Sistema informático obsoleto, concentración de las decisiones, incremento de la nómina de empleados, y falta de herramientas de gestión son algunas de las conclusiones de un duro informe sobre el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial (OSPJN), que ahora está bajo la lupa de la Justicia por una denuncia de malversación de fondos. El informe, al que tuvo acceso Infobae, fue elaborado por la Secretaria General de Administración.
Ese organismo quedó virtualmente a cargo de la obra social a partir de la acordada 19/2021, aprobada por el máximo tribunal el 28 de septiembre pasado. Según esa acordada, la Secretaría General “ejercerá la supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médico asistencial y social y del estado económico financiero de la obra social”.
También el organismo que conduce Daniel Marchi quedó facultado para realizar recomendaciones y observaciones sobre la obra social. En ese contexto, la Secretaría elaboró un primer diagnóstico con una serie de conclusiones alarmantes.
El informe destaca que el directorio de la obra social -ahora desplazado por la denuncia judicial- está ocupado por un solo director y que existen otros dos cargos vacantes, “con lo cual las decisiones colegiadas pasan a ser unipersonales”. Además, existen áreas sensibles de las organización vacantes como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna.
En ese contexto, se denuncia un incremento de un 50% de la planta de personal en los últimos dos años.
Según el informe, la obra social tiene actualmente 161 empleados, de los cuales 107 son de planta permanente y 54 trabajan con contratos de la Corte Suprema. Además hay 84 contratos de locación de servicio. “De acuerdo a la información aportada por la obra social, la misma presenta 84 contratos de locación de servicio, 39 de los cuales se desempeñan en la sede central de la dependencia mientras que los 45 restantes se tratan del auditor médico del interior del país y de representantes de la obra social en el interior del país”, consta en uno de los anexos.
Este sistema de contratación se aparta de la propia jurisprudencia de la Corte y viola derechos laborales. También contradice la política de la propia Corte, que no incrementó su planta de personal durante más de diez años. Tampoco se sabe cuál fue el criterio de selección.
Ese personal tiene funciones importantes. Por ejemplo, la Jefatura de control de facturación de los prestadores, a cargo de Bibiana Cutanda, y Jefatura de Sistema, a cargo de Maximiliano Barrera y numerosos auditores.
La primera conclusión es que se montó una gestión paralela mediante locaciones de servicios sin control alguno por parte de los demás ministros de la Corte.
El informe también denuncia un sistema informático obsoleto y de alto riesgo. “Los subsistemas informáticos utilizados no están integrados, son precarios y vulnerables, lo que provoca un alto riesgo sobre la información existente y no constituye una herramienta eficaz la para gestión de la OSPJN”, es una de las conclusiones.
El último punto apunta a la falta de herramientas de gestión. “No se pudo comprobar la aplicación de herramientas fundamentales en la gestión de la institución”, finaliza el estudio que lleva la firma de Marchi.
Aunque se trata de un diagnóstico parcial, a partir de informes recientes elaborados por los órganos internos de la obra social, la Secretaría General también elaboró una serie de recomendaciones puntuales como integrar los dos cargos vacantes en el directorio y designar responsables en las áreas vacantes.
En ese punto, la Secretaría también resolvió suspender la contratación de nuevos empleados bajo la modalidad de locación de servicio y que todas las contrataciones sean aprobadas por la Corte Suprema.
En relación al sistema informático, el informe recomienda reemplazar el sistema vigente e iniciar los trámites correspondientes al nuevo software de gestión.
La situación de la Obra Social del Poder Judicial motivó numerosas quejas durante los últimos dos años. El gremio de los judiciales impulsó una denuncia reciente que está en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo. También hubo comunicados por parte de las diversas listas de la Asociación de Magistrados, y notas presentadas por la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país.
La investigación judicial preocupa al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que estuvo al frente de la obra social desde 2008 hasta el 31 de agosto de 2021. Frente a esta situación crítica, ofreció su renuncia, lo que motivó que se encargara la supervisión a la Administración de la Corte, que acaba de producir un primer informe.
En el acuerdo de este martes, los integrantes del Máximo Tribunal debatieron este tema y todas las miradas apuntaron a Maqueda.
En el informe también se señala que no hay información confiable en ningún ámbito de la obra social. De hecho, no hay balances internos y se contrató a un contador externo que firma un balance en el que aclara que la información no es confiable.
Llamativamente, la obra social no tiene un presupuesto, tampoco hay un sistema de gestión.
Además, las licitaciones no tienen un control y hay numerosas compras directas. En materia de medicamentos, se detectaron diferencias de inventarios que marcan un desvío de 26.260 unidades físicas de medicamentos. Y se ha contratado a empresas que como FARMANDAT, sin que exista un control respecto de ello.
En relación a las emergencias médicas se ha contratado por licitación a empresas como “Health Service Argentina” para el área metropolitana y “Emergencia médica integral” para todo el interior del país.
En el plano de las prestaciones, las quejas son unánimes, tanto por parte de los afiliados de todo el país como por parte de los médicos. Un dato notable es que muchas personas se han desafiliado y pagan servicios de medicina privada. Entre ellos se encuentran varios empleados y funcionarios de la Corte y algún ministro.
Los integrantes de la Corte decidieron avanzar con la publicación del informe y la realización de una auditoría, mientras la Justicia sigue investigando.
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