La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti fue condenada a tres años de prisión en suspenso y deberá devolver casi 7 millones de pesos. Estaba acusada de del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, por haber utilizado fondos del organismo para gastos personales y de familiares. También fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos.
La decisión fue por unanimidad de los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, quienes además le mantuvieron la obligatoriedad de presentarse en el consulado argentino en Miami una vez por mes entre los días 1 y 5.
El fiscal federal Diego Luciani había pedido que Picolotti fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión y a devolver casi siete millones de pesos por el perjuicio al Estado nacional. Por su parte, el abogado de la ex funcionaria, Felipe Trucco, había reclamado la absolución.
“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, había dicho Picolotti ante el Tribunal Oral Federal 6 antes de conocerse la sentencia.
La audiencia, virtual por la pandemia del coronavirus, comenzó a las 8 de la mañana con algunos problemas de audio y video de parte de Picolotti, quien se encuentra en los Estados Unidos, donde vive desde 2015 y trabaja para una asociación civil de medio ambiente, su especialidad como abogada. Apenas se conoció la decisión de la Justicia, el fiscal Guillermo Marijuan se mostró “muy contento de la condena a Picolotti, por todo el trabajo que realizó mi equipo de la Fiscalía Federal N° 9″.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo Luciani en su alegato.
Entre los gastos, el fiscal detalló comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios. En su alegato expuso las facturas de varios de ellos. Uno de los tickets que expuso fue uno de los gastos que más llamó la atención. Es de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas y lleva escrito un “Muchas gracias”. Otro gasto, en el local Pigmento, dice “regalo Flor y Sofi de cumpleaños”.
La Fiscalía sostuvo que el monto actualizado de esos gastos es de 6.941.170,25 de pesos que pidió que los devuelva como parte de la condena.
La defensa de Picolotti pidió la absolución. Sostuvo en su alegato que “las pruebas demuestran la inexistencia del hecho” porque no está comprobado que la firma de los comprobantes de los gastos sea de Picolotti. “Ella negó expresamente que esas firmas le correspondieran y en la causa no se hizo una pericia caligráfica a pesar que lo solicitamos. ¿”Qué pueden probar facturas en las que no se entiende la letra? No hay pericia contable, ni caligráfica”, sostuvo el abogado.
La defensa también pidió la absolución por la “duración irrazonable del proceso” que lleva 14 años y la nulidad de la indagatoria y de la elevación a juicio del caso. El fiscal pidió que se rechace ese planteo. La causa se inició en 2007 y fue investigaba por la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. El caso fue elevado a juicio oral en 2015 y el proceso comenzó en febrero de este año.
Durante el juicio, que comenzó en febrero, Picolotti defendió su accionar y afirmó que no cometió ningún delito: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.
La ex funcionaria agregó se trata de un “proceso injusto y absurdo” por haber tomado medidas cuando estuvo al frente de la Secretaria como una clausura a la empres Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas.