El bloque oficialista en la Legislatura porteña Vamos Juntos aspira a votar este jueves tres proyectos clave para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: dos que habilitan la creación de 16 nuevas torres en la Ciudad, a través de convenios urbanísticos firmados con empresas privadas, otro que amplía las facultades del Tribunal Superior de Justicia local sobre la justicia nacional, y la habilitación de los juicio por jurados.
Tanto los convenios urbanísticos como la modificación a la ley de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad fueron presentados por el oficialismo una semana después de las PASO del 12 de este mes, en las que Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo, sumando sus tres listas, el 48% de los votos.
Por un lado, se pondrá en discusión la iniciativa que habilitaría al TSJ local a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales, lo cual generó críticas por parte agrupaciones judiciales y de legisladores del Frente de Todos (FdT).
En lo formal, el proyecto de ley se titula “modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales” y originalmente estaba destinado a institucionalizar la modalidad virtual para esos trámites. Sin embargo, el macrismo introdujo en la previa a la sesión un artículo en el texto que modifica la ley 402, la cual regula los “procedimientos ante el TSJ la Ciudad”.
Ese cambio pretende establecer que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ porteño puedan proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal”. Es decir, permite que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad intervenga como máximo tribunal de apelación de las causas civiles, laborales, comerciales, incluso penales que tramitan ante la Justicia Nacional con sede en la CABA.
De prosperar esta iniciativa, si un juez comercial dicta un fallo, lo revisaría la Cámara Comercial y el tribunal superior ya no sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino primero el TSJ porteño. Una vez cumplido ese paso, quedaría habilitado el camino para apelar a la Corte nacional.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle rechazó la reforma al afirmar que la Legislatura porteña “no tiene tiene competencia para tratar el traspaso de causas al Tribunal Superior de Justicia”, sostuvo en diálogo con El Destape Radio.
Un nuevo debate sobre lo urbano
Por otro lado, en la sesión también se pondrán en discusión dos leyes con paquetes de convenios urbanísticos, es decir excepciones a las normas de edificación vigentes en parcelas puntuales de la Ciudad, que firmó el Gobierno porteño con empresas privadas para construir 16 nuevas torres.
De acuerdo a los convenios, las torres estarán distribuidas en 12 barrios, y entre ellas se destaca una de 20 pisos y tres subsuelos que la firma Nehuente SRL planea levantar en la esquina de Córdoba y Reconquista, al lado del monasterio de Santa Catalina, un edificio de la época colonial (año 1745) de alto valor arqueológico. Las otras torres que se pretenden construir se ubican en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas, mediante la aprobación de otros 15 convenios que fueron presentados en un mismo proyecto de ley.
Respecto de esos proyectos inmobiliarios, funcionarios del Gobierno porteño informaron, en una reunión de comisiones de la Legislatura, que permitirán habilitar “casi 200.000 metros cuadrados construibles, crear cerca de 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y generar contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares”.
Los 16 convenios urbanísticos también recibieron críticas de la oposición, entre ellas, la del legislador Javier Andrade (FdT), quien escribió en su cuenta de Twitter: “Larreta convocó a los privados para que presenten sus proyectos de ampliación de constructividad y a cambio de una suma de dinero, el GCBA les aprueba la normativa”.
Tanto en el Frente de Todos como algunas organizaciones, entre ellas el Observatorio del Derecho a la Ciudad, advirtieron que las nuevas torres profundizan la crisis habitacional de la Capital Federal, ya que favorecen la especulación inmobiliaria e incrementan el valor del suelo, lo que repercute en los precios de los alquileres.
Todos esos temas urbanísticos, de aprobarse durante la sesión de este jueves, deben pasar por el sistema de Audiencia Pública antes de un segundo tratamiento por parte de los legisladores para su sanción definitiva.
El proyecto de juicio por jurados
Otro asunto crítico para la Ciudad de Buenos Aires es la votación de un proyecto de ley para implementar los juicios por jurados, una iniciativa que cuenta con el acuerdo de los tres principales bloques políticos: Vamos Juntos, UCR-Evolución y Frente de Todos.
La nueva ley establecerá la obligatoriedad de juzgar con jurados integrados por ciudadanos comunes los delitos que tengan una “pena máxima en abstracto igual o superior a 20 años de pena privativa de libertad”, como aquellos que atentan contra la vida o la integridad sexual.
El proyecto prevé que los jurados populares estén compuestos por 12 miembros, entre los cuales deberá haber, como mínimo, cinco varones y cinco mujeres, mientras que no se especifica el género de los dos restantes.
El padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura e incluirá a todas las personas que puedan ser elegidas, por sorteo, para integrar un tribunal, quienes a su vez deberán estar registradas en el padrón electoral de la Ciudad. Los requisitos para integrar este tribunal tendrá que contar con nacionalidad argentina, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio no inferior a cuatro años en la Capital Federal.
Los otros proyectos
En el temario de la sesión ordinaria también se incorporó un despacho oficialista con propuestas de modificaciones al Código Fiscal, a fin de regular exenciones impositivas y de diferimiento de pago de gravámenes vinculados a la actividad de la construcción, con el declarado objetivo de reactivar ese sector productivo y promover fuentes de trabajo.
La iniciativa, impulsada por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Agustín Forchieri, mediante el cual se buscará modificar la cláusula transitoria quinta del Código fiscal con el objeto de extender el plazo para recibir los beneficios de pago escalonado y exenciones para quienes hayan iniciado el registro en etapa proyecto desde el 15 de septiembre de 2020 y antes del 31 de agosto de 2021, con inicio de ejecución de obra hasta el 31 de marzo de 2022.
Los otros proyectos de Rodríguez Larreta que llegará al recinto este jueves son un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca extender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 hasta el 30 de septiembre, y tres despachos de de la Comisión de Cultura con denominación de calles y espacios verdes. Y otra iniciativa para declarar al historiador porteño 2020.
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