El hombre que hacía fila notó algo que le llamó la atención. En la misma cola que hacía para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) había un concejal de Campo Quijano, una localidad de Salta ubicada a 36 kilómetros de la capital de la provincia. Ocurrió el año pasado, a pocos meses de que el gobierno nacional había lanzado la asistencia para las personas más vulnerables afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus. Al funcionario no le correspondía el IFE. La información fue tomada por medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio.
Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.
Muchos de ellos llegaron a cobrar hasta dos cuotas del ingreso, mientras que otros no lo hicieron. Las causas penales avanzaron y 24 de ellos acordaron reparar el daño: entre todos deberán devolver cerca de 1.400.000 pesos, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a dos próximas elecciones. Otros irán a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.
En marzo del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández dictó el decreto 310 en el que creó el IFE para “compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria” por el coronavirus. Era un ingreso mensual de 10 mil pesos -ahora se reestableció- para quienes estén desocupados, con trabajos informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores de casas particulares.
El decreto específicamente marcaba que el IFE no lo podía percibir quienes tengan “trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado”. En esa categoría ingresan los concejales. ¿Entonces porque lo cobraron? “El sistema de ANSES en algunos casos lo detectó pero en muchos no. Y creemos que por la cantidad de concejales que se inscribieron alguien les pudo haber avisado que podían anotarse”, le dijo a Infobae una fuente judicial.
La investigación del fiscal Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, detectó tres situaciones distintas entre los funcionarios. Una de ellas fue de quienes se inscribieron para cobrar el IFE pero el sistema los rechazó. Un segundo de los que la ANSES los validó pero no completaron el trámite sobre cómo cobrarlo, ya sea en el correo o en una cuenta bancaria. Y el tercer grupo de los que cumplieron todo el proceso y cobraron entre una y dos cuotas del ingreso. Esos fueron 24 concejales.
A los que cobraron el fiscal los acusó de los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública y violación a los deberes de funcionario público. Y a quiénes se inscribieron pero no cobraron los imputó por fraude en perjuicio de alguna administración pública en grado de tentativa.
De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado reparte del daño. Y así acordaron con el fiscal. Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de municipios.
Esos acuerdos entre la Fiscalía y las defensas ya fueron aceptados por los jueces Mariana Catalano y Julio Bavio entre principios de mes y la semana pasado. En total son más de 1.400.000 de pesos que los concejales deberán devolver. “Muchos ya empezaron a pagar y a cumplir con las tareas comunitarias”, contó una fuente.
Pero no todos los acusados aceptaron acordaron. Otros optaron por ir a juicio oral o pelear un sobreseimiento como han planteado en la causa. “Dicen que ellos no pidieron el IFE o que lo hicieron para otras personas. O que se inscribieron como una forma de hacer un instructivo para la gente de su pueblo y que no lo quisieron. También han dicho que prefieren pelear el caso en juicio porque con los acuerdos no puede ser candidatos en otras elecciones”, relató a Infobae una fuente de la causa.
Los directores del PAMI condenados
Una derivación del caso fue que entre los funcionarios que cobraron el IFE estaban los directores del PAMI Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta que se desempeñaban en distintas localidades. Llegaron a juicio oral y Fernández y Navarreta fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez fue absuelta.
Pero lo que declararon en el juicio derivó en una causa que se está investigando. Dos de ellos dijeron que pidieron el IFE para poder completar su sueldo porque de lo que cobraron en el PAMI debían darle el 20 por ciento a la agrupación La Cámpora que les había conseguido el trabajo.
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