Siguen los tironeos por el expediente judicial que investiga el festejo por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, la noche del 14 de julio de 2020. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado le pidió a su colega Lino Mirabelli, que tiene a cargo la investigación, que envíe todo el expediente a su juzgado para hacerse cargo. Mirabelli ya había aceptado la competencia, de hecho avanzó con medidas de prueba, por lo que terminaría resolviendo la Cámara Federal. Es una mala noticia para el Gobierno, porque se estiran los tiempos de una posible definición.
Arroyo Salgado tiene una denuncia por los mismos hechos desde el 13 de agosto. En cambio, Mirabelli se hizo cargo del expediente que tramitaba en Comodoro Py desde el comienzo del escándalo. Hace dos semanas, el juez le pidió a su colega que se inhiba de seguir investigando y que le mande ese expediente para unificarlos. La jueza acaba de contestar que no se lo mandará porque la denuncia que tramita en su juzgado es anterior al traspaso de la causa desde Comodoro Py a San Isidro.
En un escrito de 28 páginas, fechado este martes, Arroyo Salgado recordó que cuando Sebastián Casanello decidió enviar el caso a San Isidro “ya se encontraba en trámite ante este Juzgado un expediente que contenía varias denuncias por los mismos hechos que eran allí pesquisados”. Y agregó: “Corresponde proceder a la unificación de ambos legajos pues, me permito afirmar, sin hesitación alguna, que la tramitación conjunta de ambos expedientes en una misma sede judicial no solo redundará en una mejor y más pronta administración de justicia, sino que además permitirá evitar un dispendio jurisdiccional que, a todas luces, resulta evidente”.
Hace dos semanas, Mirabelli también había reclamado la causa argumentando que que la denuncia que está radicada en el juzgado de Arroyo Salgado es posterior a la que se realizó en Comodoro Py (28 de julio de 2021) y que luego aterrizó en San Isidro. Cuando Casanello envió la causa a San Isidro estaba de turno el juzgado de Mirabelli. Ese es otro argumento por el cual el juez le pidió a la jueza que deje de investigar el caso y se acumulen los dos expedientes en su juzgado. Mirabelli señaló también que la causa que está en su juzgado tiene varios imputados presentados en el expediente en tanto la que tiene Arroyo Salgado no contaba con imputados.
Para Arroyo Salgado, eso no impide que la causa pase a su juzgado. “Me permito señalar a mi colega que si en el marco de la causa obrante en estos Estrados (11833/2021) tal como afirma “carecía –hasta el momento en que se compulsó- de medida instructora alguna” es porque, justamente y tal como se viera a lo largo de lo desarrollado en el punto II del presente pronunciamiento, recién mediante la providencia de fecha 1ro. de septiembre se tuvo por impulsada la acción penal en virtud de los requerimientos efectuados por el Representante del Ministerio Público Fiscal”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
La jueza federal de San Isidro no solo rechaza la inhibitoria de Mirabelli sino que le pide que se inhiba de seguir investigando. “De sostenerse lo contrario y tal como afirmara párrafos más arriba, podría incurrirse en una violación intolerable a los principios fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico penal, más precisamente, en una afectación a la garantía del Juez natural, contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, afirma en el final.
Hace una semana, Mirabelli impulsó dos medidas de prueba que ya habían sido pedidas cuando el expediente tramitaba Comodoro Py. Por un lado, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe los protocolos sanitarios que se habrían aplicado la noche del 14 de julio de 2020, cuando se realizó el festejo por el cumpleaños de Fabiola Yañez. También le pidió a la Secretaría de Innovación Pública que entregue una información sobre la aplicación Cuidar. Cansado de esperar, Mirabelli le dio al Gobierno un plazo de 5 días.
En ese expediente están imputados el presidente de la Nación Alberto Fernández, su pareja Fabiola Yañez, y el resto de los invitados al cumpleaños celebrado el 14 de julio de 2020 cuando no estaban permitidas reuniones de ese tipo para evitar la propagación del coronavirus. La lista de imputados la completan Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Carolina Marafioti y Federico Abraham.
Aunque ya pasó casi un mes desde que la causa aterrizó en San Isidro, todavía no está definido quién será el juez definitivo. Con esta resolución de Arroyo Salgado, ahora intervendría la Cámara Federal de San Martín para resolver el conflicto de competencia. Eso impediría, como pretende el Gobierno, que la causa se resuelva antes de las elecciones del 14 de noviembre.
El juez que quede a cargo de la causa deberá resolver varios planteos pendientes. El Presidente pidió ser sobreseído al considerar que en el caso no se cometió delito y propuso una reparación económica durante cuatro meses de la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán. Otra imputada, Carolina Marafioti, también pidió una conciliación. Y la defensa de Stefanía Domínguez planteó la inconstitucionalidad del decreto que impuso las restricciones durante la pandemia que impedían el festejo.