En un fallo dividido, la Cámara Federal confirmó este jueves la falta de mérito de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel -hoy intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento-, por presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El Gobierno, en su rol de querellante, reclamaba sus procesamientos. Los acusados, el sobreseimiento. La fiscalía no había apelado el fallo.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la decisión dictada por la jueza María Eugenia Capuchetti que entendió que no había suficientes elementos para definir la situación procesal de los implicados: ni para sobreseerlos ni para procesarlos.
“En el actual estado del caso, resulta razonable la posición que ha adoptado la magistrada -señaló el fallo al que accedió Infobae-. Lo es, centralmente, por dos cosas: primero, porque se mantienen en pie interrogantes sobre los aspectos medulares de los cargos formulados; y segundo, porque los cursos de acción concretos que se ordenaron, apuntan en forma directa a lograr un conocimiento mayor que permita contestarlos, sea en forma incriminatoria o desvinculante. La investigación tiene bases específicas sobre las cuales avanzar y, ante el escenario existente, sería en este momento apresurado inclinarse por alguna de aquellas alternativas”.
En ese contexto, los jueces Irurzun y Farah dispusieron que la investigación lleve adelante una serie de medidas para profundizar la investigación con vistas a esclarecer el cuadro de la causa, además del estudio interdisiciplinario que ya está en marcha. “Resta todavía conocer cómo se desenvolvieron las diferentes administraciones que, desde 2002, tuvieron a su cargo la tarea de ajustar las ecuaciones económico/financieras de las concesiones, para discernir –por vía de la comparación- si se recurrió a una herramienta de definición de conflictos no habitual, desventajosa o injustificada legalmente (tal es una de las premisas de la hipótesis de cargo) o lo contrario (tal el caso de las defensas)”, se subrayó, entre otros puntos.
En disidencia, el juez Roberto Boico se pronunció porque en primera instancia se dictara un nuevo fallo, aclarando “el rol que cada uno de los imputados tuvo en el entramado investigado”. En su análisis, el magistrado subrayó que estos acuerdos “lejos del espíritu que mantuvo las negociaciones abiertas a partir de la crisis del país del año 2001 tuvieron en miras el beneficio de las empresas privadas con la connivencia de los funcionarios públicos intervinientes, lo que resultó contrario a la normativa vigente y perjudicial para los intereses del Estado”.
Y agregó: “no debemos pasar por alto los beneficios inmediatos alcanzados por una de las empresas que integran la concesionaria Autopista del Sol S.A., me refiero a Sideco Americana S.A. (tenía el 7% de las acciones de “Autopistas del Sol S.A.), puesto que al ser investido como Presidente de la Nación el Ing. Mauricio Macri, el valor de sus acciones se incrementaron significativamente”.
Tras el fallo de la Cámara Federal, la causa pasará en los próximos días a ser investigada por el juez Daniel Rafecas, quien se hará cargo -como subrogante- del juzgado que comandó hasta julio de 2020 Rodolfo Canicoba Corral. Hasta ahora, la causa estaba en manos de la jueza Capuchetti, cuyo apartamiento reclamaban los querellantes.
La causa bajo análisis, impulsada por diputados kirchneristas como Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, se llama “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”. Allí se investigan presuntas maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso
La hipótesis de la causa plantea que la demanda ante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) presentada días antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada sirvió para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban. En el Gobierno de Macri se dio curso a la renegociación “alegando una supuesta urgencia por el perjuicio que podía generar para el Estado Argentino”. En su momento, el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, se había opuesto al reconocimiento de la deuda que reclamaban las empresas en el plazo internacional.
La causa fue tramitada por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y ahora instruye la jueza Capuchetti. Precisamente, pocos días antes de su jubilación, Canicoba Corral procesó a todos los ex funcionarios. A Dietrich, Iguacel y Saravia Frías por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; a Dujovne por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, la Cámara Federal anuló esos procesamientos porque las defensas sostuvieron que el juez, en medio de la pandemia, no les había mostrado toda la documentación a la hora de indagarlos. El pasado 2 de julio, la jueza Capuchetti dictó la falta de mérito de todos los involucrados a la espera de peritajes. Eso es lo que debía revisar ahora la Cámara Federal.
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