El fiscal Pollicita pidió procesar a un grupo de ex funcionarios de la TV Pública por el escándalo de los bolsos

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy al juez Luis Rodríguez que procese a un grupo de ex funcionarios y productores sospechados de administración fraudulenta, a raíz del escándalo que se abrió por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro de la TV Pública. Según se determinó, los ex funcionarios “excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada en virtud de los cargos jerárquicos que ostentaban dentro de la estructura de la sociedad dispusieron arbitrariamente de fondos del Estado Nacional en clara violación de los principios generales que rigen su accionar”.

“Los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas; motivo por el cual se solicitará a V.S. que decrete su procesamiento”, señaló el dictamen al que accedió Infobae.

Según señaló, Alejandro De La Torre -Director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales-, Claudio Lamalta —Tesorero—, Guillermo Siaria —Director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales—, Ernesto Molinero —Gerente de Producción— y Ariel Berliner —Subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7- “actuaron haciendo uso abusivo de las funciones que les eran propias por los cargos de funcionarios públicos que ostentaban en la sociedad, con el conocimiento y la voluntad que exige el tipo subjetivo del delito”.

Para la fiscalía, “la conducta desplegada por los funcionarios públicos acusados y por la proveedora beneficiada -Adriana Maestri- con el otorgamiento de una millonaria suma de dinero, no solo puede ser subsumida típicamente en el delito de fraude contra la administración pública, sino que también pueden ser encuadrada en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Todo ocurrió en marzo pasado, cuando se conoció que habían retirado un total de $11.400.000 de la cuenta de la Televisión Pública para llevar adelante la producción del proyecto “Los amores prohibidos de Belgrano”, una miniserie que se había demorado por la pandemia.

Dos integrantes de Juntos por el Cambio Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira radicaron una denuncia en Comodoro Py, que recayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Gerardo Pollicita. Con la investigación delegada, Pollicita motorizó una serie de medidas de prueba e información a las autoridades de Radio y Televisión Argentina para esclarecer lo ocurrido. La denuncia de la causa lleva el nombre de la directora de la Televisión Pública Rosario Lufrano. Sin embargo, el fiscal Pollicita entendió que “todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas.

”La maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, lo cual generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”, sostuvo Pollicita en su dictamen. También señaló que a raíz de la difusión del caso, de los $11.400.000 que provocaron la polémica, se logró el retorno de $8.089.083,88.

De acuerdo al dictamen, en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna “Los amores prohibidos de Belgrano”, los implicados extrajeron la suma de $11.400.000 en efectivo de la cuenta bancaria de RTA SE “con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado.

Según esa hipótesis, esta situación “redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas, provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas”. La beneficiada, dice el dictamen, era la directora de arte Adriana Maestri, “a quien se abonó, con fecha 3 de marzo de 2021, un total de $1.900.000, “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”.

Las irregularidades comenzaron cuando Molinero encomendó a su inferior en orden de jerarquía Ariel Berliner solicitar ante la Gerencia de Administración y Finanzas UGC7 “anticipos de gastos” para la compra de materiales de vestuario, ambientación y arte de la ficción “Los amores prohibidos de Belgrano”. El retiro del dinero tuvo el aval de Siaria. “Los encausados no solo omitieron las exigencias normativas en cuanto a la necesidad de contar con la aprobación previa del presupuesto, sino que, además, esquivaron la aplicación de la reglamentación del caso particular, más precisamente aquella que establece que todo anticipo de gastos a rendir por sumas superiores a los tres mil pesos requiere la autorización del interventor”, se señaló. Se libraron tres cheques (firmados por Lamana, De la Torre o Siaria) y los 11,4 millones de pesos fueron retirados el 2, 4 y 8 de marzo de la sucursal del Banco Itau que funciona dentro del canal.

”La manera de llevar a cabo las transacciones dotó de un total poder de discrecionalidad a los investigados, quienes en un corto período de tiempo se hicieron del manejo de una suma millonaria y con ella encararon distintos pagos presuntamente vinculados con la ejecución de la ficción ‘Los amores prohibidos de Belgrano’ de lo cual se vieron beneficiados ellos mismos y terceras personas”, se señaló. El escenario provocó un “perjuicio a las arcas del Estado, en una clara violación de los principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos —Ley de Ética Pública 25.1889—, y de la normativa interna de la sociedad”, afirmó Pollicita.

La beneficiada, dice el dictamen, era la directora de arte Adriana Maestri, “a quien se abonó, con fecha 3 de marzo de 2021, un total de $1.900.000, “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”. “No puede omitirse que (Maestri) tenía un vínculo previo con los funcionarios de RTA SE, atendiendo a que fue previamente contratada”, lo cual “la colocaba en una posición privilegiada, en atención al área en la cual se desempeñaba, para incidir en que los funcionarios canalicen en su beneficio parte de los fondos obtenidos de manera irregular”. ”Tan evidente fue el direccionamiento espurio de esta disposición patrimonial que el pago de $1.900.000 se realizó en su totalidad sin que el trabajo presuntamente comprometido se encuentre terminado, sumado a que no obra un documento que especifique los alcances del servicio contratado, su forma de ejecución, los plazos de entrega, los productos a adquirir, modalidad de contratación y/o adquisición de aquellos, tal como es costumbre ante cualquier compra en la que se comprometen fondos públicos”, se afirmó.

En su dictamen de hoy, el fiscal afirmó: “los hechos descriptos encontrarían adecuación típica prima facie en el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública por el cual Claudio Lamalf, Alejandro De la Torre, y Guillermo Siaira deberán responder en calidad de coautores y Ernesto Molinero, Ariel Berliner y Adriana Maestri en calidad de partícipes necesarios en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad debiendo responder los nombrados -a excepción de MAESTRI- en calidad de coautores, los que, a su vez concursan con el delito de negociaciones incompatibles -respondiendo los funcionarios en calidad de coautores y MAESTRI como participe necesaria-”.

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