó a los empresarios cuando pidió “no especular con los precios de la canasta básica”, pero prometió, al mismo tiempo, revisar la doble indemnización y la prohibición de despidos. La audiencia recibió con malos ojos los reproches, y se quedó con gusto a poco. No sólo esperan que se quiten esas medidas implementadas en la urgencia de la crisis por la pandemia, sino mejores “condiciones para la inversión”, con la baja de las “cargas” laborales y una reforma impositiva, temas sobre los cuales el primer mandatario evitó profundizar.

Ayer, la Vicepresidenta marcó la cancha en el camino de recomposición del vínculo con los empresarios que empezó a ensayar Alberto Fernández junto a Wado de Pedro y Máximo Kirchner. Con una impronta más combativa y vehemente en comparación con el tono del Presidente, en su efusivo discurso, que enfocó principalmente en el funcionamiento del capitalismo en la Argentina, reivindicó el rol del Estado como regulador de las relaciones productivas; citó una frase del Papa que describió al sistema de producción como una “locomotora desenfrenada”; y defendió “los derechos de los laburantes”.

Fue un cuestionamiento elíptico a los pedidos de una reforma laboral. “¿Saben qué? Minga. No es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo. Es la concentración cada vez más horrorosa del capital”, dijo.

Sin embargo, el eje de su mensaje estuvo dirigido, como repitió en varias ocasiones, a pedir “una refundación, en la Argentina, del pacto entre los trabajadores y el capital”. “Necesitamos una vuelta a esa alianza virtuosa, donde el Estado tenga un rol preponderante que ayude a que la relación no se desbalance a favor de los más fuertes”, sostuvo. Fue un intento de recomposición, aunque con otro acento.

El viraje hacia el diálogo, aunque consensuado, se produce entre contradicciones que desconciertan al empresariado, y que, según el Gobierno, responden a las urgencias diarias de la economía. La más resonante fue el reciente e inesperado nombramiento del kirchnerista Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior, y su posterior anuncio sobre la implementación de un congelamiento de precios en los alimentos y algunos productos esenciales. Lo cual provocó, una vez más, un fuerte malestar entre los dueños de las compañías.

Mientras tanto, los paños fríos que habían puesto al morigerar el cepo a la exportación de carne dieron lugar a un conflicto en torno al negocio del maíz. Aunque en el Gobierno buscaron relativizar el impacto en la producción de las recientes regulaciones a la agroexportación, no lograron evitar sumar opacidad al acercamiento.

Las disonancias no solo se registraron en el contenido de las políticas económicas de las últimas semanas, sino también en las formas. En el caso del coloquio IDEA, Alberto Fernández no sólo demoró la confirmación de su participación -avisó una vez que había terminado la primera de tres jornadas-, sino que el día en que estaba prevista su disertación llegó una hora tarde. Obligó así a los organizadores a “alargar” el cierre, que estaba previsto para las 13.30 y se produjo recién a las 15.

Los empresarios pasaron factura por las paradojas del intento de consenso. “Con llamados al diálogo no es suficiente”, sentenció el dueño de una de las empresas más importantes del país, en diálogo con Infobae. Para invertir como se les pide, esperan un plan que brinde certezas. Es decir, una hoja de ruta con cierto horizonte de estabilidad para calibrar las expectativas. Lo consideran un panorama poco probable, al menos hasta las elecciones generales y, también, después.

Hay poca esperanza sobre la posibilidad de que se imponga cierto orden luego del 14 de noviembre. Las diferencias de miradas en el Frente de Todos, que se desataron con más fuerza que nunca con el revés de las Primarias, provocan desconfianza en los hombres y mujeres de negocios. Hoy, nadie les asegura que después de las Generales habrá una agenda de acción económica unificada en el Gobierno.

En el Frente de Todos buscan bajar el tono a las desavenencias, pero admiten dificultades a la hora de ponerse de acuerdo internamente, entre otras cosas, en las políticas para bajar la inflación, que el mes pasado volvió a aumentar después de varios períodos a la baja, en buena parte por la fuerte emisión monetaria y el remarcamiento preventivo de precios. “No hay doble mensaje, hay una mirada de fondo. Después, en el día a día hay problemas a resolver que generan tensiones”, admitió un alto referente de la coalición.

Más allá de la desaprobación a las medidas más urgentes, el oficialismo considera que tiene un diagnóstico de fondo en común con los empresarios: ambos necesitan uno del otro. “A ellos no les conviene que el país se prenda fuego. A nosotros, obviamente, tampoco. Hay que sentarse a hablar”, dijo un funcionario.

En el Gobierno aseguran que el giro del Presidente es avalado por el conjunto de la coalición de gobierno y argumentan, como ejemplo, que el cónclave en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno fue el corolario de una serie de reuniones que venían impulsando con algunos de los empresarios que participaron, el titular del interbloque del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto al ministro del Interior, miembro importante de la organización kirchnerista, Eduardo “Wado” De Pedro. En el fortalecimiento de esas relaciones también incidió el presidente de la Cámara de Diputados y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

El acercamiento se impone principalmente por la necesidad de llegar a ciertos consensos básicos frente a la inminencia de un acuerdo con el FMI, luego de que el Gobierno pateara para el año próximo la determinación de los términos. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viajaron esta semana a Estados Unidos para negociar en la Asamblea del organismo, y para pedir al Fondo que revise las tasas de interés de la deuda de 44 mil millones de dólares.

Mérito y trabajo genuino

El Presidente empalma sus mensajes, positivos en lo discursivo y contradictorios en la práctica con el viraje en el mentado abordaje de las relaciones laborales. Desde hace algunas las últimas semanas, Alberto Fernández parece haber dejado atrás la polémica mirada despectiva que expresó el año pasado sobre el concepto del “mérito”. Después de las PASO, todos sus discursos aluden a la necesidad de crear “trabajo genuino”.

En la Casa Rosada aseguran que la nueva orientación en el discurso es el resultado de un registro de cambio sobre las perspectivas de los votantes sobre el mundo del trabajo. Recientes investigaciones cualitativas que encargó el Frente de Todos en el territorio bonaerense tras las elecciones mostraron que los planes sociales son cada vez peor vistos por el electorado. Y que, por el contrario, existe una demanda creciente de inclusión formal. Además, Alberto Fernández recibió repetidos reclamos en ese sentido en sus recorridas -de nuevo- de escucha. “Se lo dicen cada vez que pueden”, dijo un vocero oficial.

Como mínimo, el Gobierno dice lo que “la gente” quiere escuchar con respecto al empleo. Y ensaya el lanzamiento de algunas medidas, las más profundas aún no concretadas, dirigidas a “transformar planes en trabajo”. Un tipo de iniciativa que vienen pidiendo, aunque con sus propias condiciones, los movimientos sociales; que tiene apoyo del Papa, cercano a esas organizaciones; y que cuenta con el respaldo, también, de la CGT.

La pregunta de fondo es por el modo de realizar esa titánica transformación. Y en este punto también hay diferencias en el Gobierno. La Cámpora quiere terminar con los intermediarios y que el Estado asuma el rol central. Mientras que los movimientos sociales, inclusive los más afines al oficialismo, buscan fortalecer su rol en los barrios, que consideran fundamental, y mantener el manejo de los erarios públicos. Sin ir más lejos, el proyecto de ley “Un puente al empleo”, que presentó hace una semana Massa en el Congreso, generó dudas entre las organizaciones de la economía popular.

En paralelo, esta semana Alberto Fernández encabezó la firma de convenios con empresarios y sindicatos gastronómicos y hoteleros para “convertir planes sociales en empleo genuino”. Es el acercamiento más reciente de la Casa Rosada a la problemática, mientras trabaja, en paralelo, en un proyecto similar al de Massa.

Las contradicciones que se arrastran desde las PASO están a flor de piel, a pesar de los intentos para suavizarlas a través de actos y exhibidas reuniones conjuntas en la Casa Rosada. La muestra más reciente es la incertidumbre en torno a las movilizaciones por el Día de la Lealtad. El jueves, el Presidente desactivó definitivamente su participación en la marcha que tenía planeado liderar el domingo junto a la CGT y, en cambio, convocó a la militancia a manifestarse de manera descentralizada.

En el Gobierno alegaron que la cancelación del acto se debió a que era el Día de la Madre. Pero el cambio en la idea original despertó suspicacias. En el Gobierno admitieron, por lo bajo, que la suspensión fue un intento de “neutralizar” la convocatoria del sector más duro del kirchnerismo que, encarnado esta vez por la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, había convocado a marchar “por el no pago de la deuda”. Exactamente lo opuesto de lo que busca consensuar el Gobierno en medio de la crisis, cuatro semanas antes de unas elecciones que se avizoran nuevamente adversas para el oficialismo. Ayer, no casualmente, Cristina Kirchner avaló, desde la ex ESMA, el tipo de marcha que propuso el Presidente.

El pragmatismo es necesario. No sólo para gobernar en los próximos dos años, sino también para posicionarse hacia las elecciones presidenciales. “El 15 de noviembre, todos en la coalición van a estar mirando a 2023″, dijo un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada que, a la vez, también dio por sentada la continuidad de la coalición. “Nadie tiene una mayoría propia, ni la posibilidad de pactar por fuera del Frente de Todos. Nadie se va a ir a ningún lado”, sentenció.

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