Ley de Envases: otro proyecto que alcanza a las alimenticias suma impulso para que ingrese al Congreso

Tras el fallido quórum para la sanción del proyecto de Etiquetado Frontal, el Frente de Todos tiene en carpeta otra propuesta que afecta a las empresas alimenticias. Se trata de la Ley de Envases con Inclusión Social, que cuenta con la venia del jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner y es auspiciada por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. La normativa apunta a constituir una tasa ambiental, que penalice a aquellas compañías que coloquen en el mercado envases no recuperables y recaude fondos para promover la economía circular.

Ayer, la propuesta volvió a la carga con un nuevo impulso con una campaña audiovisual organizada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La convocatoria, que consiste en la difusión de un spot para sensibilizar a la opinión pública, fue compartida en las redes sociales por actores y artistas como Ricardo Darín, Laura Azcurra, Julieta Diaz, Pablo Granados, León Gieco, Fito Páez, Iván Noble, Thelma Fardín y Federico Bal, entre otros.

La legislación apunta a contener los efectos negativos sociales y ambientales de la generación de residuos urbanos. Según sus impulsores, de las 50 mil toneladas de basura que se producen, la mitad culmina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios.

Entre esos desperdicios trabajan los 150.000 cartoneros y cartoneras que buscan recuperar los materiales reutilizables. Miles realizan su trabajo en los propios basurales, sin baños, agua, ni techo ante la exposición de enfermedades. Bajo las condiciones actuales, calculan que solo 10% de la basura generada se recicla y el 20% de los residuos sólidos urbanos (RSU) corresponden a desechos pos consumo.

Como respuesta a esta dificultad, los cartoneros proponen la implementación de una tasa ambiental que premie a las empresas o productores que utilicen envases con materiales reciclables, y castigue con un gravamen a los incumplidores. Los infractores tendrán un apercibimiento o multa de entre uno y doscientos sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, la suspensión de la actividad entre un mes y hasta un año o el cese definitivo de la actividad.

Con el tributo, que se recauda con una tasa que no supere el 3% del precio de venta del producto envasado y regule una mínima protección ambiental, se buscará financiar “Sistemas de Reciclado con Inclusión Social”. La distribución, siempre de acuerdo al ante proyecto original, se distribuirá a través de un fideicomiso que apoye los emprendimientos inclusivos, como las cooperativas de trabajo de los cartoneros. En los hechos, implicaría dotar de partidas y recursos a las organizaciones de economía circular vinculadas los movimientos sociales.

Los referentes territoriales sostienen que las compañías tengan que afrontar económicamente los costos en base al principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que atribuye como obligación de cada una de las compañías a que asuman como responsabilidad objetiva la gestión ambiental y su financiamiento, tanto en los envases introducidos por ellos en el mercado nacional como en los envases post consumo.

A partir de la ley, se crearía el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE) y el Ministerio de Ambiente será la autoridad de aplicación. Tendrá que coordinar con otros sistemas de gestión local (SGL) de municipios y otras entidades para reintroducir los materiales reciclables en el sistema productivo e integral a los recuperadores. Para ese fin, según el anteproyecto de la normativa, se oficializará un registro nacional de trabajadores recicladores.

Además, establece los sistemas de gestión de envases como “servicios públicos esenciales” y propone crear el Registro de Envases o Embalajes. De esta manera, se busca promover la reducción de la fabricación de envases nuevos y al mismo tiempo, la revalorización del material reciclable.

Además de la FACCyR, que está bajo la órbita del MTE de Juan Grabois, el proyecto tiene el acompañamiento de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y organizaciones como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima.

Con Máximo Kirchner como máxima figura de apoyo visible, en el oficialismo hay un acuerdo cerrado para impulsar la ley, pero el texto seguía en revisión al interior del Poder Ejecutivo. Según indicaron fuentes del ministerio de Ambiente, el nuevo texto está en sintonía con los elementos claves de la propuesta de los recuperadores urbanos. Ya pasó la evaluación de la Secretaría Legal y Técnica, por el propio Ministerio de Ambiente y por estos días se encontraba bajo análisis del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

A comienzos de septiembre, Juan Cabandié había anunciado que enviaría el texto para que avance su tratamiento. Desde la Federación de Cartoneros hay expectativas a que ingrese a la próxima semana, pero aún no hay fecha cierta. Tampoco el contexto electoral genera incentivos para que se trate, como observó en la caída de la sesión por la Ley de Etiquetado Frontal. El anteproyecto había sido presentado en julio pasado, con una gran concentración de los movimientos sociales frente al Congreso.

En el espectro empresario hay mayor recelo con este tipo de propuestas. La sanción del proyecto ambiental afectará a los procesos productivos, y la estructura de costos de las firmas. Cabandié ya se juntó con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para pulir e intercambiar sobre la iniciativa. Cerca del entorno del funcionario confían en haber alcanzado cierto consenso entre las partes.

Como es de esperarse, los sectores empresarios con mayor afinidad son aquellos que se dedican al negocio del reciclado, como la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas). Sin embargo, un influyente dirigente industrial de la UIA confirmó a Infobae que hay visiones contrapuestas sobre el tema. Los reparos industriales apuntan a quién paga el canon en la cadena productiva -es decir, las empresas pasibles de ser gravadas por la tasa ambiental- y los objetivos del fideicomiso y sus destinatarios. “No quieren que se desnaturalice”, advierten, con desconfianza hacia las organizaciones sociales.

Al igual que en gran parte de los centros urbanos, la basura es también un problema en Argentina. Existe el interés tanto del oficialismo como en la oposición de regular el reciclado y la gestión de los envases. En el historial legislativo hay decenas de proyectos presentados, y la experiencia comparada a nivel internacional coincide en la creación de tasas específicas para fomentar la economía circular.

En Argentina, según un informe elaborado por el Banco Mundial, los distritos que más residuos solidos urbanos producen en el país son Buenos Aires (19.665 Tn/día), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5792 Tn/día), Córdoba (3780 Tn/día) y Santa Fe (3525 Tn/día). Son cerca de 1 y 1,5 kilos de basura por habitante, cada día. Sin embargo, hay una carencia de cifras oficiales o estudios sobre este tipo de basura a nivel nacional. Son posibles apenas algunas aproximaciones.

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