La estrategia de Mauricio Macri frente a la acusación de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan

Acusación política en medio de campaña y reclamo para que el caso pase a Comodoro Py. Aunque recién aterrizará el 19 de octubre en la Argentina, Mauricio Macri ya está pensado en cómo enfrentará la indagatoria que lo espera, en el juzgado federal de Dolores para el día siguiente, para dar su versión de los hechos frente a la acusación que sostiene que él ordenó espiar a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, que pedían por la aparición de sus seres queridos.

La indagatoria, firmada por el juez estaba prevista para el jueves pasado, pero Juliana Awada, esposa de Macri, recibió la notificación en la tarde del día anterior, después de una seguidilla de visitas de la Policía Federal a distintos domicilios registrados del ex presidente que pusieron en alerta al PRO e hicieron pensar que se estaban buscando crear un escenario de posible detención. También fue notificado Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri y candidato a diputado que también enfrenta su propia acusación por espionaje –aunque en su caso tiene una falta de mérito-.

A Macri le imputan seis hechos de seguimientos, ciberpatrullajes y reportes fotográficos de un grupo de familiares que pedían que el Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, fuera buscado para poder dar con los 44 tripulantes a bordo. El submarino fue encontrado un año y dos días después de su desaparición, en un lugar muy cercano a donde se lo había detectado por última vez.

Con los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani procesados, junto a un grupo de directivos de inteligencia y espías de Mar del Plata, el juez subrogante Martín Bava señaló que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018″, Macri deberá responder por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 (ley de inteligencia) y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

Los directivos de la AFI justificaron las diligencias en el marco de la seguridad presidencial. “Nunca se prestó especial atención a las personas ni familiares de los tripulantes del ARA San Juan ni de los otros buques por su sola condición de serlo, por su pertenencia a ese grupo, sino que (…) se tomó intervención en actividades realizadas por alguno de ellos en ocasión de visitas presidenciales y con el único fin de proteger la seguridad presidencial”, dijo uno de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia en su indagatoria.

Con una carta de Patricia Bullrich, en calidad de presidenta del PRO que pedía postergar hasta fin de mes la citación “evitando cualquier decisión apresurada” que aumentara “el estrépito mediático”, Bava aclaró que la ex ministra de Seguridad no era parte del expediente y tampoco aclaraba en qué fecha regresaba Macri. De todas maneras, citó a Macri para el próximo 20 de octubre.

En el macrismo ven en las decisiones de Bava como jugadas políticas en tiempos electorales. Es más: hasta afirman que su resolución de llamado a indagatoria de Macri parecía escrita por Alejo Ramos Padilla, el ex juez de Dolores que investigó el D’Alessio-gate y que desde marzo ocupa el juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires.

Esta semana, el abogado Pablo Lanusse –ex funcionario de Néstor Kirchner y férreo crítico del oficialismo- se presentará en Dolores en calidad de defensor de Macri, un título que ya tiene en otras investigaciones impulsadas contra el ex presidente en Comodoro Py, como la causa en la que está prófugo el abogado Fabián Rodríguez Simón.

Una vez que esté formalmente presentado como abogado, Lanusse comenzará a poner en juego la estrategia de intentar hacer caer la acusación. No se descarta que recusen al juez Bava pero además le reprochará que no es competente para investigar, desde Dolores, hechos ocurridos en la Capital Federal.

No se trata de un argumento nuevo para Dolores: distintos acusados en la causa D’Alessio lo plantearon y la Cámara Federal de Mar del Plata lo rechazó inicialmente hasta que se definiera el objeto de la investigación. El caso ya tiene dos años y medio de trámite y la defensa del fiscal Carlos Stornelli, procesado en esa investigación, sigue peleando esa discusión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La llamada causa AMBA, en donde se investigan las actividades que realizó la AFI macrista en las distintas reparticiones de la central de espías que estaban instaladas en la provincia de Buenos Aires, también se tramita en Dolores. El fiscal Juan Pablo Curi había dicho que Dolores no era competente, pero el juez Ramos Padilla declaró la conexidad de ese expediente con el de D’Alessio y ató así, momentáneamente, el expediente al juzgado de esa ciudad. En diciembre pasado, Ramos Padilla procesó a Arribas, Majdalani y otros. Afirmó que “las organizaciones sociales y políticas opositoras a la administración fueron los objetivos predilectos” de la AFI y que las tareas eran reportadas de manera directa al Ejecutivo.

Mientras tramitaba esa investigación, se descubrieron los seguimientos a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. La interventora de la AFI Cristina Caamaño presentó la denuncia en la justicia de Mar del Plata y cuando se planteó la discusión de competencia entre Dolores y Mar del Plata, un error de cita en el dictamen del fiscal general de Mar del Plata Juan Pettigiani hizo caer el recurso y el caso quedó en Dolores, también por conexidad.

Todo esto está en la mira de la defensa de Macri que, además, piensa jugar a su favor un fallo firmado en diciembre pasado por el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, ante el planteo de la defensa de Arribas.

En aquella resolución, el juez Irurzun escribió: “Basta leer estas afirmaciones para advertir que los cargos contra Arribas se apoyan –según la lógica del juez que lo procesó (Ramos Padilla)- en dos ejes centrales: la emisión de una directiva general desde su rol de máxima autoridad de la AFI en supuesta violación de la ley 25520; y la recepción –también en ejercicio de esa función- del producido de actividades realizadas en diferentes bases ubicadas en muchas jurisdicciones distintas de la Provincia de Buenos Aires, a consecuencia de las órdenes que él dio. Es tal la plataforma fáctica de la que cabe partir, que difiere de aquella en que se basaron la resolución apelada y el dictamen que la precedió. Hay dos parámetros que debo seguir. Uno se extrae de la letra expresa de la ley; el otro, de la postura que he asumido en precedentes donde intervine y la que surge de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos –anticipo- llevan a la misma conclusión: el fuero federal de esta ciudad es competente para intervenir en la imputación contra el peticionante”. Es decir: Comodoro Py.

El camarista abundó señalando que a Arribas se lo procesó por “comportamientos que indudablemente realizó en la Ciudad de Buenos Aires”. Y añadió que “que en la causa de origen se investigue a otras personas por eventos específicos cometidos en bases diferentes de la Provincia de Buenos Aires no afecta a la solución. Sucede que lo único que toca hacer aquí es precisar la competencia sobre los hechos por los que se indagó y procesó al peticionante. Y que los cargos contra él -definidos en dicha sede- se ciñen a la emisión de directivas de carácter general (no de órdenes particulares para concretas operaciones) y de recepción de informes -también generales desde lugares diseminados en distintas jurisdicciones. El único patrón común, en ese contexto, son conductas concretadas desde esta ciudad” de Buenos Aires.

En ese marco, Irurzun instó al juez Ariel Lijo a reclamar el expediente al juzgado de Dolores. Pero la causa siguió tramitando en Dolores en donde ahora se activó el procesamiento de Arribas y Majdalani y la indagatoria de Macri.

Los ex directivos de la AFI macrista ya habían ganado un partida parecida cuando a fin del año pasado la causa que investigó el espionaje a políticos oficialistas y opositores de Juntos por el Cambio salió de la órbita de Lomas de Zamora donde había nacido y engordado y pasó a los tribunales de Retiro. No fue sin polémica, bajo una orden de la Cámara Federal de Casación Penal que le dio tiempo –no obstante- al juez Juan Pablo Augé a dictar procesamientos para los espías acusados y firmar la falta de mérito de Darío Nieto.

Todo eso ahora está en revisión de la Cámara Federal porteña. Allí son los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que tienen que ratifican los criterios seguidos en Lomas de Zamora o si revocan la decisión para algunos de los involucrados. Las pruebas de los seguimientos y vigilancias sobre distintos políticos, jueces, periodistas y gremialistas quedaron acreditadas en el chat del grupo de espías los “Supermariobross”, pero tanto Arribas como Majdalani negaron las imputaciones y señalaron que se trataba de un grupo de “cuentapropistas” que trabajaban para ellos mismos.

Quizás por eso, en la resolución en la que citó a Macri a indagatoria, Bava escribió: “mas allá de que también sería ilegal y constituiría un delito que atenta contra las disposiciones de la ley 25.520 el hecho que se realicen investigaciones y/o espionajes sobre cada individuo y/o sobre cada agrupación, gremio o empresa que esté cercano a reunirse con el Presidente de la Nación, el hecho de que no se haya encontrado ningún documento de esas características permite concluir que los familiares de los tripulantes constituyeron un especial objetivo de inteligencia para la AFI”.

“El hecho de que se hayan encontrado numerosos documentos que refieran el espionaje contra los familiares de los tripulantes, además de dejar en evidencia la ilegalidad del accionar, es un argumento más que permite demostrar la planificación y la orden de los eslabones superiores del organismo de inteligencia. Todo lo referido permite desechar cualquier hipótesis de ‘cuentapropismo’ de los agentes de la delegación. Es claro –cómo terminaré de demostrar más adelante- que estos informes llegaban hasta Presidencia de la Nación y que pasaban por el control de las máximas autoridades de la AFI”, escribió.

Antes de irse de su cargo de Dolores, Ramos Padilla había sugerido la necesidad de armar una megacausa del espionaje “político-judicial” que concentrara todas las investigaciones sobre la actividad de la AFI macrista –con la causa D’Alessio, AMBA, Ara San Juan y Lomas de Zamora-. No dijo dónde debía radicarse.

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