Ricardo López Murphy: “Las Taser ayudarían a resolver muchos de los problemas de la calle”

La Asociación Civil Usina de Justicia convocó a los principales candidatos a diputado nacional para hablar de inseguridad, el rol de las fuerzas policiales y el rol de la víctima en los procesos penales. La primera de ellas fue con Ricardo López Murphy, postulante de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, quien se mostró a favor de la implementación de las pistolas Taser, aunque pidió “entrenar a las fuerzas para que la usen correctamente”.

También fueron llamados a hablar de estas problemáticas José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Milei, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Facundo Manes, Florencio Randazzo, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

Las preguntas -enviadas previamente- se articulan en tres ejes: víctimas, fuerzas de seguridad y política carcelaria: “Esperamos que durante las próximas 4 semanas podamos dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses”, explicaron desde la asociación.

-¿Cuál es su opinión acerca de la participación de la víctima en el proceso penal asignado por la Ley Nacional de Víctimas (27.372)?

-Muy relevante y necesaria. En consonancia con los Tratados Internacionales de DDHH que otorgan protección y derechos a las víctimas de distintos delitos. Debería ser más igualitario su rol respecto de los derechos del imputado del delito.

-¿Qué importancia cree que merece la difusión pública de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley? ¿Qué propone para cambiar y/o mejorar esta situación?

Actualmente hay muy poco conocimiento acerca de los derechos de las víctimas reconocidos por la ley y que conlleva una gran desprotección en la práctica. Las líneas de call center organizadas por el Estado para atender a víctimas de discriminación, racismo y xenofobia, o de siniestros viales, o violencia de género, no resultan suficientes. El Ministerio Público de la Defensa debería encarar una agresiva campaña de difusión y contención previo a avanzar en las designaciones de los Defensores que se encuentran pendientes. El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) debe ser fortalecido. Los juzgados, los Tribunales Orales y los juzgados de ejecución también deberían cumplir roles relevantes de difusión de derechos y derivaciones para asistencia, amén de cumplir con la normativa de la debida intervención que debe darse a las víctimas. Debe organizarse bien el Ministerio Público de la Defensa para dar asistencia de manera simultánea y sobre todo para jerarquizar la difícil situación como la de ser víctima en el sistema penal argentino.

-La Ley 27.372 en su art. 29 crea 24 cargos de Defensor Público de Víctimas (23 provincias y CABA) de los cuales sólo se designaron 5 hasta el presente y la primera designación fue en diciembre de 2020. ¿Qué opina respecto a esta falta de celeridad en las designaciones y qué propondría para agilizarlas?

Solicitaría al Ministerio Público de la Defensa que agilice los concursos y enviaría una nota al Presidente de la Cámara de Diputados para denunciar la falta de cumplimiento del rol asignado al Observatorio de Víctimas de Delitos creado por el Decreto 421/18. También creo que deberían tomar una participación activa el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de una ley del año 2017 y lamentablemente recién en diciembre de 2020 comenzaron las designaciones. Parte de los problemas del gobierno es ese inmenso rezago en cumplir con lo que las leyes instruyen.

-En el año 2016 se constituyó la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación”. ¿Cree que es un ámbito óptimo de control de gestión sobre la aplicación de la ley 27.372?

-No diría óptimo pero es el instrumento que tenemos disponible. Observando la actuación que viene teniendo para con el Ministerio Público Fiscal, el ingreso de notas de ciudadanos, así como de ONGs involucradas, la Comisión debería solicitar explicaciones al Ministerio Público de la Defensa e informes que puedan ser útiles para evaluar si se está cumpliendo la ley y los Tratados Internacionales.

-La Ley 27.372 se trata de una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. Frente a esto ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 en miras a garantizar los derechos que se reconocen en la presente ley?

-Hay que exigir a las provincias, con base en la Ley en los Tratados internacionales de DDHH, si se quieren ser pro-activos, presentando los proyectos preelaborados para su impulso. Quizás, previamente, hay que identificar a los legisladores y/o Ministros/Gobernadores interesados en la temática.

-¿Qué propuestas concretas tiene para mejorar el servicio de justicia respecto a las víctimas?

-Hay que motivar el debido cumplimiento de la ley 27.372 y del Decreto 421/2018 por parte del Ministerio Público de la Defensa, del Observatorio de Víctimas de Delitos, del CENAVID y de la Comisión Bicameral. Al mismo tiempo, sería muy importante si todos las ONGs involucradas en el tema, se unieran en una Jornada Nacional sobre el tema, invitando a todos los actores públicos del sistema judicial, legislativo y ejecutivo. Es muy importante tener en cuenta de que se estaría solicitando que se cumpla la legalidad e institucionalidad.

-¿Qué opina del presupuesto de las Fuerzas de Seguridad?

-Siempre es insuficiente. El 90% es destinado al personal. Hay pocos recursos materiales y tecnológicos para ejercer con eficacia la tarea de prevención. Insuficiente uso de bases de información judicial y/o de inteligencia. Debe ser reforzado el presupuesto para prevenir y especializar equipos en esa tarea. Es más barata la prevención que la terapia. Luego de cometidos los ilícitos, los costos se incrementan extraordinariamente (hay daño a las personas, investigaciones policial-judicial-procesos judiciales-cárceles-sostenimiento de detenidos, de vigilados, etc.).

-A su juicio, ¿cree que deberían implementarse las armas Taser? ¿En qué circunstancias las consideraría necesarias?

-Es fundamental dotar a la fuerzas de seguridad de armas que no sean letales. Actualmente no hay un arma intermedia entre el bastón y el arma de fuego. Las Taser que se usan en todo el mundo evitarían daños mayores o colaterales y ayudarían a resolver muchos de los problemas de la calle que se suceden. Hay que entrenar a las fuerzas para que la usen correctamente. Queremos presentar un buen protocolo de uso como una legislación nacional para habilitar el accionar de las Fuerzas de Seguridad y evitar de ese modo el temor por parte de éstos a sufrir represalias.

-¿Usted considera que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué?

-La inseguridad en nuestro país, dado las múltiples causas de incremento de los índices delictivos, vuelve imprescindible la mayor presencia de las fuerzas de seguridad. No es sólo con fines disuasivos sino para prevenir y detener tempranamente hechos delictivos. Sería importante que los grupos de calle o territorio reciban capacitación y motivación para el desempeño de sus tareas. Asimismo, que sean sometidos a estrictas reglas de integridad. Hay que reconstituir la relación de confianza del ciudadano y la policía.

-¿Qué solución propone para hacer frente a la problemática de la sobrepoblación carcelaria?

-No he tenido acceso a relevamientos precisos sobre el estado de sobrepoblación carcelaria. Supongo que el estado de las unidades carcelarias debe de ser acorde con la decadencia institucional que se vive en nuestro país, por falta de recursos o por desvío de recursos con motivo de la corrupción. Habría que diseñar una seria política pública para construir más establecimientos carcelarios y explorar posibles convenios interjurisdiccionales, si es que existe el problema de la sobrepoblación. Una regla muy valiosa y que se encuentra en nuestro Código Penal es que todas las personas mayores a 70 años no estén detenidas en prisión. Los establecimientos carcelarios deben cumplir con su rol de prevención y reinserción. Prevenir que los delincuentes sigan haciendo daño a los demás ciudadanos y reeducarlo para su reinserción en la sociedad.

-¿Cuál cree usted que es el sentido de la pena?

-Resocializar al reo, reintroducirlo en la vida social, pero también es el castigo para quién viola el pacto de convivencia social de no dañar al otro. El castigo también forma parte de la naturaleza del encarcelamiento.

-¿Qué opina acerca de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

-Deben ser procesos más rigurosos, con verdadera participación de la Víctima y con derecho de impugnación. No sólo en delitos violentos o cometidos con el uso de armas, la opinión de la víctima es importante. Habría que analizar si la opinión de la víctima puede ser vinculante para la decisión que adopte el tribunal.

-Respecto a la pregunta anterior y para combatir al delito, ¿qué cambios o propuestas sugiere en materia de seguridad que no haya mencionado hasta este momento?

-Refuerzos tecnológicos para fortalecer las bases de datos disponibles y que sean interoperables. Fortalecer las relaciones interjurisdiccionales de las policías locales y federales y procesos de intercambio de información. Fortalecer la relación entre fuerzas de seguridad y fiscales. Capacitaciones más rigurosas. Organizar un sistema que permita monitorear la integridad de las fuerzas de seguridad y prevenir actos de corrupción o sociedad con el crimen organizado o delincuentes. Es muy importante lograr la plena interoperabilidad entre Defensa, Seguridad, Inteligencia, Justicia y Salud Pública.