Patricia Bullrich criticó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y pidió que el fallo sea revisado por Casación

Sin abrir el juicio oral y alegando que no existió acto de encubrimiento a favor de los terroristas iraníes que volaron la sede de la AMIA, el Tribunal Federal 8 benefició a la vicepresidente Cristina Kirchner y otros implicados en la denuncia realizada por Alberto Nisman antes de su muerte con una decisión polémica.

Consultada sobre esta decisión judicial, Patricia Bullirch, presidenta del PRO, señaló: “Tenemos que analizar esta creatividad procesal de absolver a una persona en un juicio que no se realizó”. “Se hicieron algunas entrevistas, en las que no participaron todos los que tenían que hablar, con lo cual lo primero que deberá revisar la Cámara de Casación Penal es decir si acá hubo juicio”, advirtió en diálogo con radio Mitre.

Antes de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman había asegurado en su denuncia que había indicios para suponer que Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y militantes kirchneristas negociaron, redactaron y acordaron con Irán un Memorándum destinado a lograr la impunidad de los terroristas que volaron la sede de la AMIA y causaron 85 muertos y más de 300 heridos.

La denuncia penal de Nisman sufrió un largo camino procesal que terminó en manos de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 8.

El pasado jueves, los magistrados del Tribunal Federal 8 fijaron su posición por separado y emitieron un fallo que tuvo una extensión de 387 fojas. López Iñiguez, Michilini y Obligado citaron jurisprudencia de la Corte Suprema, mencionaron a reconocidos autores nacionales y extranjeros, y describieron los eventos previos a su decisión de sobreseer a la vicepresidente del delito de encubrimiento que intentó probar -en vida- Nisman.

El fallo de López Iñiguez, Michilini y Obligado tiene un problema básico y esencial: fue dictado antes del juicio oral, una anomalía institucional sin antecedentes en la historia del Poder Judicial de la Argentina.

“Antes de opinar sobre el fondo de la cuestión, me gustaría que Casación Penal nos explique este código procesal inventado que han inaugurado para que con 7 u 8 entrevistas se pueda evitar el juicio oral”, se indignó Bullrich ya que entiende que “con esta medida ahora cualquier argentino puede pedir lo mismo; no importan los testigos ni los hechos importa lo que diga el imputado”.

Para la presidenta del PRO “esto es una nueva forma de juicio en la Argentina, algo baratito y simple que le resulta muy fácil a los imputados”; y alertó que este fallo “no es algo que termina acá”, dando a entender que podría haber más medidas a favor de los funcionarios K que están en la mira de la justicia.

Además, recordó que “la corte declaró inconstitucional el Memo con Irán por lo cual hay un principio de una norma mal hecha debido a que no se puede juzgar a los que hicieron el atentado contra la AMIA en Irán”.

No hay un sólo articulo del Código Procesal que sostenga la decisión asumida por los jueces López Iñiguez, Michilini y Obligado. Ni aún teniendo en consideración el principio normativo que establece que una nulidad debe ser tratada en cualquier etapa del proceso. Porque esa etapa del proceso -el tratamiento de las nulidades- debió hacerse con el juicio oral abierto.

Los distintos querellantes en la causa Memo con Irán apelarán la decisión del Tribunal Oral Federal 8 y pretenden que sala I de la Cámara de Casación se haga cargo del complicado asunto penal. No objetaran la defensa de los implicados -consideran que tienen derecho-, y se limitarán a sostener que López Iñiguez, Michilini y Obligado excedieron sus facultades legales.

Desde esta perspectiva, la querella apunta a remover el sobreseimiento a CFK: afirmará que no es posible dictar esa medida absolutoria, cuando está pendiente un juicio oral ya convocado con importante prueba a producir.

Mientras tanto, la Vicepresidente logró coronar dos aspiraciones que perseguía desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. Evitar la apertura del juicio oral y la transmisión en directo de las audiencias públicas que -necesariamente- recordarán el ataque a la AMIA, sus negociaciones con el régimen fundamentalista de Irán y la imprevista muerte del fiscal Nisman.

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